Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

El presidente argentino, Javier Milei, vetó la ley que otorgaba aumentos a jubilaciones y pensiones por discapacidad, aprobada por mayoría en el Congreso en julio. Según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, la medida fue rechazada por considerarse contraria a su política de equilibrio fiscal. Jubilados y discapacitados argentinos fueron vetados por Javier Milei al aumento de sus pensiones. Por un lado, los jubilados que exigen un incremento del 7,2% en sus pagas, representan el sector más afectado por la política de ajuste del gobierno, con haberes que encarnan un tercio de la canasta básica del adulto mayor. Actualmente, según las entidades de estadística de Argentina, el valor de la jubilación mínima, monto cobrado por el 63,5% de las personas en estado de retiro es de 384.300 pesos, el equivalente a alrededor de 279 dólares. Un monto que estaría rozando la línea de la pobreza. Sandra Zapatero es secretaria de Seguridad Social de la Central de trabajadores de la Argentina (CTA) e indica que más o menos tres millones de jubilados y pensionados estarían recibiendo este aumento que vetó el presidente. “Entonces creemos que es una crueldad brutal. Los pensionistas y los jubilados en Argentina hoy estamos todos los miércoles en la calle, en el Congreso, siendo reprimidos por la policía, reclamando aumentos y los medicamentos que teníamos gratuitos y una moratoria”, indicó Zapatero. Para ella, las consecuencias no serían demasiado importantes porque la jubilación es mínima, “es ínfima, están por debajo del índice de la pobreza y el aumento es paupérrimo. Podrían comprar, 3 kg más de pan, que no es demasiado. Creo que los jubilados están en el peor momento de la historia”, asegura. Pensiones por discapacidad No solo los jubilados se podrían verse afectados por este veto ya que el mandatario argentino tiene el interés de inmovilizar el proyecto legislativo que estipulaba mejoras a las ayudas económicas y las pensiones por invalidez a las personas con algún tipo de discapacidad, comenta Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad, también perteneciente al sindicato CTA: “Más de 70.000 pensiones fueron bajadas abruptamente, hay más de cinco millones de personas con discapacidad y de esos cinco millones, solo un millón y medio estaban utilizando al Estado con el tema de la pensión, o sea que ni siquiera es el 12% de la población que está percibiendo las pensiones, la ley lo que dice es un aumento mínimo de casi 15.000 pesos mensual en la pensión, comparando con la inflación que tenemos hoy en la Argentina, que son casi 200%, más allá de que hay personas que dicen que no hay inflación. La verdad que con 200.000 pesos que tiene la persona con discapacidad no se puede vivir, hoy por hoy la canasta familiar es de un millón y medio”, agregó. Tras la publicación del veto se inicia ahora el trámite legislativo para confirmar o rechazar la voluntad de la Casa Rosada. Para revertir la decisión de la Presidencia, cada una de las Cámaras del Congreso necesita al menos dos tercios de los votos de los legisladores que componen el hemiciclo. De este modo, si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores secunda la decisión de Milei, los proyectos quedarían finalmente derrotados.

El 31 de julio de 2025 el congreso salvadoreño aprobó la reelección presidencial indefinida dejándole a Nayib Bukele el camino libre para perpetuarse al mando de este país de América Central. Las reformas constitucionales que le dan más poder serían “un quiebre definitivo para su democracia”, dijo a RFI Juanita Goebertus Estrada, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. En un trámite exprés, el jueves 31 de julio, los 57 diputados oficialistas de una Asamblea Legislativa de 60 escaños aprobaron las leyes que le permitirían al presidente Bukele seguir en el poder de manera indefinida. Al ritmo de fuegos pirotécnicos que estallaban en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, la capital, los legisladores ratificaban una serie de reformas constitucionales para que entraran en vigor la "reelección sin reservas", la ampliación del mandato de gobierno (de 5 a 6 años), y el desarrollo simultáneo de elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La reforma también le ponía fin a la segunda vuelta electoral. Leer tambiénBukele consigue luz verde para su reelección indefinida en El Salvador Para Juanita Goebertus, el poder que le dio el legislativo salvadoreño a su presidente es un ejemplo de cómo se forman los gobiernos totalitarios. La defensora de derechos humanos pidió a los latinoamericanos que estén atentos cuando alguien pretende implementar el modelo Buekele. “No solamente está prometiendo mano dura en la seguridad, está prometiendo el desmantelamiento del Estado de Derecho, está prometiendo que va a coptar todos los derechos públicos, que va a perseguir a la sociedad civil y al periodismo, y que va a reformar a las instituciones para poder mantenerse en le poder y en eliminar la posibilidad de una alternancia democrática”, dijo. Seguridad forzada Bukele, que ganó las elecciones de 2024 con un 85 % de los votos, alcanzó gran popularidad por su "guerra" contra las pandillas, reduciendo a mínimos históricos la violencia en el país. Aun así, Goebertus alerta del peligro que corre la población civil. “La pregunta para muchos de los salvadoreños, que quizá todavía veían con buenos ojos a Bukele, es cuándo esos poderes van a ser usados en contra de ellos mismos, contra sus familiares”. Para ella el caso de la represión en Venezuela es un ejemplo del abuso de poder por parte de las autoridades, donde "se traduce en represión del pueblo” y donde “ya no quedan controles para evitar que ese tipo de arbitrariedades se puedan dar”. Para la experta, Estados Unidos también juega un papel en este declive de la democracia. "Recordemos que Bukele estrechó lazos con Washington acogiendo a cientos de migrantes deportados en la megacarcel que construyó para los pandilleros. [Con ello] Donald Trump ha provocado una valentonada de los distintos líderes autoritarios de la región”, dijo. Sin oposición Goebertus prevee un futuro incierto para El Salvador con un calendario hecho a la medida de las pretensiones de gobierno indefinido de Bukele. “Se anticipan las elecciones presidenciales dos años [serían en 2027, NDLR] para unificar el calendario electoral, lo cual significa que Bukele volverá en dos años a ser elegido, que controlará nuevamente la asamblea, que tendrá ahora un periodo más largo, de seis años”. “Seguramente para el momento en que haya nuevamente elecciones, la represión haya aumentado de tal manera que sea imposible cualquier tipo de alternancia”, lamentó. Goebertus anima a la ONU y al resto de potencias de la región a alzar la voz frente a la situación de El Salvador, haciendo incapié en que en los últimos tres años en estado de excepción, el Gobierno de Bukele ha encarcelado a 88 mil personas, muchos de ellos encarcelados de forma arbitraria y procesados con pruebas inconcluyentes.

Las ofensivas con drones son objeto de preocupación en Colombia, donde se han disparado las cifras de víctimas en 2025 según la Cruz Roja. Esto, en un convulso contexto de conflicto armado. Los ataques con drones en Colombia son una muestra del aumento de la violencia de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC. Un incremento que está alarmando a las autoridades. Miedo e incertidumbre El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló en su último informe que las víctimas por ataques explosivos se duplicaron en los primeros meses de 2025, un fenómeno desbocado por el uso intensivo de drones, nos explica su portavoz Ana María Hernández: “Lastimosamente, el uso de diferentes tipos de artefactos explosivos es una diferencia muy grande respecto a la década anterior, donde veíamos un uso específico de minas antipersonal. Pero en este momento estamos viendo el uso de diferentes tipos de armas, municiones y artefactos explosivos”. Según ella, estos ataques tienen importantes consecuencias humanitarias y han llevado a que “muchas comunidades tomen diferentes tipos de decisiones, como desplazarse o confinarse”. Entre enero y mayo, la Cruz Roja registró más de 500 víctimas de artefactos explosivos, un aumento del 145 % en comparación a 2024. El uso de drones con bombas ha influido en este aumento de víctimas, de las cuales, tres cuartas partes eran civiles. “Uno de los factores más preocupantes para la población civil es el miedo, la zozobra, la incertidumbre del uso de estos vehículos aéreos no tripulados. Se presentan ataques y confrontaciones armadas entre las partes en los conflictos, en momentos en los que la población está en sus labores cotidianas. Entonces esto es una preocupación muy grande para la comunidad. Puede presentarse en zonas densamente pobladas, puede presentarse en caminos…”, detalla la portavoz del CICR. “Las peores condiciones humanitarias” Teniendo en cuenta la situación actual, la organización ha sido contundente en su informe, afirmando que, para fin de año, Colombia podría sufrir “las peores condiciones humanitarias” en una década. “Se avecinan tiempos difíciles para el país en términos de consecuencias humanitarias. El balance infortunadamente muestra un incremento, un agravamiento considerable de todas estas consecuencias. La población civil no tendría por qué verse afectada y lastimosamente estamos viendo en el contexto colombiano un incremento muy grande de afectación sobre la población civil”, recalca Hernández. Finalmente, más de 58.000 personas se desplazaron este año para huir de la violencia de los grupos armados. Según la Cruz Roja, esto supone un incremento del 169 % con respecto a 2024, y seguramente, estas personas no regresarán a sus hogares.

Mientras varios gobiernos negocian in extremis con Donald Trump su política arancelaria, horas antes de que se cumpla el plazo del 1 de agosto que dio a sus socios comerciales para imponer su lista de aranceles, Brasil ha sido uno de los más castigados con un 50% de imposición. Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. El año pasado fue de 6 mil 800 millones de dólares y su ventaja se ha mantenido durante los últimos 18 años. Por eso, un 50% de aranceles para el gigante latinoamericano resulta difícil de procesar desde un punto de vista económico. Donald Trump ha argumentado que la medida se da en represalia por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022. Para el economista Alex Agostini, jefe de la calificadora Austin Rating, esto va más allá de una amistad: “El interés de Donald Trump era, en primer lugar, forzar la amnistía de Bolsonaro. Una vez amnistiado, volvería a ser elegible para las elecciones de 2026. En caso de que ganara las elecciones para Estados Unidos, él sería un aliado importante para flexibilizar la ley la explotación de minerales raros. Brasil tiene las segundas mayores reservas de minerales raros del mundo, lo que es de gran interés para el sector tecnológico, especialmente en Estados Unidos. Pero Brasil tiene una legislación muy estricta que no lo permite". No es la primera vez que Trump amenaza con aranceles para lograr su agenda política, indica Vinicius Rodríguez, profesor de Relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas: “La implicación económica es muy problemática para los sectores que no han sido dejados de lado en el tarifazo, como el sector de café, carne, frutas tropicales. También, claro, los textiles y los zapatos, que son productos que exportamos muchísimo a los Estados Unidos y que todavía teníamos competitividad, mientras que aproximadamente 42% de los productos no serán, no estarán sujetos a la tarifa, los otros estarán con consecuencias muy malas para los empleos, como por ejemplo en el sector de Asaí, que es una fruta tropical que solo Brasil produce, quizás 300 mil empleos quedan en riesgo después del tarifazo”. Según Rodríguez, los productos que Trump ha dejado por fuera de este 50%, como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles, los fertilizantes o los metales preciosos son aquellos que no pueden suplir los mismos estadounidenses.

En Estados Unidos, se multiplican las denuncias sobre las condiciones abusivas de detención en Alligator Alcatraz, una de las cárceles migratorias, inaugurada hace un mes en Florida por Donald Trump para acelerar las expulsiones de extranjeros. Los jueces examinan actualmente dos demandas contra la creación de este polémico centro. “Están en una jaula. En cada jaula tienen 32 camas”, explica a RFI la estadounidense Ashly Valdez, esposa de un reo cubano de 31 años y detenido desde el 11 de julio. La mujer, quien reside en Orlando, alerta sobre las condiciones de detención infrahumanas impuestas a su esposo Gonzalo Almanza en Alligator Alcatraz, la cárcel migratoria inaugurada el 1 de julio en Florida por Donald Trump para facilitar las expulsiones de extranjeros. “No tienen acceso a abogados” “Tienen un aire acondicionado que está súper frío. O sea, imagínese bañarse en agua fría y salir y estar en el frío. Tienen una cámara ahí encima de los toilets que está viendo cuando los hombres vienen y hacen sus cosas. No tienen privacidad. Ha habido casos donde ni les quieren dar papel, rollos de toilet. Imagínese, 32 hombres y les dan un rollo de toilet. Y les dicen que ya les dieron uno para 32 personas. La comida, no están dando porciones para adultos, están comiendo un sándwich”, denuncia Valdez. “Otra cosa que deben tomar en cuenta es que ellos tienen ocho luces sobre cada jaula, que son LED, que son brillantes, brillantes y están prendidas 24 siete, no se apagan. Un perro vive mejor. Tienen acceso al teléfono que es la única cosa, pero no tienen acceso a abogados, nadie puede entrar a verlos. Les quitaron todos sus derechos. Mi esposo está aquí, tiene su residencia permanente, no es un ilegal”, subraya. Gonzalo Almanza llegó a Estados Unidos a los seis años y vive legalmente en el país. Y aunque tiene antecedentes penales, su abogada asegura que cumple con sus obligaciones probatorias. Fue precisamente durante una de sus citas rutinarias con un oficial de justicia, que el hombre fue detenido, sin que hasta el momento se le haya notificado ningún cargo o motivo exacto. “Está en el limbo” “Él fue a ver a su probatoria y cuando ella abrió la puerta había dos agentes de ICE y le dijeron que tenían una orden administrativa contra él y no le dijeron nada más. Él está en un limbo. No hemos podido visitarlo. La abogada todavía no ha podido ir a verlo”, precisa la mujer. “En mi opinión, diseñaron el sistema para torturar y para que la gente simplemente renunciara a su caso y dijera 'no puedo quedarme aquí, quiero irme a casa ahora mismo, ni siquiera voy a intentar defender mi caso ante los tribunales'”, denuncia al micrófono de RFI Anna Weiser, defensora de Gonzalo Almanza y abogada especialista en asuntos migratorios en la firma Smith and Eulo. Actualmente, la creación de este centro de detención migratorio está siendo objeto de dos demandas en tribunales. Por una parte, organizaciones de derechos civiles estiman que la imposibilidad de los abogados de acceder a las instalaciones viola el derecho a un juicio equitativo. Y por otra parte, ONG ambientalistas consideran que las infraestructuras del centro, en la reserva natural del humedal de los Everglades, contradicen las normativas ambientales de protección de especies frágiles.

Tras un largo proceso judicial que inició en 2012, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con los escuadrones paramilitares de ultraderecha. ¿Qué supone esta condena? La condena del exmandatario colombiano Álvaro Uribe es sin precedentes y representa un avance en la búsqueda de justicia sobre los crímenes del paramilitarismo en Colombia. Grupos paramilitares propios “Álvaro Uribe fue gobernador en los años 90 del departamento de Antioquia, que era uno de los puntos álgidos del conflicto en el país. El único hecho de que él nunca se ha escondido es que sí fue un impulsador de unas cooperativas de seguridad que se llamaron en esa época las ‘Convivir’, que funcionaron como una fachada legal del paramilitarismo durante todos los años 90”, explica a RFI Jacobo Grajales, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Paris 1 Sorbona. “Pero”, prosigue, “las otras acusaciones que tiene en su contra es de haber creado él mismo con su hermano Santiago grupos paramilitares en torno a una hacienda que les pertenecía. Son acusaciones que siempre han estado en el ambiente político pero que nunca se han logrado probar a ciencia cierta. Y una de las razones por las cuales nunca se habían logrado probar era que testigos, que inicialmente declaraban contra él, terminaban cambiando su versión, o incluso algunos testigos simplemente desaparecieron, fueron asesinados. Entonces la decisión de ayer es realmente un hito histórico en esos procesos de esclarecimiento de la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia”. Nexos entre políticos y paramilitares Ya habido condenas por los crímenes cometidos por los paramilitares, prueba de un cierto progreso en la justicia: “Ha sido una lucha de más de 20 años, ha habido asesinatos de jueces, asesinatos de testigos, asesinatos de fiscales y sobre todo también de defensores de derechos humanos que se han metido a investigar estos temas”, subraya Grajales. “En el caso particular del paramilitarismo, los jueces y las juezas en Colombia han mostrado que gran parte de la clase política regional se alió con grupos paramilitares. Hubo decenas de representantes a la Cámara y de senadores condenados por sus nexos con los grupos paramilitares en los años 2000 y 2010. El mismo primo de Álvaro Uribe, que era senador, fue condenado por nexos con grupos paramilitares. La responsabilidad del Ejército se ha establecido”, detalla el especialista. “Lo único que no se ha establecido totalmente del punto de vista judicial es la responsabilidad que pudo existir desde la Presidencia de la República en la formación de estos grupos y en los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que pudieron cometer”, concluye. El senador de izquierda Iván Cepeda, que impulsó las investigaciones sobre los posibles nexos entre Uribe y el paramilitarismo hace 13 años, considera por su parte que la condena de Uribe puede ser el punto de inflexión para un proceso de reconciliación basado en la verdad y la justicia para las víctimas de los crímenes paramilitares.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos" - Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad. Leer tambiénCongreso peruano aprueba ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de DD. HH. "Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH. "Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos. Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano. Leer tambiénRechazo por la nueva ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones de DDHH en Perú "Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona. Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

La policía peruana incautó cuatro toneladas de mercurio procedentes de México con destino a Bolivia. Esta operación representa un duro golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal de oro, las cuales utilizan el mercurio para separar el metal precioso de los sedimentos. El cargamento ilícito fue detectado gracias al uso de equipos tecnológicos especializados, los cuales permitieron corroborar que el mercurio se encontraba adherido en las 20 toneladas de piedra molida localizadas dentro de un contenedor en el puerto del Callao. Así lo comunicó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Luis Fernández, especialista en contaminación por mercurio de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte, explica las razones por las cuales este metal tóxico es utilizado en la minería informal. Fernández explica que primero hay que entender que hay dos formas para refinar el oro. Las grandes empresas emplean procesos industriales que requieren el uso de cianuro. Esta sustancia química, que posee un rendimiento del 97 %, requiere muchos controles y un proceso muy complejo, ya que es mortal para el ser humano. En cambio, los grupos más pequeños que operan en la minería informal emplean el mercurio, que no necesita de procesos ni controles tan rigurosos. El especialista destaca que el rendimiento del mercurio también es más bajo, del 30 o 35 %, ya que estas personas emplean una tecnología de hasta 100 años de antigüedad. "Estos grupos pueden llegar a producir entre 10 y 100 gramos de mercurio al día, cuyo valor es muy alto", aclara Fernández. Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilícita con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Noam López Villanes, politólogo y profesor en la Universidad de Ingeniería en Lima, pone de ejemplo el caso de los "Pulpos", una banda criminal que fue contratada por la explotación minera de la Sierra de la libertad. "Durante unos meses cumplió su rol, pero eran prácticamente criminales", explica el politólogo. Este cuenta que tras aprender el negocio, acabaron con la vida de quienes los contrataron para hacerse con el control. "Aprendieron bastante como para empezar a operar y llevar a cabo la extracción, el proceso de refinamiento y transporte, ya que conocen también el territorio", señala López Villanes. Las autoridades peruanas aseguran que esta incautación de mercurio permitió identificar a una presunta red internacional de tráfico ilícito de este metal que opera en México, Perú, Colombia y Bolivia.

En un fallo histórico, la justicia colombiana ha condenado a 7 exdirectivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Esta sentencia, emitida tras 17 años de proceso judicial, marca un hito en el caso de la empresa bananera que operó en la región de Urabá, ubicada en el noroeste del país. El proceso judicial inició en 2005, cuando un testigo denunció ante las autoridades colombianas que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands estaba financiando a un grupo paramilitar. Esta denuncia marcó el comienzo de un extenso proceso legal con el objetivo de llevar a los ejecutivos de la empresa ante la justicia. Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, -una organización que ha asesorado a las víctimas del conflicto armado y ha impulsado durante dos décadas la resolución de este caso-, resalta la importancia de este hito judicial. “El fallo condena a 7 personas que eran de Panadex, una empresa que era ciento por ciento de propiedad de Chiquita Brand y se demuestra en el fallo que los miembros de la junta directiva conocían lo que pasaba con la financiación, que entregaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada en Colombia a los grupos paramilitares y marca un límite para el comportamiento de las empresas también en Colombia”, señaló. Responsabilidad de orden Penal Vega explica que en EE.UU. había dos decisiones judiciales: Una administrativa con una multa de 25’000.000 de dólares que fue en el año 2007 sobre este mismo caso y otra del año 2024, “en el que un jurado establece la responsabilidad de la empresa a pagar una indemnización a las víctimas que sufrieron daños por el homicidio de algún familiar, pero no había avanzado sobre la responsabilidad de orden penal. Esa es la diferencia con los fallos que se emiten acá en Colombia hoy” aseguró. La decisión judicial, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia. El jurista señala que los jueces han determinado la existencia una contribución voluntaria, deliberada, permanente, “que no fue producto de la extorsión ni fue producto de la coacción, sino que fue voluntaria y lo hacían evidentemente, para contrarrestar luchas sociales que se daban en la región, por la tierra, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por la presencia de la guerrilla, han alegado ellos. Pero la empresa, en lugar de acudir a las autoridades, lo que hizo fue buscar un grupo terrorista paramilitar para que contrarrestara esa situación. Eso no lo digo yo, lo dicen los jueces norteamericanos y la juez en Colombia”, indicó. La justicia colombiana condenó a siete directivos de Chiquita Brands a once años de prisión y a una multa de aproximadamente tres millones y medio de dólares por sus vínculos con grupos armados ilegales.

Venezuela recibe a migrantes liberados de la prisión de alta seguridad Cecot tras un canje de prisioneros entre Washington y Caracas. Esta repatriación fue posible gracias a las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. El acuerdo incluyó la liberación y el viaje inmediato a Estados Unidos de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, así como la liberación de unos 80 presos venezolanos, según las versiones oficiales de Washington y Caracas. Andy Perozo, uno de los venezolanos liberados, comparte su testimonio sobre cómo llegó a esta prisión de alta seguridad. "Llegó un guardia y dos dijo: «Bienvenidos al Cecot, al infierno, de aquí nadie sale». Nos recibieron con golpes y cuando escuché eso yo dije: «De aquí solamente me saca Dios»", cuenta Perozo. Según su testimonio, les cortaron el cabello, les pusieron el uniforme de la prisión y los volvieron a esposar. "La gente se desmayaba, uno veía cuando la gente estaba sangrando porque lo golpeaban. Después de eso no volvimos a ver a los salvadoreños, todo eso pasó con nosotros, los venezolanos", explica Andy. Andy fue arrestado por no acatar una orden de expulsión de Estados Unidos y posteriormente fue acusado por las autoridades estadounidenses de formar parte de la organización criminal "Tren de Aragua", sin pruebas concluyentes. Como resultado, fue recluido en el Cecot. "Los soldados abrían la puerta del autobús antes de que lo hiciera el conductor, parecían zombis buscando agarrar personas", afirma Andy. Este declara que los golpearon al llegar al lugar donde les esperaba el director del centro, quien dijo: "Bienvenidos al Cecot, de aquí no saldrán nunca porque son miembros del tren de Aragua, y ustedes están condenados por terroristas". "Me encargaré de que no vuelvan a comer nunca ni pollo ni carne", dijo el director les metieron en la celda, atestigua Andy. Andy concluye agradeciendo al gobierno venezolano por haber logrado lo que él consideraba casi imposible: ser liberado del Cecot.

La asociación afirma que desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, han sido asesinados 32 choferes, siete pasajeros, un gerente y un cobrador. Para los conductores de transporte público en Perú, su trabajo se ha convertido en una fuente de angustia y peligro, ya que temen que en cualquier momento pueda subir a su vehículo un sicario con el objetivo de asesinarles debido a que su empresa no pagó un cupo. Dimitri Senmache, exministro del Interior de Perú y especialista en seguridad, ha alertado sobre la proliferación de organizaciones mafiosas. Presencia del tren de Aragua y los Choneros en Perú "Nosotros, desde hace tiempo, hemos estado vislumbrando el crecimiento de organizaciones criminales - principalmente vinculadas al narcotráfico - que han comenzado a abrir otros nódulos", explica Senmache. Este relaciona los hechos con la migración de criminales de Colombia y Venezuela que huyen de la ley en sus países de origen. El exministro del Interior asegura que miembros del tren de Aragua o los Choneros de ecuador están presentes en Perú; los cuales extorsionan a "pequeños transportistas, pero hoy ya están con transportes de mediana envergadura, y eso hace pensar que se están fortaleciendo más". División en el gremio de transportistas A pesar del peligro que representan estas acciones criminales, existe una fragmentación dentro del gremio de los transportistas, que no han logrado ponerse de acuerdo sobre la adhesión al paro. "Lo que sucede es que hay empresas que tienen mayor recaudo y que no les importa detener o parar; ya que no se ven afectados por ahora por la delincuencia", cuenta el experto en seguridad. Este contextualiza que la delincuencia afecta ahora a los pequeños y medianos empresarios, pero que en el futuro llegará a tomar espacio "en aquellos sectores de transporte de gran escala que todavía se sienten un poco seguros". Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que ningún gremio formal acatará ningún paro en lo que resta de julio. Sin embargo, la Alianza Nacional de Transportistas ha comunicado que están considerando acatar un nuevo paro que se realizaría durante las Fiestas por la Independencia de Perú, los días 27 y 28 de julio.

Tras las denuncias de decenas de mujeres que afirman haber trabajado en condiciones muy difíciles y sin sueldo para la institución católica Opus Dei, cinco responsables argentinos son señalados por la Justicia. Son 43 mujeres las que acusan a la institución conservadora católica Opus Dei de haberlas separado de sus familias para hacerlas trabajar como empleadas domésticas, sin ningún tipo de remuneración y en condiciones especialmente difíciles, entre 1974 y 2015. La Justicia argentina investigó durante varios meses antes de implicar a cuatro líderes argentinos de la orden en 2024. Pero el caso dio un nuevo giro hace poco, cuando se añadió un quinto nombre a la lista de personas que podrían ser imputadas. Esta vez se trataba de Mariano Fazio, número dos de la organización en Roma y ex vicario regional en Argentina entre 2010 y 2014. “En todas partes del mundo” El abogado de las denunciantes, Sebastián Sal, entiende que se trata de una red de trata de seres humanos que está extendida por todo el mundo y que podría involucrar a dirigentes de primera importancia del Opus Dei. “Los pedidos de indagatoria son fuertes, inclusive la querella ha pedido la indagatoria del número uno del Opus Dei, el señor Fernando Ocáriz, porque se considera que él sabía lo que pasaba. Aparte inclusive trabajaron en Roma, en la sede central del Opus Dei, porque el Opus Dei las trasladaba, una vez que ya se hacían numerarias o miembros del Opus Dei, las trasladaba a diferentes partes del mundo, entre ellos Roma”, explica a RFI Sebastián Sal. “Hay casos similares en España, Italia, Inglaterra, en Irlanda hay una denuncia penal también realizada. En México se está empezando a gestar toda una situación como la que iniciaron estas 43. Y mismo en Estados Unidos. El Opus Dei no sólo lo hacía en Argentina o en Uruguay, Paraguay, sino que lo hacía como algo organizado en todas partes del mundo”, subraya. Víctimas que sufren secuelas Este caso es seguido de cerca por el Vaticano que ya impuso varias sanciones durante el pontificado del papa Francisco, señala asimismo el abogado: “Nosotros hemos hecho una denuncia también ante el Vaticano por este motivo. El papa Francisco en su momento tomó dos medidas importantes contra el Opus Dei. Le prohibió al prelado del Opus Dei que fuera obispo. De hecho, no puede ser más obispo el prelado del Opus Dei, cosa que antes sí lo era. Y la otra cosa es que los degradó y obligó al Opus Dei a presentar nuevos estatutos, que tengo entendido los presentaron hace poco con el nuevo papa”. Las denuncias se amontonan por todas partes del mundo, y en Sudamérica, las víctimas sufren las secuelas como consecuencia de este periodo: “A lo largo de los años, después de 10, 15 o 20 años de estar dentro del Opus Dei, consiguen algunas escaparse. Muchas de ellas se enferman, todas enfermedades psiquiátricas, algunas inclusive han intentado suicidarse. Pero bueno, llega un momento en que muchas de ellas consiguen escaparse, a través de alguna conocida, alguna amiga, y obviamente no tienen aportes sociales ni nada. No les pagaban sueldo, no conocían lo que era el dinero, mucho menos iban a tener cualquier tipo de aportes para poder acceder a la seguridad social”, comenta Sebastián Sal. Mientras el proceso legal avanza, el Opus Dei ha expresado que, aunque miles de adolescentes pasaron por su Institución de Capacitación sin incidentes graves, las denunciantes podrían haber tenido “malas experiencias” y reconocieron posibles incumplimientos legales. El asunto envuelve en el escándalo a las más altas esferas de esta poderosa institución católica y se convierte potencialmente en uno de los primeros asuntos espinosos del pontificado de León XIV.

En El Salvador, Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos abandona el país tras 25 años de presencia en el país centroamericano. La decisión llega después de que su directora de anticorrupción, Ruth López, fue arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales. "Estamos obligados a elegir entre la prisión o el exilio" dice Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, una ong fundada en 2001 por obispos anglicanos, y que investiga casos de corrupción y violación de derechos humanos durante el gobierno de Nayib Bukele. Ellos han tomado la decisión de irse de El Salvador ante lo que califican de una escalada represiva del gobierno; Noah Bullock: "Sumado a quienes tenemos pocas esperanzas podernos defender ante una instancia de justicia imparcial o independiente, decidimos que no les servimos a las víctimas que acompañamos, ni tampoco a nuestros presos políticos, también estando en la cárcel." La decisión la tomaron después de que el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que obliga a las ongs a pagar un impuesto del 30 % de sus fondos; pero sobre todo, después de que en marzo pasado la jefa de su unidad anticorrupción, Ruth López, fue acusada por el gobierno de malversación de fondos; ella fue detenida y desaparecida por un periodo de tiempo en el que ni sus familiares ni colegas de Cristosal sabían donde se encontraba. Noah Bullock: "Ya han amenazado a capturar otros miembros de nuestro liderazgo. Ya tenemos años de estar bajo un acoso estatal casi constante. Incluso hace poco tuvimos un grupo de policías que entraron a nuestra oficina en medio de una conferencia de prensa y tomaron fotos de todos los vehículos de los periodistas, pero éso ya se había tristemente normalizado. La captura de nuestro colega para nosotros nos dejó muy claro de que esta represión está muy dirigida a nosotros para mandar un mensaje a toda la población, de que quienes piensan distinto al régimen, pueden sufrir represalias incluso matarse". Según la ONG, en los últimos tres años, mas de 86 mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y sin que medie una investigación por el gobierno de Nayib Bukele. Cristosal agregó que su labor continúa, "reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras", países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.

Bajo la mirada de las víctimas de pederastia, Bolivia celebra un juicio sin precedentes contra la Compañía de Jesús. Dos ex jerarcas españoles de la orden, Ramón Alaix y Marcos Recolons, se sientan ante el tribunal, acusados de encubrir a un sacerdote que abusó de por lo menos 85 niños. Los dos acusados dirigían a los jesuitas en el país durante parte de los crímenes. El escándalo estalló en mayo de 2023. dos años después, esta es la única causa que avanza. Después de dos años paralizado el juicio contra dos ex altos cargos jesuitas por ocultar abusos en su congregación en Bolivia, ha vuelto a ponerse en marcha. Se trata de Ramón Aleix y Marcos Recolons, ambos ciudadanos españoles que encubrieron de manera sistemática las agresiones sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas durante casi tres décadas, Incluso tras conocer que había denuncias. RFI habló con Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual y uno de los 18 denunciantes. “Ante tanta prueba material y testifical que se ha presentado por el tema de encubrimiento por parte de estos dos jesuitas ex provinciales, realmente esperemos que la justicia boliviana obre cómo tiene que obrar”, dijo, asegurando que “es innegable la culpabilidad de estos dos sujetos, por tanto, de la institución que ha sostenido y que ha mantenido un encubrimiento sistemático”. Flores aseveró que Alfonso Pedrajas no es el único perpetrador. “Tenemos identificados ya muchos más violadores seriales que lamentablemente no pueden proceder en algunos casos porque no hay una víctima que pueda denunciarlos”. El escándalo estalló en 2023 tras la difusión de un reportaje sobre el diario personal de Alfonso Pedrajas, conocido como El Padre Pica. En él, el sacerdote fallecido en 2009, confesaba haber abusado de al menos 85 menores entre 1972 y el año 2000, la mayoría en Cochabamba, donde se celebra el juicio. Leer también'No puede volver a repetirse', denunciante de cura jesuita por pederastia, a horas del juicio Wilder Flores lamenta la protección que tuvo de su congregación, pero también cree que el Vaticano y las autoridades bolivianas no ponen de su parte, sino todo lo contrario. “Aquí, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha citado para volver a tratar el convenio con la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia, donde claramente establece un camino de impunidad. La inviolabilidad de los documentos, de las curias, de las diferentes órdenes, que eso garantiza impunidad total y nos cierra las puertas a las víctimas para poder llegar a esclarecer la verdad”, puntualizó. El juicio ha sido suspendido en otras dos oportunidades, la primera en enero porque los ex provinciales no pudieron asistir entonces a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.

La Fiscalía de Brasil pide condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado al tratar de mantenerse en el poder pese a su derrota frente a Lula da Silva en las elecciones de 2022. Tras una larga investigación, la fiscalía ha presentado audios, mensajes y testimonios que así lo demostrarían. La Fiscalía de Brasil considera que hay pruebas suficientes para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado junto con otros cuatro cargos más, a saber "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático", "violencia grave" y "deterioro del patrimonio protegido", cuyas penas máximas combinadas podrían superar los 40 años de cárcel. Tambíen pide que se condene a otros siete integrantes destacados de la trama, entre ellos exministros y altos cargos del ejército. El objetivo final de dicha trama, que resultó en la vandalización de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023 por parte de miles de simpatizantes de Bolsonaro, era aferrarse al poder y revocar la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en 2022. "Hay información y grabaciones, pero también el testimonio del coronel Mauro Cid, que era la persona más cercana a Bolsonaro". Marcos Cordeiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, estima que la petición de la fiscalía cuenta con una base sólida. "No se trata solamente lo que dice un testigo, sino que a partir de su testimonio se va tejiendo una red donde se van juntando los hechos. Por ejemplo, existe el testimonio de un general de la fuerza aérea y de otro general del ejército, quienes confirmaron que Bolsonaro presentó un borrador del golpe. No hay que subestimar la cantidad de información que se ha ido recopilando en este proceso", señala el académico. La investigación se vio no obstante sacudida por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, aliado ideológico de Bolsonaro. Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a Brasil si la Fiscalía seguía adelante con la investigación, que calificó de "caza de brujas". Sin embargo, el apoyo de Washington a Bolsonaro ha tenido el efecto contrario al esperado. "El anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump creó un tsunami en la política de Brasil porque muchos de los empresarios que apoyaban a Bolsonaro tenían mucho recelo de que sus negocios fuesen perjudicados", explica Cordeiro. "Por ejemplo, el estado de São Paulo tiene una gran producción de café, y el mayor mercado de Brasil es Estados Unidos. En la ultima semana, la asociación de los aranceles con Bolsonaro ha creado una conmoción en el país en la que se le considera un traidor de la patria". El actual presidente brasileño Lula da Silva ha declarado que tratará de negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero ha prometido responder con tasas equivalentes si estos llegan a entrar en vigor. Además, el mandatario ha condenado la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña.

Los actores de doblaje y otros trabajadores de empresas artísticas y de entretenimiento en México salieron a las calles el 13 de julio para protestar contra la falta de regulación a las inteligencias artificiales y exigir una mejor protección de los derechos laborales y creativos. “Gracias por salir a votar, porque tu presencia, tu voto, tu decisión, cuentan”: la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat (2018), recreada por la inteligencia artificial en un spot del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se agradecía a la ciudadanía por participar en las elecciones del Poder Judicial, fue la gota que rebosó el vaso. “La IA no reemplaza” Desde hace dos años, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC) ya venía denunciando la apropiación de voces, coincidiendo con el descenso de demanda en este gremio artístico. El pasado fin de semana, intérpretes, técnicos, músicos, locutores, productores, presentadores se congregaron en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México, bajo el lema “La IA no reemplaza”, para defender el derecho a que sus imágenes, voces y obras no sean replicadas sin autorización. “No, no estamos en contra de la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa y nos ayuda en algunos procesos. Lo que no estamos de acuerdo es que sea un reemplazo del humano. Queremos que sea un acompañante, pero no que nos quite trabajos, no que desaparezca a las personas que se han dedicado a esta industria durante toda su vida, que además de robarnos la voz, la pongan en donde ellos quieren y suplanten nuestra identidad para quedarse con todo el crédito”, explica a RFI Lili Barba, la presidenta de AMELOC. “Debemos estar súper unidos, necesitamos que las leyes ahora sí nos protejan desde derechos de autor, desde protección de datos personales, la ley de cinematografía, la ley de radio y televisión. Justo hablan de proteger a este gremio y ojalá, de verdad, ojalá que pase esta ley”, subraya. “Profesión muy importante” Tras las protestas, el caso escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también condenó el uso de la IA para replicar la voz del actor sin consentimiento, abriendo un fuerte debate sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y ética en el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas. “Es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años y hay que proteger su trabajo, pero también su voz”, expresó la presidenta mexicana. De momento, parece ser que la lucha de las voces profesionales mexicanas no fue en vano y como en la mayoría de los dibujos animados, podría contar con un final feliz.

La residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, del 11 de julio al 14 de septiembre, tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos, según datos de la alcaldía de San Juan. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios a la organización de recorridos por su municipio natal. Más allá de una gira que promete ser histórica, "Debí Tirar Más Fotos" es una reivindicación de la cultura puertorriqueña. El rapero Bad Bunny revoluciona Puerto Rico con una residencia artística de 30 conciertos en el Coliseo. Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida, destaca la importancia de este acontecimiento en la antena de RFI: "Tiene un mensaje eminentemente político. Bad Bunny da un ejemplo de cómo puede usarse el arte con el fin de hacer una inyección económica pero también es una inyección de orgullo y de fortalecimiento a los puertorriqueños". Varios estudios afirman que los conciertos supondrán un ingreso de entre 200 y 300 millones de dólares y generarán más de 3000 mil empleos. Pero también hay que considerar estas funciones como un homenaje a la cultura y la identidad latina, y especialmente puertorriqueña, en Nueva York."Entiendo que Bad Bunny está dando un ejemplo de la fortaleza cultura que recae en los puertorriqueños y que, a pesar de todas las violencias que hemos históricamente recibido, somos profundamente fuertes y talentosos" dice Sheilla Rodríguez en RFI. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios relacionados con Bad Bunny como la tradicional pava (sombrero de paja), a la organización de recorridos por su municipio natal y las publicaciones de un diccionario para entender sus letras y un estudio científico sobre su música. El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, que se llevarán a cabo todos los fin de semana desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Benito ha usado su música para abordar la lucha contra la gentrificación, la privatización de los recursos naturales o los cortes de energía. "El contenido de las canciones es una denuncia. Utilicemos la música para resistir" sentencia Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida. Esta residencia artística ha batido todos los records: vendió 400.000 boletos en tan solo 4 horas y supera las noches de conciertos consecutivas de otras leyendas del reggaeton como Daddy Yanki o Wisin y Yandel. Sin duda, un evento que Puerto Rico nunca va a olvidar. Influencia hasta en la lingüística Al generar tanta expectación la residencia, han surgido en el último mes varias iniciativas curiosas para explicar las letras de Bad Bunny y para estudiar el impacto de su música en la química cerebral. La lexicógrafa puertorriqueña Maia Sherwood Droz creó el diccionario ‘El ABC de DtMF’, que define el vocabulario puertorriqueño y referencias culturales como lugares, nombres de personas y menciones musicales con ejemplos tomados de las 17 canciones del álbum. Por su parte, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó un análisis en el que asegura que la música de Bad Bunny activa neurotransmisores, como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad.

El presidente de los Estados Unidos asesta un nuevo golpe en su guerra comercial e impone un arancel adicional del 50% a Brasil. Un ataque que llega después de una jornada marcada por las tensiones diplomáticas entre ambos países debido al apoyo que Trump expresó por el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpe de Estado. Brasil por su parte, prometió reciprocidad arancelaria si estas amenazas llegaran a cumplirse. "Brasil no ha sido nada bueno con nosotros", dijo Trump a los periodistas este miércoles durante una cumbre con representantes de varios países africanos. Una acusación que se ha traducido en la implementación de un 50 % de aranceles sobre todos los productos brasileños. La medida, llega después de las tensiones entre ambos países por las declaraciones de Trump en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero Roberto Goulart, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que el hecho está relacionado con las relaciones que Brasil tiene con China: “Trump tienta afectar todos los países que tienen relaciones estrechas con China, Brasil es uno de esos países. Entonces Trump en vez de hablar directamente a Brasil, utiliza un instrumento de política comercial para intentar convencer a la fuerza de que Brasil no tiene que tener relaciones con China”. Las consecuencias fueron inmediatas. El real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar tras esta noticia. Goulart asegura que es una medida desproporcionada. “Estas medidas son casi un enfrentamiento al gobierno Lula y toda la industria brasileña, entonces en este momento Trump anuncia una tarifa que prácticamente puede paralizar el comercio entre Brasil y Estados Unidos”. El presidente de Brasil ya dejó claro tras la cumbre de los BRICS, la asociación comercial que comparte con 11 países, entre ellos Rusia y China; que su país "no quiere un emperador". Aun así, hay que plantearse que rumbo tomará Brasil para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos. “Creo que Brasil no tiene otro camino, sino seguir negociando, seguir insistiendo en que la diplomacia tiene que resolver las cosas, pero Trump es un presidente chantajista, es un presidente que quiere siempre llegar a un resultado, muchas veces con diálogo o utilización de instrumentos coercitivos. Entonces, pero Brasil no puede ceder a las voluntades personales de Donald Trump”, agregó el analista. Posible reciprocidad arancelaria Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este miércoles que Brasil puede actuar en "reciprocidad" si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles de 50% a los productos brasileños. Lula indicó que el proceso en la Corte Suprema contra Bolsonaro, un ultraderechista que gobernó desde 2019 a 2022, "es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza". Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable de liderar una "organización criminal" para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Brasil cuenta con una Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso, que da herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales. Este texto fue aprobado luego de que Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones de varios países. De su lado, Trump ha advertido que sancionará cualquier represalia a estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, Washington deja abierta la puerta a negociaciones.

El presidente argentino Javier Milei, mediante un decreto, ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, entidad pública responsable de administrar, ejecutar y supervisar obras viales a nivel nacional. En su lugar, se creará la 'Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte' para fiscalizar las concesiones viales. La medida del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad se tomó antes de que venciesen los 'superpoderes' que el Congreso otorgó al presidente argentino Javier Milei por un año para ejercer ciertas funciones del Poder Legislativo. Germán Galarza, analista político, comenta las razones detrás de este decreto: "Hay que decir que la gestión de Milei ya venía anticipando que Vialidad era uno de los apuntados para cerrar, entendiendo que había desmanejos, que se podía -lo dice el Gobierno- ahorrar muchísimo dinero y entendiendo que no cumplía sus funciones". Galarza considera que el momento del anuncio no es casualidad: "Obviamente que la 'causa Vialidad' es el resultado del juicio por el que hoy está cumpliendo una condena Cristina Fernández de Kirchner. Fue el detonante tamibén, porque porque estamos muy, pero muy cerca, de tiempos electorales importantes, cruciales, para el gobierno nacional". "Son dos puntuales. Uno en septiembre, en un distrito importante para la República Argentina como es la provincia de Buenos Aires, y en el mes de octubre las elecciones nacionales a cargos por escaños en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados", prosigue. "Es un mensaje claro a ese electorado, que hoy lo acompaña en proyecciones en más del 30%. Entonces, no es casualidad, obviamente. Lo venía anticipando el Gobierno nacional, pero lo hace en este tiempo, entendiendo que es un tiempo también estratégico en términos electorales", mantiene al respecto el analista Germán Galarza. Leer tambiénLa Corte Suprema confirma la condena de Cristina Kirchner y su inhabilitación por corrupción "Argentina está implementando uno de los programas de estabilización más ambiciosos en la historia reciente de los mercados emergentes". Así comienza un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales, la principal institución global en este sector. Sin embargo, las reformas en áreas estratégicas generan alarma y preocupación, según afirma Marcelo Torres exdiputado y exsubsecretario de Transporte del gobierno kirchnerista: "Estamos en una situación muy grave, muy compleja. Hoy la Dirección Nacional de Vialidad tiene 5.500 empleados, trabajadores que tienen especializaciones muy específicas, agrimensores, ingenieros, que vienen hace muchos años trabajando en un país muy extenso". "Solamente el 10% de las rutas nacionales son autovías en Argentina, el resto están a cargo del mantenimiento del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto realmente va generar una tragedia para los ciudadanos de nuestro país", concluye. Por su parte, la Confederación General del Trabajo, uno de los sindicatos mas grandes en Argentina, advirtio que el cierre del organismo de Vialidad, así como el de las otras entidades ligadas a Seguridad Vial, pondrán en peligro a millones de personas que transitan por las rutas nacionales.

Analizamos las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno Trump de poner fin al Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses. Este permiso ha beneficiado durante años a ciudadanos de esos países residentes en Estados Unidos. Entrevistamos al experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez y al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields. La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua y Honduras fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Este programa, creado en 1999 tras los estragos del huracán Mitch en 1998, protegía de la deportación a miles de centroamericanos. La razón que dan las autoridades estadounidenses es la “mejora de las condiciones en sus respectivos países”, según anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se estima que la eliminación del TPS afectaría a unos 76.000 hondureños y a cerca de 4.000 nicaragüenses. El huracán Mitch, recordemos, dejó más de 11.000 muertos en la región. Para el experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez, la medida parece definitiva, aunque aún hay una posibilidad. "En Honduras vamos a elecciones en noviembre. Un nuevo presidente podría iniciar gestiones con el gobierno del señor Trump, hacer acercamientos y tal vez lograr, de alguna forma, que no se elimine el TPS. Pero si eso no ocurre, podemos darlo por concluido. Los hondureños tendrían que regresar, y Honduras claramente no está en condiciones de recibirlos. Si se fueron hace 26 años, las condiciones ahora no son mejores que en esa época", puntualiza. Si bien en Honduras las elecciones representan una esperanza para frenar la medida, en el caso de Nicaragua la situación es aún más grave. En algunos casos, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y residente en Estados Unidos, se trata literalmente de una cuestión de "vida o muerte". 'En Nicaragua hay una dictadura' "Hay congresistas que han dicho que, en el caso de Nicaragua, el TPS debe analizarse caso por caso. Porque no se trata simplemente de hacer maletas y regresar. Hay muchos que ya no tenemos país. En Nicaragua hay una dictadura que encarcela sacerdotes, que desaparece personas, incluidos presos políticos. Hay gente que muere en la cárcel por razones inexplicables. Esto no es una cuestión de geografía, ni de economía, ni de mudarse. No. Para el nicaragüense, es un asunto de vida o muerte. Y eso está más que comprobado. Lo hemos visto en muchos casos y en todo tipo de circunstancias", afirma McFields. Este anuncio llega dos semanas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la cancelación del TPS para unos 521.000 haitianos. Y también tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Trump retirar, por ahora, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos.