Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

En El Salvador, se cerró este martes 3 de junio un caso que ocurrió 43 años atrás: el asesinato de cuatro periodistas holandeses asesinados por militares en 1982 durante la guerra civil. Tres exjefes militares - un general exministro de Defensa, un exdirector de policía y un excomandate de brigada - fueron condenados a 15 años de prisión por asesinato. Cuatro décadas después de los hechos, se cierra finalmente el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador durante la guerra civil. Tres exmilitares de 85, 91 y 93 años de edad fueron sentenciados este martes a 15 años de cárcel por asesinato. El Tribunal condenó además al Estado salvadoreño por la retardación de justicia y exigió al presidente Nayib Bukele que pida perdón en nombre de las Fuerzas Armadas. Las familias de las víctimas tuvieron que esperar años para obtener justicia, según explicó a RFI Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y abogado de los familiares. “El estado de impunidad que vive El Salvador es el principal obstáculo para que las víctimas del conflicto pasado puedan garantizarse verdad y justicia en sus casos”, aseguró. “Primero fue una ley de amnistía que quería borrón y cuenta nueva, amnesia total sobre los crímenes de lesa humanidad que habían sucedido. Y luego está la falta de voluntad política”. Los cuatro periodistas holandeses se encontraban en El Salvador documentando lo que era la guerra civil. Su reportaje consistía en “entrevistar a las familias del área rural de El Salvador para preguntarles cómo vivían en ese momento”, recordó Pérez. “Iban a responder que precisamente eran objeto de grave violación a los derechos humanos por los bombardeos, por los operativos, por las ametrallamientos que vivían diariamente por parte de la fuerza armada del Salvador”, detalló. "Periodistas incómodos" Además, Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen iban a entrevistar a entrevistar a dirigentes del FMNL. “Este tipo de reportajes molestaba al gobierno de turno, sobre todo gobernado por militares, y entonces fue así como decidieron que eran periodistas incómodos. Por lo tanto, planificaron la emboscada y los aniquilaron completamente”. Óscar Pérez considera que todavía queda mucho por hacer para obtener justicia en otros casos de crímenes de lesa humanidad de la época de la guerra civil en El Salvador. “Hay más de 200 casos que exigen verdad y justicia y que están presentados ante la fiscalía General de la República de El Salvador, y yo creo que en ese sentido, este caso empuja esos casos”.

El Congreso de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, que deberá ser aprobada en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, se muestra cautelosa frente a esta propuesta y duda de que la cooperación internacional, sin una depuración institucional y un fortalecimiento legal, pueda resolver problemas estructurales como la corrupción. Ecuador podría eliminar próximamente un capítulo de su Constitución —vigente desde 2008, en la era de Rafael Correa— que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. La reforma fue aprobada este martes en el Congreso, con el respaldo de la bancada oficialista, con el argumento de reforzar al Estado frente al crimen organizado. En ese contexto de creciente inseguridad, la iniciativa goza de apoyo entre la ciudadanía, explica Carla Álvarez. "Esta propuesta es bastante popular entre los ecuatorianos porque para el 50 % de los ciudadanos el principal problema del país es la inseguridad. Eso refleja mucho la sensación de miedo que se vive en Ecuador por los elevadísimos indicadores de violencia. La tasa de homicidios en Ecuador está por superar la de Haití, que actualmente registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes". Sin embargo, la especialista expresa reservas sobre la eficacia de instalar bases extranjeras para combatir al crimen organizado. Más depuración institucional "La cooperación con presencia militar no es necesariamente la mejor respuesta. Si hacemos una evaluación de los diez años de operación de la base militar de Manta, podríamos decir que en ese momento hubo una mejora en las condiciones de seguridad. Pero, de hecho, fue tras la salida de la base cuando empezamos a ver avances más sólidos, gracias al fortalecimiento del andamiaje institucional, presupuestario y normativo. Eso permitió reducir la tasa de violencia. Llegamos a tener 5,8 muertos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la tasa de Chile, que era el país más seguro de América del Sur". Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron de Manta en septiembre de 2009. Dieciséis años después, la situación es otra. "Ahora hemos superado los 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que lo que se necesita es cooperación tecnológica: compartir información, rastrear flujos de dinero ilegales, monitorear movimientos de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. La cooperación internacional, por sí sola, no va a resolver los problemas locales de Ecuador. Muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción y con infiltración en las instituciones. Esto no se resuelven con militares, sino con leyes y depuración institucional", concluye. La Corte Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la reforma antes de que se someta a consulta popular.

Tras meses de negociaciones, el Gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de la misión de paz en República Democrática del Congo es de las Naciones Unidas. Los soldados llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares están preocupados. RFI habló de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo. En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados a los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados. Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) y con su país limítrofe, Ruanda, Uruguay lo tiene claro: es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados. “Es hora de que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad”, explica a RFI la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo. Condiciones de seguridad Los soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios. “El propio contrato con la misión expresa que, por la vía de excepción, quienes tengan problemas sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y se hace cargo Naciones Unidas. Quienes no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso”, precisa Lazo. Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad. Pero por el momento, no hay ninguna fecha acordada. “Ojalá sea pronto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos”, indica la ministra. El conflicto, que empezó hace más de tres años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.

Los arqueólogos han bautizado como ‘Los Abuelos’ a la ciudad maya que acaban de descubrir en Guatemala. Podría tratarse de un importante centro político y ceremonial de comienzos de la cultura maya asentada en lo que hoy es el norte del territorio del país centroamericano. RFI habló con la codirectora del equipo. “Encontramos un sitio de características muy tempranas o antiguas de alrededor del 800 años antes de Cristo”, dice a Radio Francia Internacional, Dora García, codirectora del proyecto arqueológico regional Uaxactún que logró el importante hallazgo en el departamento guatemalteco del Petén, cerca de México. La arqueóloga detalla, como parte de este descubrimiento, varios monumentos esculpidos con rasgos de inicio de la cultura maya en el Petén, y un centro monumental que sería la primera ciudad en esta región. Pero, subraya, lo más importante del descubrimiento fueron ‘Los Abuelos’. ‘Sobre una plataforma, en el área central del sitio, se identificaron dos esculturas, una masculina y una femenina, de aproximadamente más de un metro de altura. Una es la escultura de una viejita sentada que nosotros hemos denominado ‘La abuela’ y el masculino, por ende, le hemos denominado “El abuelo’ porque hacen referencia a los ancestros. Y la gente local, espontáneamente, empezó a llamar al sitio ‘a donde están los abuelos’, cuenta la experta. Figuras similares a los abuelos han sido encontradas en otros descubrimientos arqueológicos del pasado, como una viejita en La Venta del área Olmeca (considerada la primera civilización del continente americano, dada su antigüedad de más de 3000 años). “Hay otra pareja de esculturas en Uaxactún, en un área que también fue dedicada a ceremonias por las evidencias de vasijas quebradas y otras ofrendas que se encontraron al pie de las esculturas. También los estamos relacionando con el Popol Vuh, donde hay una pareja de abuelos originarios, precisamente de ancestros”. El estudio comparado de las esculturas de “Los abuelos’ de Petén con estos hallazgos anteriores es clave para la investigación del equipo que lidera la antropóloga. “Estamos investigando estas dos esculturas como parte de un ritual, resalta García, un área ritual asociada precisamente al culto a los ancestros, a los progenitores del inicio del linaje de este sitio. Es un hallazgo muy importante porque estamos hablando de que pudo ser un centro político y ceremonial de inicios de la cultura maya en esta área.” Y cuando le preguntamos sobre lo que más la sorprende de este último hallazgo, nos dice: “Lo que se puede comparar con otras regiones, por ejemplo, la iconografía de los monumentos con imágenes grabadas. Los signos y los símbolos grabados son muy similares, por ejemplo, a los que encontramos en Kaminaljuyú, en Naranjo, en el altiplano de Guatemala. Las estelas de ranas encontradas, unos las asocian con los altares de ranas de piedra halladas en la región de la Costa y en Kaminaljuyú. Encontrar este tipo de cosas en el Petén me llama mucho la atención para establecer relaciones a nivel regional, es decir, que durante la misma época estaban produciendo el mismo tipo de esculturas, las mismas ideas en cuanto a iconografía”. Los Mayas fueron una de las más importantes civilizaciones prehispánicas de América, se expandieron en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el 2.000 A.C. Desarrollaron un avanzado sistema numérico y de escritura jeroglífica. Crearon también un famoso calendario que todavía asombra a arqueólogos y astrónomos. Y nos legaron el cultivo del maíz y del cacao. Un 42% de los 18 millones de guatemaltecos pertenecen a las etnias que existen en el país de origen maya y muchos viven bajo condiciones de pobreza.

La guerra comercial se pelea en los tribunales estadounidenses. Un tribunal federal de apelaciones acordó preservar temporalmente muchos de los severos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a China y otros socios comerciales, congelando así el fallo emitido la víspera por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloqueaba el arma más poderosa de la guerra comercial del republicano. Compás de espera, mientras el tribunal de apelaciones analiza los argumentos, incluyendo la solicitud del Gobierno de una prórroga. 24 horas duró apenas el bloqueo que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos impuso a los draconianos aranceles de Donald Trump dirigidos contra una serie de países, incluida la Unión Europea, China, India y sus vecinos, México y Canadá. Este fallo del miércoles respondía a la demanda de una docena de estados del país que denuncian haber sufrido directamente perjuicios financieros por la inflación que ha generado el aumento de impuestos a bienes importados. “Incluso las grandes potencias están sujetas a reglas” Para Nelson Espinal Báez, abogado del programa de disputas públicas del MIT Harvard, la decisión de la Corte de Comercio Internacional estadounidense, adscrita al Sistema de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “presenta un hito en la defensa del multilateralismo comercial frente al creciente uso del proteccionismo”. El presidente Trump hace una nueva interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que data de 1977 para imponer los gravámenes radicales que han puesto patas arriba al comercio mundial. Pero la Corte de Comercio Internacional de su país dictaminó que la legislación no le otorgaba autoridad ilimitada al mandatario republicano para promulgar aranceles. “Tras examinar las medidas, la Corte determinó que el argumento de seguridad nacional fue usado de manera desproporcionada y contraria a las normas del comercio internacional”, explicó Espinal Báez a Radio Francia Internacional (RFI). Para el experto en disputas públicas de Harvard, el fallo de la Corte “es una señal clara de que incluso las grandes potencias están sujetas a reglas y el comercio global no puede ser rehén de agendas nacionales ni populistas”. Consecuencias importantes El abogado adscrito al programa MIT Harvard destaca tres consecuencias importantes derivados de este fallo que bloqueó durante un día los aranceles impuestos por Trump: “Primero, reivindica el valor de las instituciones internacionales en un momento donde el orden basado en reglas está siendo cuestionado por el ascenso de tendencias autárquicas. Segundo, afecta directamente a la estrategia y a la narrativa del presidente Trump de que puede negociar a base de presión, castigo y medidas unilaterales, sin consecuencias diplomáticas ni legales. Y tercero, marca un precedente para otros países que han sufrido medidas similares y que ahora podrían sentirse legitimados en tomar acciones y represalias legales”. La Corte de Comercio Internacional estadounidense tampoco aceptó el argumento del tráfico ilícito en la frontera mexicana que ha utilizado la administración Trump para justificar su amenaza de aranceles por las nubes promulgados unilateralmente por el presidente Trump y sin la aprobación del Congreso. Sobre este punto, Báez precisa que “se puede perfectamente interactuar con el país vecino, llámese México o el que sea, para contrarrestar ese contrabando o ese trasiego de comercio ilegal. Es decir, manejarlo directamente de manera bilateral con ese país, pero no afectando el comercio global”. La sentencia emitida el miércoles por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaraba ilegales gran parte de los aranceles de Trump, tras entrar en el fondo del asunto. La nueva resolución del tribunal federal de apelaciones no revoca esta sentencia, sino que deja en suspenso su aplicación de forma cautelar mientras se examina el caso. Tal vez no sea una victoria para...

Promesa del presidente chileno Gabriel Boriç, el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación fue presentado por el gobierno al Congreso. La iniciativa llega a un legislativo donde el mandatario no tiene la mayoría y la oposición rechaza férreamente ampliar el derecho al aborto. RFI entrevistó a Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas que defiende el aborto como un derecho humano. En Chile el aborto es un delito y, según cifras del Ministerio de Salud, cada año se producen en el país cuatro muertes por abortos clandestinos e inseguros y más de 33.000 mujeres ingresan al hospital por complicaciones derivadas de las condiciones que genera la ilegalidad. Pero hay que recordar que durante más de un siglo el aborto terapéutico fue legal. Su criminalización total es una herencia de la dictadura. Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas, explica el camino y los tropiezos que ha tenido esta bandera de feministas y activistas. "Antiguamente existía la penalización del aborto, que hoy continúa, pero había una norma excepcional en el Código Sanitario que permitía de forma amplia el aborto terapéutico cuando la vida de la madre estaba en peligro. Y en 1989 el dictador Pinochet derogó esta norma del aborto terapéutico y quedamos nuevamente en una prohibición total del aborto en Chile hasta el año 2017 que se promulgó la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad de la vida después del parto, el riesgo inminente para la vida de la madre y la causal por embarazo producto de una violación". Hace un año, en la rendición de cuentas al país, el presidente Gabriel Boriç prometió el proyecto que este miércoles fue presentado al Legislativo y que establece la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. 'Salirle al paso a los objetores de conciencia' "Más que una despenalización se podría decir que es un aborto por plazo", explica la abogada. Y precisa que se establecen dos plazos: "Uno de 14 semanas, y otro de 12 semanas. Se hace la distinción que yo encuentro muy interesante, y es que estaría permitido hasta las 12 semanas el aborto en los consultorios, que sería una prestación de salud mucho más accesible para las mujeres en atención primaria de salud, porque se podría otorgar de forma ambulatoria en establecimientos de salud comunitarios". De esta forma, el proyecto de ley del Gobierno pretende salirle al paso a los médicos e instituciones que, al amparo de la ley, se declaran "objetores de conciencia" por razones religiosas y se niegan a practicar los abortos en las tres causales permitidas. "Sobre todo en la causal de violación que presenta una alta tasa de objetores de conciencia", subraya Bartolotti. "No poder acceder a esta prestación de salud luego de haber sido víctima de una violencia sexual es una vulneración a los derechos de esa mujer o niña que está siendo revictimizada por el sistema y el Estado le está generando un daño mayor a este perjuicio que sufrió producto de una violencia sexual".

El próximo 1° de junio marca una jornada electoral inédita en México: las primeras elecciones por voto popular del Poder Judicial. Los ciudadanos irán a las urnas para elegir cargos de impartición de justicia en posiciones clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal de Disciplina Judicial. RFI entrevistó a Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH, sobre este hecho histórico. Serán unas elecciones históricas y, además, las más grandes de la historia de México. El 1 de junio, se elegirán por voto popular 881 cargos, resultado de una reforma a la justicia aprobada por el Congreso. Es una reforma constitucional "necesaria en aras de tener jueces para la democracia y no corruptos", defiende el gobierno. Sectores detractores alegan, sin embargo, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia caerán presa de la politiquería electoral. En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Adrián Ramírez López, presidente de la Liga mexicana de DDHH y vicepresidente de la FIDH explica los pasos del mecanismo de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha legitimado este proceso electoral. RFI: ¿Qué tipo de criterios y filtros se usaron en esta selección? ¿Y cuáles organismos o instituciones se encargaron de ese proceso? Adrián Ramírez: Contrariamente a lo que fue la reforma de Ernesto Zedillo, que jubiló a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eligió ministros a su modo, hoy se abrió la posibilidad de un proceso de participación electoral en el que las personas en funciones y candidatos que quisieran aspirar pudieran, primero, participar en un proceso de selección por competencias y, luego, desde las tres instancias del poder público, es decir, el judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, se hicieron las entrevistas y verificación de los datos para que los candidatos pudieran registrarse. A pesar de eso, hubo casos en los que personas que podían estar cuestionadas en su probidad pasaron a la siguiente parte de las listas. Pero ha habido un proceso de impugnaciones. Los partidos políticos no tienen cabida y se ha generado un mecanismo de regulado por el INE, el Instituto Nacional Electoral. RFI: Visto así, estamos hablando de un grupo de candidatos selecto por sus calidades, porque serían idóneos después de pasar por este colador. ¿Pero cómo se hizo para que la ciudadanía tenga la posibilidad de saber por quién vota? Porque es un abanico muy grande de candidatos. Son 881. Adrián Ramírez: Esos 881 candidatos no van a ser votados por cada persona, sino que de ellos vamos a elegir algunos como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese número es reducido. Luego tenemos otro número también reducido de magistrados. Y el número más amplio es el que constituye los cargos de los jueces de las diferentes instancias. Pero de acuerdo a la entidad federativa y a la sección distrital que cada persona tiene en su credencial de elector, el número se reduce significativamente. Se ha tratado de hacer un gran esfuerzo para que se conozcan los currículos de cada candidato. El INE tiene en su página entrevistas y perfiles, los diferentes factores de la vida pública, opinólogos, expertos, medios de comunicación e incluso personas con tintes partidistas, han sacado a la luz las bondades y los defectos de cada uno de los candidatos desde su óptica y, de alguna manera, esto puede formar el criterio. RFI: En una elección tan suis generis, ¿en qué consiste la campaña de un juez o de un candidato a magistrado o a ministro de la Corte Suprema de Justicia? Adrián Ramírez: Nada está escrito. Hay desde quien exalta su físico o su territorio diciendo "Ven a Puebla, Puebla tiene comida, tiene turismo", etc. Incluso hay candidatos que han hecho papeletas y han ido con grupos sociales a repartirlas y ofrecer a la gente que, si votan por ellos, de alguna manera,...

La cooperación internacional es clave para resolver los numerosos retos que enfrentan algunos países latinoamericanos en materia educativa, pero 'lamentablemente esta no ha sido muy generosa con América Latina, la prioridad fuerte es África', dijo a RFI Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO. Durante la Semana de América Latina y el Caribe en París, que tiene lugar en este momento y está dedicada a la educación sostenible, Martín Benavides explicó cómo las estrategias públicas en favor de la infancia pueden mejorar también la calidad educativa. Para ello, evocó un caso que se remonta a 2004. Ese año, el gobierno peruano declaró que el bajo rendimiento escolar estaba directamente relacionado con la anemia, una afección que entonces afectaba a más del 50 % de los niños menores de seis años, según datos del Instituto Nacional de Estadística del país. Para 2020, Perú logró reducir esa cifra en 15 puntos porcentuales gracias a la aplicación de estrategias dirigidas a la infancia y la educación. En 2025, el acento sigue puesto en estrategias de este tipo, explicó a RFI Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO. "Ahora hay un esfuerzo muy grande para tratar de adelantarse, por ejemplo, a los potenciales impactos del cambio climático en la educación. Nosotros, en la UNESCO, estamos trabajando mucho para ayudar a los países a tener una buena planificación en frentes que parecen muy operativos; por ejemplo, dónde se construyen las escuelas para que se vean menos impactadas por el cambio climático en los territorios', señaló Benavides. Numerosas escuelas no cuentan con conexión Internet Otro de los temas abordados en esta reunión ha sido la implementación de nuevas tecnologías en las aulas, algo que plantea otros retos. Así lo explica Andrés Delich, director adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. 'Hay países como Uruguay y Chile que claramente tienen un recorrido mucho más importante en términos de digitalización y de utilización de computadoras. Argentina y Brasil, en menor medida; mientras que hay otros que están mucho más rezagados, como los países centroamericanos, porque no tienen todavía infraestructuras de digitalización, ya que muchas veces las escuelas no cuentan aún con conexión a Internet', precisa Delich. Este encuentro tiene como objetivo presentar estrategias que aborden estas problemáticas y fortalecer la cooperación entre los países participantes. Pero Benavides reconoce que, aunque la mayoría de las naciones están de acuerdo con estas medidas, sigue siendo difícil llevarlas a cabo. 'Todo depende, finalmente, de los recursos. Lamentablemente, la cooperación en términos de financiamiento no ha sido muy generosa con América Latina. África siempre ha sido una prioridad fuerte de la cooperación. Hay sectores dentro de países latinoamericanos que tienen situaciones bastante desventajosas en materia de educación y que también podrían ameritar recibir más fondos', añade. Olivier Brandouy, director general de la organización Francia Educación Internacional, concluyó la reunión asegurando que la cooperación es la clave no solo para resolver estos retos, sino también para aprender de cómo América Latina innova en materia educativa.

Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace? RFI entrevista a dos analistas que nos apuntan las razones de los ataques del republicano que han elevado la tensión al máximo con instituciones históricas como Harvard. El gobierno de Donald Trump tiene a varios centros educativos estadounidenses, por considerar, en el caso de Harvard de no hacer lo suficiente por evitar manifestaciones de activistas pro-palestinos y de "fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus". En el caso de Columbia de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar "una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judíos". Por su parte Harvard ha dicho anteriormente que ha adoptado muchas medidas para abordar el antisemitismo, y que las exigencias del gobierno son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad. Algunos analistas consideran que con estas acusaciones y las decisiones que toma, Trump ataca a la élite intelectual de su país, pero ¿Por qué lo hace? Gabriel Cifuentes, analista político y hace parte de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard (HCSS) explica las razones en entrevista con RFI: "Las élites académicas han sido siempre consideradas como libres pensadores. Es decir, dentro de la academia siempre hay como una sensación de que hay un grado de liberalidad mucho más grande de lo que muchos gobiernos tienen. Hay profesores que son críticos. Los estudiantes han hecho manifestaciones a favor de Palestina y en contra de Trump. Entonces puede ser un factor incómodo, sobre todo frente a universidades que tienen nombre, tienen peso, tienen canales internacionales en el sentido que tienen acceso. Una cosa es que Harvard diga esta política de Trump es absolutamente inconstitucional o va en contra de la libertad de expresión y otra cosa es que lo diga un think tank que nadie conoce. Yo sí creo que se está tratando de neutralizar un foco de de oposición intelectual de peso frente a medidas no solo estas que está tomando con las universidades, sino en general". Desde el inicio de su segundo mandato, Trump tiene en la mira a los científicos y centros educativos. Miembros de las academias estadounidenses denuncian pérdida de subvenciones y despidos ideológicos. con respecto a las universidades, por ejemplo a la de Columbia y a la de Harvard. Las considera foco de antisemitismo y de ideas progresistas. Ambas intentan recuperar los fondos públicos cancelados recientemente. En el caso de Harvard, la Administración pretende prohibirle que matricule estudiantes extranjeros tras rechazar el pedido de supervisión en materia de admisiones y contrataciones. Para esta institución, estas medidas son un esfuerzo por regular las "condiciones intelectuales" de la universidad. Gabriel Cifuentes subraya en nuestra antena: "Yo creo que él puede anticipar que los centros académicos y las universidades van a hacerle resistencia a su gobierno y a sus políticas. Y eso también se mezcla dentro de una lógica nacionalista en donde Estados Unidos está primero. Los intereses de Estados Unidos están primero y cualquier ruido que se pueda generar frente a las políticas migratorias, frente a las sanciones económicas a otros países, frente a la posición que está asumiendo Estados Unidos con la guerra en Ucrania, en la Franja de Gaza, pues pueden generar ruido, incomodidad para la administración Trump. Sin lugar a dudas". Aunque un juez federal bloqueó este viernes de manera temporal, la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard inscriba a estudiantes extranjeros, el gobierno de Trump espera que con esa posibilidad Harvard se vea obligada a entregarle los datos que les exigen: grabaciones de video o de audio que sirvan para identificar a quienes hayan participado en protestas en los locales de la universidad en Cambridge. Harvard se...

La ONG HRW denuncia que Estados Unidos expulsó 'injustamente' a 200 personas de diversos países, incluidos menores de edad, tras retenerlos 'en condiciones de detención abusivas' antes de trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en el sur de Costa Rica. La ONG estima que 'la complicidad' de Costa Rica con las expulsiones abusivas de EE.UU. daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas’. Entrevistas: Mariana Rivera. Presentación: Ana María Ospina. En febrero pasado, aterrizaron en Costa Rica dos vuelos provenientes de los Estados Unidos con 200 personas migrantes expulsadas por el gobierno de Donald Trump. Human Rights Watch denuncia en un informe "violaciones claras de los derechos humanos por parte de Estados Unidos" y "una negligencia alta" por parte de Costa Rica al aceptar a estas personas sin las condiciones que garanticen sus derechos y necesidades. La mayoría de las personas deportadas son originarias de países en conflicto como Afganistán, la República Democrática del Congo, Irán, Rusia o Turquía, y solicitantes de asilo, aseguró el asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de la organización, Michael García Bochenek, y principal autor del reporte. El informe documenta las expulsiones de Estados Unidos y denuncia condiciones de detención abusivas, negación de derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y retuvieron sus pasaportes, sin base legal. Además, les transmitieron mensajes contradictorios sobre su condición. "Lo que hemos visto desde el principio ha sido una mezcla de mensajes por parte de Costa Rica. Primero, las autoridades de ese país hablaron solamente de regresarlos a sus países de origen. Pero esto nunca fue una posibilidad para la mayoría de estas personas. Estamos hablando de gente que ha sufrido persecución y que está huyendo de la guerra", señaló García Bochenek. A tres meses de su ingreso al país centroamericano, 97 de los migrantes expulsados de Estados Unidos aceptaron volver a sus países presionados por la situación, otros dejaron el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), luego de que les devolvieran sus pasaportes. Aproximadamente 50 personas, entre ellas menores de edad, aún se encuentran en un limbo legal, y con la incertidumbre de saber si obtendrán un permiso humanitario especial de 90 días para solicitar asilo en Costa Rica o si deben regresar a su país. "A fines de marzo estaban hablando de la posibilidad de ir a un tercer país, pero sin suministrar más detalles. Luego, hablaron de la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. En este punto es en el que estamos ahora. Pero la gente no tiene el apoyo concreto que necesitan para convertir esto en una realidad", afirmó el asesor legal. Costa Rica, reputación en juego Mientras las autoridades costarricenses han defendido el papel del país como un "puente humanitario", para HRW, en cambio, "la complicidad de Costa Rica con las expulsiones abusivas de Estados Unidos daña su buena reputación como país de acogida para personas refugiadas". "En el sentido de que aceptaron a 200 personas sin plan para su futuro, sin una preparación adecuada para recibir a estas personas durante el tiempo que realmente iban a estar en Costa Rica. Ya van tres meses. Esto incluye falta de educación para los niños y falta de apoyo adecuado para los que no han aceptado regresar a sus países de origen", alegó Michael García Bochenek. Costa Rica aún está a tiempo de recuperar sus compromisos asumidos por décadas, dice Human Rights Watch: "El gobierno costarricense también debería—como remedio parcial por el daño que causó con dos meses de detención arbitraria y en reconocimiento de su responsabilidad por haber aceptado que se enviará a personas a Costa Rica contra su voluntad—proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea...

Este jueves se realiza la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del primer caso de esterilización forzada en Perú que acepta juzgar esta instancia. Se trata del caso de Celia Ramos, una las víctimas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaurado por el expresidente Alberto Fujimori, que utilizó la esterilización forzosa con el objetivo de reducir las tasas de fertilidad entre las mujeres, centrándose especialmente en las comunidades empobrecidas e indígenas. Los abogados estiman además que se trata de crímenes de lesa humanidad, lo que podría beneficiar a miles de mujeres peruanas en espera de justicia y reparación. Celia Ramos falleció en 1997, 19 días después de someterse a una ligadura de trompas en un centro de salud de Piura, en la costa norte de Perú. Según investigaciones, ella fue presionada por parte del personal médico para dejarse esterilizar. Tras 28 años reclamando justicia, las tres hijas de Celia lograron llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Catalina Martínez, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para Latinoamérica y el Caribe, es una de las abogadas de la familia: “Es histórico que la Corte vaya a escuchar este caso porque nos va a permitir que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de estas mujeres, y porque le va a abrir la puerta, a todas estas mujeres que llevan esperando tantos años y a sus familias, a una posibilidad de justicia y de reparaciones”, explica a RFI. Para ella, es importante “que se reconozca que estos no son casos aislados, que las mujeres fueron sometidas a procedimientos médicos de ligadura de trompas sin su consentimiento y que esto equivalió a una esterilización forzada”. Crímenes de lesa humanidad Además, el litigio pretende una clasificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad: “Si bien no es un tribunal penal, que es donde se podría hablar de crimen de lesa humanidad, la Corte en el pasado sí ha traído ese instrumento del derecho penal para definir ante qué tipo de grave violación de derechos humanos estamos. Y trayendo esa herramienta del derecho penal, la Corte puede reconocer que la grave violación frente a la cual estamos es un crimen de lesa humanidad, porque fue intencionado, porque se hizo de manera sistemática, masiva, coercitiva y general, hacia un cierto sector de la población, que eran las mujeres que vivían en las mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la abogada. Si lo reconoce, la Corte tendría la capacidad de emitir como recomendación la apertura de nuevas investigaciones. Entre 1996 y el 2000, en el segundo periodo presidencial de Alberto Fujimori, se esterilizó a 272.028 mujeres. Aunque es difícil conocer qué porcentaje de las operaciones fueron impuestas o mal informadas, los expertos creen que la mayoría lo fueron. “Si bien la persona que emitió esa instrucción ya murió, tenemos a un Estado que tiene que responder por el Estado peruano como un todo. Y lo que estamos esperando es que el reconocimiento de responsabilidad y las disculpas públicas que se emitan, se emitan al más alto nivel”, enfatiza Catalina Martínez. El pronunciamiento de la CorteIDH podría tardar unos seis meses, y es de obligatorio cumplimiento.

La politóloga Ana Lucía Velasco estima que las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto en Bolivia, cuya campaña electoral acaba de empezar, se desarrollan en un momento difícil para el país, marcado por largas filas para comprar gasolina, la disparada del dólar en el mercado negro y el agotamiento del electorado. Esta especialista subraya el agotamiento de numerosos electores con el MAS, sin que el triunfo de la derecha esté garantizado. Con la inscripción, en principio definitiva, de los diez partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de Bolivia para el periodo 2025-2030, se inicia la carrera electoral. La politóloga boliviana Ana Lucía Velasco destaca a cuatro candidatos con posibilidades de ganar. "En el bloque más o menos de centro y de derecha, yo diría que están —con posibilidades de ganar— Samuel Doria Medina con la Alianza de Unidad y tal vez Jorge Tuto Quiroga. A la izquierda estaría Eduardo del Castillo, que es el candidato del MAS, con el respaldo del presidente saliente, el cual también se ha inscrito en las listas como primer senador. Y si Andrónico Rodríguez —actual presidente del Senado— logra que se registre su postulación, tendríamos tres frentes de izquierda que podrían pugnarse el voto entre ellos". Andrónico Rodríguez, inscrito por el Frente Alianza Popular, es un líder cocalero apadrinado políticamente en sus inicios por el expresidente Evo Morales, que está por fuera de esta contienda electoral. Con respecto a la situación del candidato Rodríguez, el Tribunal Supremo Electoral dejó en suspenso el análisis de su candidatura hasta que la justicia resuelva si cumplió normas partidarias. Como en las últimas dos décadas, un candidato de la izquierda podría llegar al poder. Ana Lucía Velasco, experta también en psicología electoral, indica sin embargo que los candidatos de la derecha están tomando impulso, si bien no convencen del todo al electorado. Ausencia de un bloque único anti-MAS "La gente que vota por opciones de derecha, más que ser de derecha, son fundamentalmente personas que están en contra del actual gobierno y del Movimiento al Socialismo [MAS]. Creo que esas personas han experimentado en las últimas semanas una especie de desilusión y desesperanza porque la apuesta era que se generara un bloque único que pudiera acumular todo el voto anti-MAS para tener de esta manera una clara posibilidad de ganar. Eso nunca se logró y al final están yendo todos por separado", apunta. Algo similar ocurre con los votantes de la izquierda, dadas las peleas y diferencias internas, especialmente dentro del MAS. "Es probable que el bloque de izquierda pueda acumular el voto de una manera más vertical, más orgánica, más sencilla. Pero yo diría que la campaña electoral acaba de comenzar con la etapa de propuestas electorales. El electorado boliviano experimenta un gran agotamiento. Y si a eso le sumamos que el tema económico en Bolivia está realmente difícil, las filas para comprar gasolina son gigantescas, el dólar en el mercado negro se ha disparado... entonces yo creo que el electorado boliviano está sometido a varias presiones psicológicas. Nunca hemos vivido una elección tan, tan fuerte como esta", concluye.

Las Abuelas de Plaza de Mayo están de gira por Europa para crear conciencia sobre las políticas contra la memoria del Gobierno de Javier Milei, que ha eliminado subsidios a las organizaciones hasta el punto de poner en peligro su existencia. RFI habló con una de las nietas restituidas por la organización, Claudia Poblete. Claudia Poblete, una de los 139 nietos recuperados de Argentina, forma parte de la comisión directiva de la conocida organización Abuelas de Plaza de Mayo. Junto a otros miembros, se presenta este martes ante el Parlamento Europeo para denunciar las gestiones del presidente Javier Milei en desmantelar y desfinanciar las ayudas a las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en su país. “Poder ser escuchados es importante” “Poder ser escuchados en este momento para nosotros ya es realmente muy importante. Lo que nos dejaría satisfechos es lograr que hubiera algún tipo de reclamo hacia el Gobierno argentino para que cesen los embates contra las políticas de derechos humanos, así como tantas políticas antiderechos que también están llevando a cabo”, explica a RFI. “Y también poder volver en algún momento tal vez a tener una audiencia donde podamos ser escuchados en el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Es parte de la tarea de las Abuelas desde siempre, buscar ayuda de la comunidad internacional cuando no se puede conseguir en Argentina”, prosigue. La audiencia ante el Parlamento de la Unión Europea se produce tras un pedido de ayuda que solicitó Estela de Carlotto, la fundadora del grupo Abuelas que a sus 94 años no pudo viajar al viejo continente. La delegación que llegó a Bruselas aprovechará para pedir ayuda financiera y relanzar la búsqueda en Europa visitando, además de Bélgica, España e Italia. “La búsqueda de las Abuelas continúa aún” “En Europa fue encontrada una nieta en los Países Bajos y otra nieta en España, en Valencia. Y después hay familiares de desaparecidos que buscan nietos y nietas que viven en Europa. El anteúltimo nieto restituido tiene a su hermano que vive en Canarias. Y muchos de ellos incluso son ciudadanos europeos porque hubo muchas familias, debido a las oleadas inmigratorias de Argentina, que tienen vínculos fuertes con Europa”, detalla Poblete. “Es difícil estimar un número de nietos o nietas que puedan estar en Europa en total. Buscamos alrededor de 300, que como tienen mi edad (alrededor de los 45, 49 años), son personas que pueden haber migrado por sus propios medios. Así que para nosotros es muy importante también, aparte de toda esta denuncia de la situación actual, llevar este mensaje de que la búsqueda de las Abuelas continúa aún. De hecho, la última nieta se encontró en enero del 2025”, agrega. Desde que asumió el poder, Javier Milei ordenó el cierre de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, desfinanció el Banco Nacional de Datos Genéticos, disolvió el equipo de investigación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, y restringió el acceso a la documentación oficial en los Ministerios de Defensa y Seguridad. Tras 47 años de búsqueda, el grupo de Abuelas de Plaza de Mayo sigue encontrando nietas y nietos por varios rincones del mundo.

El gobierno de Honduras confirmó que aterrizarán este lunes 19 de mayo 18 hondureños que aceptaron “autodeportarse” de los Estados Unidos utilizando el programa CPB One Home, la aplicación con la que Donald Trump busca reducir los gastos de expulsión hasta en un 70%. Honduras estaría cooperando con los Estados Unidos para que no intervengan en las elecciones del país centroamericano previstas a finales de 2025, estimó Lester Ramírez, de la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Honduras, “a pesar de que con Joe Biden tuvo un discurso muy agresivo, contestatario e incluso irrespetuoso, está colaborando bastante con Trump, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela, para que hagan escala aquí y luego ir a Venezuela” porque, según Ramírez, “Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuya en los temas político-electorales”. Las elecciones generales en Honduras se realizarán el 30 de noviembre de 2025 para renovar la Presidencia de la República, 128 diputados y 298 alcaldes. Antonio García, subsecretario de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería hondureña, explicó a la prensa local que la administración de Donald Trump facilitaría a los migrantes regresar de forma voluntaria y “con dignidad, sin enfrentar procesos de detención ni deportación forzosa”. Leer también'Madres deportadas con sus hijos tienen el apoyo del gobierno', dice vicecanciller a RFI El pasado 9 de mayo el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva para incentivar a los migrantes irregulares a “autodeportarse” ofreciéndoles vuelos gratuitos. “Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo. El 5 de mayo el gobierno estadounidense informó que los migrantes que aceptaran autodeportarse recibirían 1 000 dólares. Economía En lo que va del año, más de 8,000 hondureños han sido deportados (de los cuales 3 375 de Estados Unidos), lo que podría afectar directamente la economía del país, debido a la importancia que tienen las remesas. En 2024 se registró un ingreso de 9,740 millones de dólares por remesas, cifra que la coloca como principal fuente de divisas para este país de cerca de 10 millones de habitantes y que ocupa el segundo lugar en pobreza extrema y moderada en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque su reintegración podría representar un gasto adicional para el Estado, Lester Ramírez considera que los deportados no agravarían la economía nacional, pues la mayoría de los trabajos se sostienen de la informalidad, pero sí la inseguridad. “Las redes familiares, las redes de apoyo van a ayudar de alguna manera a mitigar el impacto [económico], pero de lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales, y eso no se está registrando, la policía no está haciendo un esfuerzo para poder darle seguimiento”, consideró. “Ya se dieron casos en los que personas que han sido deportadas, a los pocos días de su regreso, o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Más que económico, el problema va a ser de seguridad”, dijo. A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, en el primer mes de su gobierno fueron deportadas 37,000 personas, 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.

Nayib Bukele informó que “decidió” enviar a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, un proyecto de ley que establece un impuesto de un 30 % sobre las donaciones que reciban las organizaciones no gubernamentales. Esto surgió tras la movilización de una cooperativa agrícola pidiéndole apoyo al presidente salvadoreño. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprovechado una movilización realizada por la cooperativa agrícola El Bosque frente a su residencia, que le solicitaba evitar un desalojo por orden judicial, para reintroducir un proyecto de ley que establece un impuesto del 30% sobre las donaciones recibidas por las organizaciones no gubernamentales. “Siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones” Esta medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, tendría un impacto coercitivo directo en entidades defensoras de derechos humanos. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), comenta las razones y las posibles consecuencias de esta medida. “Al Gobierno, de manera general, no le gusta que haya organizaciones que señalen las falencias o lo que no se hace bien desde la lógica gubernamental. Entonces, siempre ha tenido discursos muy fuertes contra las organizaciones, contra las comunidades que señalan lo que no está haciendo bien, y esto busca siempre acallarlo”, explica. “Este anuncio, de querer colocar un 30% a las donaciones que llegan a las organizaciones sin fines de lucro en El Salvador, surge de una actividad pacífica de protesta de una comunidad formada por 300 personas que habitan en un terreno donde fueron estafadas. Entonces le pedían apoyo al presidente. Esta actividad fue reprimida y fruto de esto, el presidente señala que esta gente fue movilizada por organizaciones que están vinculadas a la izquierda”, detalla González. Detenciones “arbitrarias” Además del anuncio del impuesto a las ONG, Alejandro Henríquez, activista y representante legal de la cooperativa, fue detenido y acusado de desórdenes públicos y resistencia. Carlos Flores, representante de la organización Foro del Agua, que apoya a la cooperativa, denuncia que se trata de una detención arbitraria. “El Gobierno, en lugar de atender un llamado de auxilio legítimo de la comunidad, responde de manera violenta e injustificadamente, porque hay cientos de fotografías y videos que demuestran el carácter pacífico de la actividad que tenía la gente en la zona donde fueron reprimidos, y que demuestran que quien provocó los hechos violentos fue la Policía Nacional Civil, la Unidad de Mantenimiento del Orden”, afirma. “De hecho, es el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden quien inicia, al intentar capturar arbitrariamente en esa actividad a Alejandro, que es mi compañero, y a Moisés que es parte de la cooperativa El Bosque”, recalca. Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas al menos dos personas más de la comunidad; entre ellos José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa agrícola.

Este 14 de mayo, en Bolivia, comenzó el registro de los candidatos para las elecciones del próximo 17 de agosto. Los analistas piden prudencia por los cambios de último momento, como la sorpresa que dio el presidente Luis Arce que desistió de la contienda electoral. En Bolivia corre reloj para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia y también a los diputados y senadores. Carolina Floru, analista y experta del sistema de partidos políticos de ese país, explicó a RFI que aún están en negociaciones los posibles candidatos del oficialismo y de la oposición. La figura de Andrónico Rodríguez Se trata de discusiones complejas, empezando por el movimiento del exmandatario Evo Morales, quien no puede participar por cuestiones legales: “El expresidente Evo Morales no tiene posibilidades de ser candidato. El tema ya ha sido saldado por la Justicia. Ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre del 2023 y esa decisión le impide la reelección indefinida, a no ser por un mal comportamiento del sistema judicial, porque la Constitución política del Estado boliviano es absolutamente clara e impide su candidatura y el Tribunal Constitucional y las normas internacionales ya se han pronunciado al respecto”, afirma Floru. Y luego está el oficialismo que lideraba Luis Arce, pero que al renunciar porque las encuestas no le ayudaban -tenía el 1% de las preferencias electorales según la consultora Captura- le pasó el relevo al senador Andrónico Rodríguez. “Andrónico Rodríguez representa un ala renovadora dentro del oficialismo. Además, Andrónico ha demostrado que ya ha podido condensar la participación de varias organizaciones sociales, que son básicamente las que han dado siempre el apoyo a la corriente de Evo Morales”, explica Floru. Fragmentación en la derecha Pero si bien hay fragmentaciones en la izquierda, también es el caso en la derecha: “Lastimosamente también están fragmentados y creo que el reloj está ya sonando para la oposición y exigiendo que tome algunas decisiones con respecto a cómo quiere abordar este nuevo escenario”, “un escenario en el cual el oficialismo iría junto, digamos, condensado a la contienda electoral”, considera Floru. “Y esto pone la oposición en una situación crítica, porque si va dividida en varias instancias como hasta ahora lo está demostrando, lo que tendríamos es un Congreso con cinco o seis fuerzas y que obviamente no permitiría una adecuada gobernabilidad para el escenario que tenemos después del 2026”, detalla la analista. El tablero político tomará forma una vez que las agrupaciones políticas concluyan el registro que cierra este 19 de mayo.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que la institución que dirige 'investiga' y 'no criminaliza', luego de reunirse con la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite. En entrevista con RFI, la exfiscal Thelma Aldana, desde su exilio en Estados Unidos, denuncia ante los micrófonos de RFI el 'ataque perverso y sin precedentes de Porras contra la justicia' de Guatemala y hace un llamado a la resistencia. La fiscal Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran "corrupta" y "antidemocrática" por sus cuestionadas investigaciones contra exfiscales y jueces anticorrupción, activistas, periodistas y el presidente Bernardo Arévalo, entre otros. La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, se encuentra en Guatemala para evaluar el sistema de justicia del país. Tras su llegada, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la justicia estaría secuestrada por la fiscal general Consuelo Porras, y expresó su preocupación por el abuso de autoridad del Ministerio Público contra las autoridades que no estén de su lado. Una acusación a la que se une, desde Estados Unidos, donde está asilada desde hace seis años, la exfiscal general Thelma Aldana, en declaraciones a RFI. "El Ministerio Público, por medio de la señora Consuelo Porras, ha hecho uso del derecho penal en contra de fiscales, jueces anticorrupción, defensores de derechos humanos, dirigentes de pueblos indígenas, actores sociales. Somos más de un centenar de personas en el exilio, entre las cuales aproximadamente 50 fuimos fiscales y jueces. Hay periodistas independientes en el exilio que también han sido criminalizados", dice Aldana. Llamado a la resistencia para defender la justicia Según un comunicado de la ONU, la relatora para la independencia de la justicia, Margaret Satterthwaite, evaluará el libre ejercicio de la abogacía. Sin embargo, quienes ejercen libremente esta profesión estarían nadando contra la corriente, pues se oponen a la criminalización de la que son víctimas, anota Aldana. "La criminalización que existe en Guatemala es alarmante. A pesar de eso, hay algunos pocos jueces, muy pocos, que tratan de mantener la dignidad y la independencia. Yo hago un llamado a que resistan, un llamado también a la población para que resista ante este ataque sin precedentes en la historia del país. Me parece que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que esté sufriendo en su sistema de justicia un ataque tan perverso como el que provoca Consuelo Porras y sus jueces aliados. El sistema de justicia de Guatemala ha sido capturado por grupos mafiosos", subraya. "Consuelo Porras tiene secuestrada la Fiscalía General, la entidad encargada de perseguir e investigar los delitos", dice la exfiscal Aldana y asegura que ella se ha convertido en “la cara visible del profundo deterioro de la justicia” en Guatemala, un proceso que comenzó “a partir de la expulsión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, precisa. El mandato de Porras termina en mayo de 2026.

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años. “Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización. “Hemos decidido pedir asilo político” Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz. “Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia. Más de 500 muertes documentadas Ivania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz. “De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica. Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala. Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente. Capítulo IV B Guatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos. Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”. Pero sigue la necesidad de un monitoreo Pero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.” La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Antes de convertirse en el papa León XIV y cuando oficiaba como obispo en Perú, Robert Prevost fue acusado de encubrimiento de agresiones sexuales cometidos por sacerdotes bajo su jurisdicción en el caso de abusos del Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, investigaciones independientes y periodistas han afirmado que dichas alegaciones contra Prevost fueron "absolutamente falsas" y surgieron como parte de una campaña de desprestigio impulsada por el propio Sodalicio. Entre quienes defienden la labor de Prevost se encuentra José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del escándalo. El cónclave en Roma hizo saltar las acusaciones en Lima: se decía que Prevost había encubierto a los curas detrás del grupo religioso Sodalicio, cuya plana mayor es acusada de pederastia y violación sistemática de los derechos humanos contra sus miembros (según reconoció la misma congregación, los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002). Todo era para impedir que llegara a ser papa, responde desde Perú José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes de Sodalicio y fundador de esta red de sobrevivientes. “Estas denuncias que aparecieron fueron inicialmente una sorpresa, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de dónde venía esto”, explica José Enrique Escardó a RFI. “Lo que había sucedido es que él como perfecto del Dicasterio de los obispos, había sido el que tomó la decisión luego de las investigaciones hechas por [el arzobispo de Malta, Charles] Scicluna, y [el sacerdote español Jordi] Bertomeu, que vinieron a investigar al Sodalicio en Perú. Prevost tuvo que tomar la decisión de sacar o pedirle su renuncia anticipada a José Antonio Euguren, que era arzobispo de Piura y Tumbes. Y esa decisión, obviamente firmada por el papa, es la que significó el primer golpe fuerte al Sodalicio en el Perú: sacar a este arzobispo”, subraya. En una de sus últimas acciones, el papa Francisco disolvió al Sodalicio en enero de 2025. Un año antes, José Enroque Escardó llegaba a Roma para hablar con Francisco de los abusos de la comunidad. Allí fue recibido por el ahora León XIV. “Yo estuve con él en el Vaticano cuando fui en enero de 2024 a reunirme con el papa Francisco y, saliendo de la de la reunión con el papa Francisco, me fui a hablar con el cardenal Prevost, a quien ya conocía yo de varios años aquí en Perú. Él tenía toda la disposición de continuar con el trabajo, estaba totalmente de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo en tema de abusos dentro de la Iglesia con el papa Francisco y también con los sobrevivientes”, sostiene Escardó. Prevost se puso en los zapatos de las víctimas, las mismas que piensan volver ahora con sus demandas ante el Vaticano. “Ahora, con la elección del papa León XIV me quedo con la tranquilidad de que podemos tener a una persona que puede continuar las reformas que había estado haciendo el papa Francisco y que además va a ser cercano a nuestro país, y específicamente cercano a la red de sobrevivientes Perú, de los sobrevivientes del Sodalicio. Eso me ha generado una emoción tremenda, pero obviamente lo que tenemos que esperar como siempre es ver cuáles van a ser las acciones que van a realizar más allá de las palabras, que es lo mismo que le dije al papa Francisco y espero que vayamos en el mismo camino para poder resolver estos temas que son tan urgentes”, dice con esperanza Escardó.