Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

La Fiscalía de Brasil pide condenar a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado al tratar de mantenerse en el poder pese a su derrota frente a Lula da Silva en las elecciones de 2022. Tras una larga investigación, la fiscalía ha presentado audios, mensajes y testimonios que así lo demostrarían. La Fiscalía de Brasil considera que hay pruebas suficientes para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado junto con otros cuatro cargos más, a saber "organización criminal armada", "tentativa de abolición violenta del Estado democrático", "violencia grave" y "deterioro del patrimonio protegido", cuyas penas máximas combinadas podrían superar los 40 años de cárcel. Tambíen pide que se condene a otros siete integrantes destacados de la trama, entre ellos exministros y altos cargos del ejército. El objetivo final de dicha trama, que resultó en la vandalización de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023 por parte de miles de simpatizantes de Bolsonaro, era aferrarse al poder y revocar la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en 2022. "Hay información y grabaciones, pero también el testimonio del coronel Mauro Cid, que era la persona más cercana a Bolsonaro". Marcos Cordeiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, estima que la petición de la fiscalía cuenta con una base sólida. "No se trata solamente lo que dice un testigo, sino que a partir de su testimonio se va tejiendo una red donde se van juntando los hechos. Por ejemplo, existe el testimonio de un general de la fuerza aérea y de otro general del ejército, quienes confirmaron que Bolsonaro presentó un borrador del golpe. No hay que subestimar la cantidad de información que se ha ido recopilando en este proceso", señala el académico. La investigación se vio no obstante sacudida por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, aliado ideológico de Bolsonaro. Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50 % a Brasil si la Fiscalía seguía adelante con la investigación, que calificó de "caza de brujas". Sin embargo, el apoyo de Washington a Bolsonaro ha tenido el efecto contrario al esperado. "El anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump creó un tsunami en la política de Brasil porque muchos de los empresarios que apoyaban a Bolsonaro tenían mucho recelo de que sus negocios fuesen perjudicados", explica Cordeiro. "Por ejemplo, el estado de São Paulo tiene una gran producción de café, y el mayor mercado de Brasil es Estados Unidos. En la ultima semana, la asociación de los aranceles con Bolsonaro ha creado una conmoción en el país en la que se le considera un traidor de la patria". El actual presidente brasileño Lula da Silva ha declarado que tratará de negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero ha prometido responder con tasas equivalentes si estos llegan a entrar en vigor. Además, el mandatario ha condenado la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña.

Los actores de doblaje y otros trabajadores de empresas artísticas y de entretenimiento en México salieron a las calles el 13 de julio para protestar contra la falta de regulación a las inteligencias artificiales y exigir una mejor protección de los derechos laborales y creativos. “Gracias por salir a votar, porque tu presencia, tu voto, tu decisión, cuentan”: la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat (2018), recreada por la inteligencia artificial en un spot del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se agradecía a la ciudadanía por participar en las elecciones del Poder Judicial, fue la gota que rebosó el vaso. “La IA no reemplaza” Desde hace dos años, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC) ya venía denunciando la apropiación de voces, coincidiendo con el descenso de demanda en este gremio artístico. El pasado fin de semana, intérpretes, técnicos, músicos, locutores, productores, presentadores se congregaron en el Monumento a la Revolución de Ciudad de México, bajo el lema “La IA no reemplaza”, para defender el derecho a que sus imágenes, voces y obras no sean replicadas sin autorización. “No, no estamos en contra de la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa y nos ayuda en algunos procesos. Lo que no estamos de acuerdo es que sea un reemplazo del humano. Queremos que sea un acompañante, pero no que nos quite trabajos, no que desaparezca a las personas que se han dedicado a esta industria durante toda su vida, que además de robarnos la voz, la pongan en donde ellos quieren y suplanten nuestra identidad para quedarse con todo el crédito”, explica a RFI Lili Barba, la presidenta de AMELOC. “Debemos estar súper unidos, necesitamos que las leyes ahora sí nos protejan desde derechos de autor, desde protección de datos personales, la ley de cinematografía, la ley de radio y televisión. Justo hablan de proteger a este gremio y ojalá, de verdad, ojalá que pase esta ley”, subraya. “Profesión muy importante” Tras las protestas, el caso escaló hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también condenó el uso de la IA para replicar la voz del actor sin consentimiento, abriendo un fuerte debate sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y ética en el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas. “Es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años y hay que proteger su trabajo, pero también su voz”, expresó la presidenta mexicana. De momento, parece ser que la lucha de las voces profesionales mexicanas no fue en vano y como en la mayoría de los dibujos animados, podría contar con un final feliz.

La residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, del 11 de julio al 14 de septiembre, tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos, según datos de la alcaldía de San Juan. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios a la organización de recorridos por su municipio natal. Más allá de una gira que promete ser histórica, "Debí Tirar Más Fotos" es una reivindicación de la cultura puertorriqueña. El rapero Bad Bunny revoluciona Puerto Rico con una residencia artística de 30 conciertos en el Coliseo. Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida, destaca la importancia de este acontecimiento en la antena de RFI: "Tiene un mensaje eminentemente político. Bad Bunny da un ejemplo de cómo puede usarse el arte con el fin de hacer una inyección económica pero también es una inyección de orgullo y de fortalecimiento a los puertorriqueños". Varios estudios afirman que los conciertos supondrán un ingreso de entre 200 y 300 millones de dólares y generarán más de 3000 mil empleos. Pero también hay que considerar estas funciones como un homenaje a la cultura y la identidad latina, y especialmente puertorriqueña, en Nueva York."Entiendo que Bad Bunny está dando un ejemplo de la fortaleza cultura que recae en los puertorriqueños y que, a pesar de todas las violencias que hemos históricamente recibido, somos profundamente fuertes y talentosos" dice Sheilla Rodríguez en RFI. La isla vive una revolución que va más allá de los conciertos. Desde la venta de accesorios relacionados con Bad Bunny como la tradicional pava (sombrero de paja), a la organización de recorridos por su municipio natal y las publicaciones de un diccionario para entender sus letras y un estudio científico sobre su música. El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, que se llevarán a cabo todos los fin de semana desde el 11 de julio hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Benito ha usado su música para abordar la lucha contra la gentrificación, la privatización de los recursos naturales o los cortes de energía. "El contenido de las canciones es una denuncia. Utilicemos la música para resistir" sentencia Sheilla Rodríguez, profesora del departamento de estudios socioculturales de la Universidad de Florida. Esta residencia artística ha batido todos los records: vendió 400.000 boletos en tan solo 4 horas y supera las noches de conciertos consecutivas de otras leyendas del reggaeton como Daddy Yanki o Wisin y Yandel. Sin duda, un evento que Puerto Rico nunca va a olvidar. Influencia hasta en la lingüística Al generar tanta expectación la residencia, han surgido en el último mes varias iniciativas curiosas para explicar las letras de Bad Bunny y para estudiar el impacto de su música en la química cerebral. La lexicógrafa puertorriqueña Maia Sherwood Droz creó el diccionario ‘El ABC de DtMF’, que define el vocabulario puertorriqueño y referencias culturales como lugares, nombres de personas y menciones musicales con ejemplos tomados de las 17 canciones del álbum. Por su parte, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó un análisis en el que asegura que la música de Bad Bunny activa neurotransmisores, como dopamina, serotonina y oxitocina, generando placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad.

El presidente de los Estados Unidos asesta un nuevo golpe en su guerra comercial e impone un arancel adicional del 50% a Brasil. Un ataque que llega después de una jornada marcada por las tensiones diplomáticas entre ambos países debido al apoyo que Trump expresó por el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpe de Estado. Brasil por su parte, prometió reciprocidad arancelaria si estas amenazas llegaran a cumplirse. "Brasil no ha sido nada bueno con nosotros", dijo Trump a los periodistas este miércoles durante una cumbre con representantes de varios países africanos. Una acusación que se ha traducido en la implementación de un 50 % de aranceles sobre todos los productos brasileños. La medida, llega después de las tensiones entre ambos países por las declaraciones de Trump en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero Roberto Goulart, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que el hecho está relacionado con las relaciones que Brasil tiene con China: “Trump tienta afectar todos los países que tienen relaciones estrechas con China, Brasil es uno de esos países. Entonces Trump en vez de hablar directamente a Brasil, utiliza un instrumento de política comercial para intentar convencer a la fuerza de que Brasil no tiene que tener relaciones con China”. Las consecuencias fueron inmediatas. El real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar tras esta noticia. Goulart asegura que es una medida desproporcionada. “Estas medidas son casi un enfrentamiento al gobierno Lula y toda la industria brasileña, entonces en este momento Trump anuncia una tarifa que prácticamente puede paralizar el comercio entre Brasil y Estados Unidos”. El presidente de Brasil ya dejó claro tras la cumbre de los BRICS, la asociación comercial que comparte con 11 países, entre ellos Rusia y China; que su país "no quiere un emperador". Aun así, hay que plantearse que rumbo tomará Brasil para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos. “Creo que Brasil no tiene otro camino, sino seguir negociando, seguir insistiendo en que la diplomacia tiene que resolver las cosas, pero Trump es un presidente chantajista, es un presidente que quiere siempre llegar a un resultado, muchas veces con diálogo o utilización de instrumentos coercitivos. Entonces, pero Brasil no puede ceder a las voluntades personales de Donald Trump”, agregó el analista. Posible reciprocidad arancelaria Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió este miércoles que Brasil puede actuar en "reciprocidad" si Trump cumple su amenaza de imponer aranceles de 50% a los productos brasileños. Lula indicó que el proceso en la Corte Suprema contra Bolsonaro, un ultraderechista que gobernó desde 2019 a 2022, "es solo competencia de la justicia brasileña y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de injerencia o amenaza". Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable de liderar una "organización criminal" para impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Brasil cuenta con una Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso, que da herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales. Este texto fue aprobado luego de que Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones de varios países. De su lado, Trump ha advertido que sancionará cualquier represalia a estas medidas, que entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, Washington deja abierta la puerta a negociaciones.

El presidente argentino Javier Milei, mediante un decreto, ordenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, entidad pública responsable de administrar, ejecutar y supervisar obras viales a nivel nacional. En su lugar, se creará la 'Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte' para fiscalizar las concesiones viales. La medida del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad se tomó antes de que venciesen los 'superpoderes' que el Congreso otorgó al presidente argentino Javier Milei por un año para ejercer ciertas funciones del Poder Legislativo. Germán Galarza, analista político, comenta las razones detrás de este decreto: "Hay que decir que la gestión de Milei ya venía anticipando que Vialidad era uno de los apuntados para cerrar, entendiendo que había desmanejos, que se podía -lo dice el Gobierno- ahorrar muchísimo dinero y entendiendo que no cumplía sus funciones". Galarza considera que el momento del anuncio no es casualidad: "Obviamente que la 'causa Vialidad' es el resultado del juicio por el que hoy está cumpliendo una condena Cristina Fernández de Kirchner. Fue el detonante tamibén, porque porque estamos muy, pero muy cerca, de tiempos electorales importantes, cruciales, para el gobierno nacional". "Son dos puntuales. Uno en septiembre, en un distrito importante para la República Argentina como es la provincia de Buenos Aires, y en el mes de octubre las elecciones nacionales a cargos por escaños en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados", prosigue. "Es un mensaje claro a ese electorado, que hoy lo acompaña en proyecciones en más del 30%. Entonces, no es casualidad, obviamente. Lo venía anticipando el Gobierno nacional, pero lo hace en este tiempo, entendiendo que es un tiempo también estratégico en términos electorales", mantiene al respecto el analista Germán Galarza. Leer tambiénLa Corte Suprema confirma la condena de Cristina Kirchner y su inhabilitación por corrupción "Argentina está implementando uno de los programas de estabilización más ambiciosos en la historia reciente de los mercados emergentes". Así comienza un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales, la principal institución global en este sector. Sin embargo, las reformas en áreas estratégicas generan alarma y preocupación, según afirma Marcelo Torres exdiputado y exsubsecretario de Transporte del gobierno kirchnerista: "Estamos en una situación muy grave, muy compleja. Hoy la Dirección Nacional de Vialidad tiene 5.500 empleados, trabajadores que tienen especializaciones muy específicas, agrimensores, ingenieros, que vienen hace muchos años trabajando en un país muy extenso". "Solamente el 10% de las rutas nacionales son autovías en Argentina, el resto están a cargo del mantenimiento del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto realmente va generar una tragedia para los ciudadanos de nuestro país", concluye. Por su parte, la Confederación General del Trabajo, uno de los sindicatos mas grandes en Argentina, advirtio que el cierre del organismo de Vialidad, así como el de las otras entidades ligadas a Seguridad Vial, pondrán en peligro a millones de personas que transitan por las rutas nacionales.

Analizamos las consecuencias que tendrá la decisión del gobierno Trump de poner fin al Estatuto de Protección Temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses. Este permiso ha beneficiado durante años a ciudadanos de esos países residentes en Estados Unidos. Entrevistamos al experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez y al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields. La decisión de poner fin al TPS para Nicaragua y Honduras fue tomada por el gobierno de Donald Trump. Este programa, creado en 1999 tras los estragos del huracán Mitch en 1998, protegía de la deportación a miles de centroamericanos. La razón que dan las autoridades estadounidenses es la “mejora de las condiciones en sus respectivos países”, según anunció este lunes la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Se estima que la eliminación del TPS afectaría a unos 76.000 hondureños y a cerca de 4.000 nicaragüenses. El huracán Mitch, recordemos, dejó más de 11.000 muertos en la región. Para el experto en derecho internacional hondureño Graco Pérez, la medida parece definitiva, aunque aún hay una posibilidad. "En Honduras vamos a elecciones en noviembre. Un nuevo presidente podría iniciar gestiones con el gobierno del señor Trump, hacer acercamientos y tal vez lograr, de alguna forma, que no se elimine el TPS. Pero si eso no ocurre, podemos darlo por concluido. Los hondureños tendrían que regresar, y Honduras claramente no está en condiciones de recibirlos. Si se fueron hace 26 años, las condiciones ahora no son mejores que en esa época", puntualiza. Si bien en Honduras las elecciones representan una esperanza para frenar la medida, en el caso de Nicaragua la situación es aún más grave. En algunos casos, dice Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y residente en Estados Unidos, se trata literalmente de una cuestión de "vida o muerte". 'En Nicaragua hay una dictadura' "Hay congresistas que han dicho que, en el caso de Nicaragua, el TPS debe analizarse caso por caso. Porque no se trata simplemente de hacer maletas y regresar. Hay muchos que ya no tenemos país. En Nicaragua hay una dictadura que encarcela sacerdotes, que desaparece personas, incluidos presos políticos. Hay gente que muere en la cárcel por razones inexplicables. Esto no es una cuestión de geografía, ni de economía, ni de mudarse. No. Para el nicaragüense, es un asunto de vida o muerte. Y eso está más que comprobado. Lo hemos visto en muchos casos y en todo tipo de circunstancias", afirma McFields. Este anuncio llega dos semanas después de que un juez federal bloqueara temporalmente la cancelación del TPS para unos 521.000 haitianos. Y también tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno de Trump retirar, por ahora, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos.

El Cono Sur está enfrentando una ola de frío con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en la Patagonia, un fenómenos al mismo tiempo intenso y excepcional, dijo a RFI el climatólogo chileno Raúl Cordero, profesor en la Universidad de Santiago. El país más afectado es Argentina, aunque el fenómeno también impacta a Chile y Uruguay. La causa es una masa de aire polar que se escapó desde la Antártica. "Esta ola de frío fue un escape de una masa desde los polos hacia latitudes medias, en este caso hacia el Cono Sur: Argentina, Chile, sur de Brasil. Como estamos en invierno austral, era esperable que este escape de masa de aire frío trajera temperaturas bajas, y en algunos casos fueron récords históricos. Así que se trató de un evento intenso. Lo usual es que las masas de aire cálido permanezcan 'atrapadas', confinadas al trópico, y las masas de aire frío permanezcan confinadas a los polos. Pero a veces se puede escapar una u otra", explica Raúl Cordero. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso: olas de calor en Europa, de frío en el Cono Sur. ¿Qué tan preparados estaban los gobiernos para una situación así? "Desgraciadamente, al ser un evento récord, era poco esperable que los países estuvieran preparados", responde Raúl Cordero, profesor de la Universidad de Santiago. Hemisferio norte, el peor de los mundos "En el hemisferio norte es otra historia, pero en el hemisferio sur las olas de frío van disminuyendo en frecuencia. Es decir, a pesar de que estamos en invierno austral, este es un evento extraordinariamente inusual. Es diferente a lo que pasa con las olas de calor, que van en aumento en frecuencia e intensidad en todo el mundo. Entonces, la gente está cada vez más 'preparada'. Por ejemplo, la ola de calor que golpeó a Francia estos días fue muy intensa, pero no va a causar, ni de cerca, los 70.000 muertos que provocó la ola de calor de agosto de 2003 en Francia. ¿Por qué? Porque en esa época Francia, ni Europa, estaban habituadas o preparadas para eventos de calor como los de ahora. En cambio, hoy están mucho, mucho más preparados. Acá es la misma historia, pero con el frío. Cada vez hay más olas de calor, pero cada vez menos olas de frío. Este evento tomó por sorpresa a la población en ambos lados de la cordillera, en el Cono Sur". El climatólogo subraya también la desigualdad del impacto del cambio climático. "El vórtice polar, el vórtice ártico, se está debilitando, y los escapes de masas de aire frío en invierno en el hemisferio norte van al alza. Entonces, en el hemisferio norte es como 'el peor de los mundos', porque aumentan tanto las olas de calor como las olas de frío".

Es una notificación histórica y muy esperada por las organizaciones medioambientales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los países de la OEA están obligados a proteger a la población frente al cambio climático. El proceso consultivo impulsado por Colombia y Chile ha sido el de mayor participación en la historia de la Corte. Los efectos del cambio climático vulneran los derechos humanos y deben ser protegidos. Este es el mensaje inédito que concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su notificación de opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en 2023. “Importante para todos los actores” El tribunal con sede en Costa Rica destacó que el derecho a un ambiente sano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto debe cumplirse. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte IDH, resalta la decisión como histórica y recuerda la responsabilidad de actores estatales y civiles para que los marcos jurídicos funcionen. “Yo creo que el siguiente paso para los Estados es tomar en serio esta opinión consultiva y empezar a utilizarla en el diseño de sus políticas públicas. También creo que es muy importante que la tengan en cuenta los tribunales internos, que la sociedad civil también conozca esta opinión consultiva y vea hasta dónde puede llegar. Es decir, todos los actores. Esta es una opinión consultiva que es importante para todos los actores de nuestra sociedad”, estima Saavedra. “Conectar la crisis climática con los derechos humanos” Luisa Gómez, abogada para el Centro Internacional del Medioambiente (CIEL), subraya por su parte la participación histórica en la consulta que viene de una necesidad de actuar ante los daños medioambientales. “La participación de comunidades, pueblos étnicos, organizaciones de la sociedad civil, Estados, denunciando todos los impactos y los efectos de la crisis climática en sus territorios fue monumental. Ha sido la necesidad de conectar la crisis climática con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a un aire limpio”, explica. “Entonces esta oportunidad fue histórica, justamente para que las personas le dijeran a los jueces: ‘Así estamos sufriendo la crisis climática, que está cambiando la forma en la que vivimos y como nos relacionamos con el planeta y además está influyendo negativamente en la garantía de nuestros derechos’. Por eso los Estados y otros actores, como las empresas, tienen que respetar y garantizar los derechos en el contexto de la crisis ambiental climática”, recalca. Luisa Gómez asegura que esta decisión no solo involucra a América Latina y el Caribe, sino que también impulsa un marco legal global para proteger el planeta.

Durante la cumbre semestral que se lleva a cabo en Buenos Aires, el Mercosur anunció que concluyó las negociaciones para un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio que incluye a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones empezaron en 2017, pero no fue sino hasta este miércoles que el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) dieron luz verde al acuerdo que permitirá la exportación e importación de bienes y servicios en una zona con casi 300 millones de personas. Energía renovable Henrique Choer Moraes, diplomático que representa a Brasil en las negociaciones del Mercosur, destacó la variedad de este acuerdo que va desde la agricultura hasta las centrales de datos. “Es muy amplio ese abanico, abarcando vinos, por ejemplo, pasando por la industria, pero también hay un compromiso muy importante que alcanzamos con la EFTA: nosotros introducimos este compromiso de que la exportación de servicios digitales está supeditada al hecho de que la matriz energética del país que exporta sea del 67% por lo menos de fuentes de energía renovable”, explica Henrique Choer Moraes. Es “un ejemplo para que otros países imiten, porque desde nuestro punto de vista, esto es un ejemplo concreto de algo que los europeos hablan mucho pero no hacen tanto como a nosotros nos gustaría, y es la interfase entre comercio y desarrollo sostenible. Estamos hablando aquí de comercio, de servicios de una forma sostenible”, recalca. A la espera de la Unión Europea La Unión Europea ha sido todo un desafío para los socios del Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia: en diciembre pasado y tras 25 años de negociaciones, firmaron un acuerdo que sigue sin ser ratificado y enfrenta una fuerte oposición de Francia. El representante de Brasil se muestra sin embargo optimista: “No sería la primera vez en Europa que un acuerdo va a ser sometido a un debate muy acalorado. Pero a pesar de todo eso, estamos confiados porque el contexto global ayuda cada vez más a confirmar la importancia, no solo económica pero estratégica, de que Europa pueda avanzar rumbo a la ratificación del acuerdo con Mercosur. El anuncio del acuerdo con EFTA tendrá también algún impacto en los debates, porque Europa está viendo que el Mercosur no está parado”, estima. Actualmente el Mercosur está en conversaciones comerciales con Emiratos Árabes Unidos y según el diplomático brasileño, Canadá y Japón son algunos de los futuros objetivos.

Hace tres meses, el excapitán del ejército nicaragüense, Aníbal Martín Rivas Reed, fue detenido en Matagalpa, al norte del país. Hace unos días su familia se enteró que Rivas Reed fue juzgado arbitrariamente y condenado a 50 años de cárcel por el delito de traición a la patria. Aunque su única infracción sería abandonar las filas del ejército hace 20 años y alzar la voz como disidente, según nos comentó su hija Sadie Rivas. “Yo creo que lo que pudo haber hecho mal mi papá, es que la honestidad, la valentía y, sobre todo, los principios básicos de lo que los instó incluso en algún momento a luchar por su país, son lo que a ellos no les compete”, explica Sadie Rivas en cuanto a las razones de la condena de su padre, el excapitán nicaragüense Aníbal Martín Rivas Reed. Según ella, los valores con los que se crio su padre y que hicieron que se rebelara ante “ellos y todo lo que estaba sucediendo, para ellos eso es más que suficiente”. La detención y encarcelación de su padre se engloba dentro de una nueva envestida represiva de opositores que incluye exmilitares, exalcaldes y exconcejales. Un grupo de 14 personas que fueron detenidas por el régimen de Daniel Ortega hace varios meses y de las que hasta la fecha no hay información. “También antes de esta redada, en el 2023, habían sido detenidos unos señores retirados del Ejército, cuyo paradero se desconoce. No se sabe dónde están desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se los llevaron. No se sabe en qué condiciones los tienen y mucho menos si continúan con vida”, denuncia Sadie Rivas. Paradero desconocido Y su temor se acrecienta tras la noticia del asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam: “A don Roberto lo conozco desde el 2018, cuando ambos nos tuvimos que exiliar en Costa Rica, y también porque estuvo muchísimo tiempo presente, siendo un crítico muy fuerte del régimen y una cara muy visible”, cuenta Sadie. “Y él era una de las personas también que tomaba muchísimas medidas de seguridad y eso era como una amenaza más latente a la inseguridad que tenemos nosotros, y sobre todo a las personas que estamos en este momento siendo rostros visibles, denunciando las arbitrariedades que comete el régimen”, recalca. Ante el incremento durante los últimos meses de detenciones forzadas en Nicaragua, organismos de derechos humanos piden “pruebas de vida” de esas personas que fueron detenidas por el régimen y de las que hasta la fecha no hay información. La última en sumarse fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instó al Estado a informar sobre el paradero y las condiciones de reclusión de estas personas.

Los delitos sexuales contra menores ya no prescribirán por lo civil en México, así lo decidió la Corte Suprema de ese país. Esta sentencia abre el camino a las víctimas de ese tipo de abusos para que obtengan justicia por la vía civil sin que se apliquen plazos de prescripción. La violencia sexual contra niños y adolescentes es "imprescriptible", así lo juzgó por unanimidad la Corte Suprema de México al fallar a favor de la cantante Sasha Sokol, quien denunció abusos por parte de su ex productor, Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años e integraba un famoso grupo musical. Este caso fue muy mediatizado por tratarse de dos personajes del ámbito artístico. Kendra Carrión Vivar, doctora en Ciencias Políticas y profesora adjunta en el Tecnológico de Monterrey de México, recalca la importancia de este dictamen. “Es un gran precedente para las víctimas de abuso sexual, no sólo para los menores actuales sino también para todas aquellas personas que siendo niñas pudieron ser víctimas de esos horrorosos delitos. Es importante saber que esta decisión se toma en el ámbito de lo civil y en México la imprescriptibilidad ya operaba en lo penal, pero en materia civil había plazos de dos a diez años, así que la víctima no acudía en estos plazos, ya no podía alegar daños morales”, explica a RIF Kendra Carrión. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil, con más de 4,5 millones de menores afectados anualmente. Montserrat Villamar, coordinadora nacional de abogacía de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS México, informa sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia mexicano en el proceso de denuncia de casos de abuso sexual. “Este tipo de problemáticas está normalizado y el sistema de justicia en México puede ser ‘revictimizante’ porque es un proceso muy largo y muy complejo. Inhiben más bien que las víctimas denuncien. Este precedente de la Corte Suprema ayuda y da certeza jurídica a las víctimas y a organizaciones”, asegura a RFI Villamar. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia mexicano condenó al ex productor de Sasha Sokol por daño moral, le ordenó disculparse con la cantante y pagar una indemnización por reparación del daño, la cual se fijaría posteriormente.

La Fiscalía de Colombia pidió esta semana una condena por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe. Es el primer exmandatario colombiano en enfrentar un juicio penal en la historia del país. Entrevistamos al senador Iván Cepeda sobre este caso. Desde hace más de un año, el expresidente colombiano Álvaro Uribe es juzgado por supuestas presiones a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los escuadrones antiguerrillas. Cadena de falsos testimonios Este histórico proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por “buscar testimonios falsos” en cárceles para vincularlo con paramilitares. El senador, por su parte, acusa al expresidente de falsificar la verdad. “Uribe ha desplegado un inmenso esfuerzo por intentar eludir su responsabilidad penal, y el problema es que se ha desatado en cadena este intento de falsificar la verdad. Entonces se han ido acumulando los falsos testigos. Él tiene unos abogados oficiales, pero contrató unos abogados en la sombra. Personas que, francamente, han actuado de una manera delictiva. El abogado principal que utilizó Uribe para esa clase de manejos ilegales está hoy en juicio también, el señor Diego Cadena, que es un abogado que se hace llamar a sí mismo ‘abogánster’”, explica Cepeda. “Y hay otros intervinientes que han sido testigos o intermediarios de testigos que también están en juicio. Este juicio lo están afrontando también en otros escenarios, otras cinco personas. Y hay 19 de esos falsos testigos que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado investigar. Entonces, el aparato que ha actuado está hoy seriamente interpelado por la justicia”, prosigue. “Está marcando un camino” La fiscal a cargo del caso, Marlene Orjuela, declaró en una audiencia que las pruebas sobre la responsabilidad del expresidente son “concluyentes”. El juicio avanza contra reloj, debido a que puede prescribir la segunda semana de octubre si no hay veredicto. Sin embargo, el senador Cepeda se muestra optimista y recalca la importancia de este juicio. “En Colombia ha existido una especie de manto de impunidad, de escudo de impunidad, para proteger a quienes han ejercido las máximas responsabilidades y quienes tienen el mayor poder en la sociedad colombiana. Así que esto está marcando un camino. Y es que no solamente guerrilleros, paramilitares, militares, sino también civiles que tradicionalmente han escapado a la justicia, sean llamados a rendir cuentas”, estima. “Ahora bien, esto también puede, si se interpreta correctamente, ser un camino hacia la reconciliación, hacia la paz, porque el poder satisfacer la justicia y los derechos de las víctimas es una base sólida para la paz y para la democracia”, concluye. Desde el inicio del juicio, Álvaro Uribe ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un juicio con motivos políticos. Se espera que a finales de julio la jueza Sandra Heredia pueda emitir un fallo.

Ecuador aprobó una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados al crimen organizado, una medida adoptada en medio de una ola de violencia sin precedentes que mantiene en jaque a las fuerzas del orden. Esta violencia es atribuida en gran parte al narcotráfico. El Congreso de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye medidas para endurecer las penas contra menores de edad. Algunas de las reformas de esta ley, aprobada con 84 votos a favor sobre 148 legisladores, están generando gran preocupación en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes. “Perpetuar la violencia y acrecentarla” Estas organizaciones temen que los menores no solo sean imputados como adultos, sino que también sean encarcelados junto con presos mayores de edad. Eva Peñafiel, subdirectora nacional y vocera de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS, es una de las voces que rechazan esta medida. “Si un adolescente de 14 o 13 años comete un delito, podría estar juzgado como adulto y tener una condena de 15 años en una cárcel común. Hay otro elemento importante que hay que ver: no van a estar inmersos en circuitos específicos para adolescentes. Ya de plano en el país no tenemos una estructura o un marco de justicia juvenil adecuada que rehabilite a adolescentes. Hay un sistema que lo que hace muchas veces es perpetuar la violencia y acrecentarla en estos circuitos”, explica. “Nosotros, junto con otras organizaciones, nos sumamos a este rechazo público y de exigibilidad constante de que pueda ser revisada la ley, que se nos convoque a las organizaciones que trabajamos por la protección de derechos. Que esto sea un proceso mucho más reflexivo”, recalca Peñafiel. “Construir un enemigo simbólico” La Ley Orgánica de Integridad Pública es el segundo proyecto de ley del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes. Las medidas defendidas en esta ley buscarían reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Santiago Cuahuasqui, abogado e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se muestra escéptico y crítico respecto a la efectividad y a las intenciones de esta ley. Para él, se trata más bien de “un cálculo político, porque justamente se está tratando de construir un enemigo simbólico, viendo justamente al menor delincuente para mostrarse mano dura, que es algo que la población ve con buenos ojos. Sin embargo, esta mano dura no se ve que va en contra de las economías criminales y del corazón del crimen organizado, sino más bien en contra de los menores delincuentes, de los menores infractores en los sectores con mayor desigualdad social, con mayor pobreza”. “Son esos sectores los que pasan a engrosar al crimen transnacional. Y sin embargo, estos sectores a los cuales se les ha imposibilitado seguir con los estudios secundarios o tener oportunidades de trabajos juveniles, por ejemplo, son a los que la fuerza pública los toma como una estrategia de mano dura para demostrar la eficacia del Gobierno”, denuncia Cuahuasqui. El año pasado, en Ecuador, más de 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según datos del Ministerio del Interior.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese. La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

El presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia tras casi dos meses de protestas antigubernamentales concentradas en la provincia de Bocas del Toro. El gobierno afirma haber retomado el control de la situación. Lina Vega, presidenta de la fundación Libertad Ciudadana, denuncia una lucha de poder que 'está destruyendo a Panamá'. Desde hace más de dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Hasta el momento, han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías, según las autoridades. Estas manifestaciones, que estallaron con la reforma del sistema de pensiones, han despertado la ira de una población descontenta desde hace años por múltiples razones. "Panamá requiere una reforma de Estado profunda", opina Lina Vega. "Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Esta cantidad de situaciones nunca resueltas ha hecho crisis en este momento. La Ley del Seguro Social, la ley de reforma a las pensiones, ha sido como la chispa que encendió esto", sostiene. Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios. Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las manifestaciones. En este momento, las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia. El gobierno fracasó en alcanzar un acuerdo pacífico "La gente que actúa por fuera de la ley se aprovecha. Pero no era la gente de la protesta, no son los profesores ni los bananeros. Es gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación, se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Estamos viviendo una situación muy complicada", dice Vega. "Cuando pasen los cinco días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados en la provincia: si van a seguir con la protesta o si se van a sentar a dialogar con el gobierno. E, igualmente, qué va a hacer el gobierno frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía y que está provocando también una violación de derechos humanos", concluye. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y de la explotación del banano —producto que representa más del 17 % de las exportaciones de Panamá— podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.

Mafalda, la rebelde preguntona llegó a Estados Unidos de la mano de Elsewhere Editions por primera vez en más de 60 años de existencia, luego de estar traducida en unos 30 idiomas y ser un éxito internacional. Pero, ¿estarán preparados para la mirada ácida de la niña consentida de Quino? Mafalda, la niña que odiaba la sopa, pisa por primera vez suelo estadounidense en inglés, de la mano de la editorial Elsewhere Editions con una colección de cinco volúmenes lista para causar el furor que tuvo en América Latina y algunos países de Europa. La obra fue traducida incluso al mandarín, pero no al inglés. De hecho, en Estados Unidos es una casi desconocida. Kuki Miller, directora de Ediciones de La Flor, la casa editorial de Mafalda, y amiga de Joaquín Salvador, su autor, más conocido como Quino, se pregunta si Estados Unidos ahora sí estará preparado. “Me encanta que se haya concretado, por supuesto, porque nosotros mucho tiempo intentamos y contestaban que no era para Estados Unidos. Incluso una de las editoriales grandes: primero dijeron que sí, después que había ido a los subsectores y los lectores habían opinado que no era posible hacerlo. Te estoy hablando de hace muchos años”, recuerda Miller. Leer tambiénMafalda, la niña rebelde, llega para sacudir los Estados Unidos de Trump “Entonces, la mujer de Quino, que era la que tenía particular interés, y se le había expuesto que había que publicarlo en inglés. Ella no hablaba de Estados Unidos, sino del idioma, insistió con nosotros. Hasta que finalmente dijo: ‘Y si no se puede hacer afuera, lo hacemos aquí’. Entonces hicimos nosotros en la Argentina una edición en inglés, pero se vendía aquí en colegios de habla inglesa, a muchos turistas, con la curiosidad de saber qué era este personaje tan famoso preferían llevárselo en inglés. Obviamente se exportaba, pero es muy pequeñas cantidades. Así que si esto tiene éxito, me parecería fabuloso”, dice. Kuki Miller destaca los valores universales que hacen de Mafalda toda una sensación internacional. “Es humanista, es pacifista en este momento y en cualquier otro. Realmente, los problemas continúan iguales. Le tapás Vietnam y le ponés Gaza, y sigue siendo el mismo problema, ¿no?, es la base del pensamiento de Mafalda”, opina. Personajes como Manolito, Susanita y Felipe representan las corrientes ideológicas y sociales que agitaron la política argentina e internacional en la década de los 60 y 70, pero que, a su vez, siguen vigentes, pues ya en los años 90 Quino atribuye el éxito de su obra a que la sociedad no ha cambiado.

Roberto Samcam, mayor retirado del ejército de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega y figura de la oposición en el exilio, fue asesinado a tiros en las afueras de San José, Costa Rica. Medios y activistas nicaragüenses en el exilio sospechan que se trata de un nuevo caso de represión transfronteriza atribuible al régimen Ortega-Murillo. El crimen ha causado conmoción entre la comunidad nicaragüense exiliada, según advierte Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU). Samcam, quien integró el antiguo Ejército Popular Sandinista antes de pasar a la disidencia, era codirector del Grupo Patriótico de Militares Retirados, un colectivo abiertamente crítico del gobierno de Managua. Desde 2018 vivía exiliado junto a su esposa en Costa Rica. Su asesinato, ocurrido este jueves, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades exiliadas. Muchas miradas apuntan hacia el régimen nicaragüense, acusado de extender su política represiva más allá de sus fronteras. Jhoswel Antonio Martínez, también refugiado en Costa Rica, denuncia que no se trata de un caso aislado. Persecución a opositores nicaragüenses en Costa Rica "Existe una represión transfronteriza por parte del régimen de Nicaragua hacia opositores. Hay muchas personas, incluido yo mismo, que hemos recibido amenazas y persecución desde que estamos en Costa Rica. Estas acciones incluyen tomas de fotografías al salir de casa o del trabajo, y mensajes en redes sociales desde cuentas falsas o bots que dicen: 'sabemos dónde estás', 'sabemos lo que haces'. Son advertencias para que uno deje de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Se conocen al menos cinco casos de atentados contra opositores que habían reportado amenazas previas y que, como Samcam, no necesariamente tenían un perfil alto", señala Martínez. Comunidad nicaragüense en el exilio está muy afectada El impacto entre la diáspora nicaragüense es profundo, especialmente por la cercanía del asesinato de Samcam con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio. "Créeme que el impacto ha sido muy fuerte, tanto en la salud mental como en la percepción de seguridad. Este asesinato ocurre en torno a una de las fechas más sensibles para nosotros. Roberto Samcam era refugiado, tenía protección internacional. Su muerte nos afecta porque nos recuerda quiénes somos: personas que debimos huir. El temor se ha intensificado y hay riesgo real de que se desate una paranoia colectiva entre los opositores refugiados en Costa Rica", concluye Martínez.

En Argentina, decenas de miles de personas se manifestaron a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que vio ratificada su condena a 6 años de prisión domiciliaria y inhabilitación de por vida, por el caso de corrupción conocido como Causa Vialidad. Los simpatizantes de la expresidenta se concentraron en la Plaza de Mayo y las calles aledañas de Buenos Aires, con tambores y banderas nacionales. A pesar de una condena de seis años por corrupción y su actual arresto domiciliario, la influencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibe el apoyo de una parte de los argentinos. Una masiva manifestación en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires ha dejado claro que su capital político no se ha extinguido, abriendo un intenso debate sobre el futuro del Kirchnerismo y quién podría tomar las riendas del movimiento. "¡Te amamos, Cristina!", "¡Vas a volver, Cristina!", gritaban la víspera simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner al pie de su balcón. El martes, la ex presidenta de Argentina comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción. Leer tambiénCristina Fernández cumplirá su condena por corrupción en prisión domiciliaria Para sus partidarios, la causa judicial no es más que una excusa. Como explica la abogada y periodista Lourdes Marchesse, la propia expresidenta enmarcó su situación ante la multitud como un intento de proscripción. "Ella misma planteó que no la quieren en las elecciones y que por eso la sacan de la cancha con esta condena", señala Marchesse, quien recuerda que, más allá de las percepciones políticas, el caso judicial fue un proceso extenso que duró 17 años. La gran pregunta que surge es si, a pesar del arresto domiciliario, Cristina Kirchner podrá seguir ejerciendo su liderazgo. La respuesta parece ser un rotundo sí, aunque de una manera diferente. "Primero y principal, Cristina ya no puede ejercer ningún cargo público", aclara Marchesse. "Ella puede ejercer un liderazgo desde atrás". Este poder intangible se fundamenta en una carrera política que la consolidó como una figura central en la historia reciente de Argentina. "Cristina te puede gustar o no como política, pero nadie puede negar que ella es una líder", afirma Marchesse. "Fue dos veces presidenta de la nación, antes había sido senadora, fue diputada. Entonces, tiene un gran liderazgo". ¿Quién Tomará las Riendas del Kirchnerismo? Con la líder principal legalmente inhabilitada para ocupar cargos, la mirada se dirige a sus posibles herederos políticos. El periodista y analista argentino Eduardo Aulicino destaca dos nombres que suenan con fuerza para tomar el control del movimiento: su hijo, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, para Aulicino, las balanzas se inclinan claramente hacia uno de ellos. "Yo creo que, por lo menos en esta primera etapa, Axel Kicillof por ahora asoma como el único integrante del Kirchnerismo con vocación de tener un proyecto presidencial dentro de dos años", analiza. En contraste, el rol de Máximo Kirchner parece estar más limitado al círculo interno del poder. "Máximo puede aparecer como principal operador, incluso ahora como voz autorizada de Cristina detenida, pero no tiene ascendentes fuera de la estructura kirchnerista", explica Aulicino. Agrega un dato contundente: "Es más, todos los estudios de opinión dicen que tiene una imagen muy, muy mala". En el caso Vialidad, Cristina Fernández fue declarada culpable por conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo durante su presidencia.

Sindicatos, grupos indígenas y ambientalistas se unieron en una manifestación este martes en Río de Janeiro por la subasta del gobierno entre multinacionales extranjeras para hacer exploración petrolera cerca a la Amazonía. Ellos denuncian también la incoherencia en el discurso medioambiental de Lula Da Silva. El derecho de exploración petrolera fue adjudicado a dos consorcios. Uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC. Pagaron unos 153 millones de dólares por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas que fueron puestos en subasta en un hotel de Río de Janeiro, pese a las manifestaciones, en las que participó Leandro Lanfredi dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Río de Janeiro. "Se puso en venta un área equivalente al estado de Río Janeiro y el estado de Espíritu Santo juntos. Es una área inmensa, de más del 1% del territorio nacional, la que se puso en subasta hoy. Se hacen esas ventas con licencias ambientales, en algunos casos con 20 años de antigüedad, que ya están sobrepasadas, para poner esos recursos en manos de petrolíferas privadas", explica Lanfredi a RFI. A su lado, también se encontraban grupos indígenas y ambientales que temen por sus territorios y el daño medioambiental, como cuenta Lanfredi: "Los pueblos indígenas denuncian que no fueron consultados. Según la ley brasileña, hay que consultarles para explotaciones minerales o de hidrocarburos en sus territorios o cercanas a sus territorios. No les consultaron. Se atropelló ahí el derecho de los pueblos indigenas". "Denuncian además que ponen en riesgo sus tierras ancestrales, porque también había una serie de bloques en una región que se llama Parecis, que está en el norte de Mato Grosso, que es la frontera sur de Amazonas. Ahí hay acuíferos y se puede poner en riesgo no solamente la región de la explotación, sino todo el suministro de agua", concluye. Las diferentes organizaciones critican que, pese al discurso pro medioambiente del mandatario Lula da Silva, que prepara la COP30 en noviembre, acciones como esta subasta ponen en riesgo la Amazonía y la transición a energías renovables.

Jorge Cabrera, jefe de prensa de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, advierte en esta entrevista para RFI sobre las redadas masivas de migrantes y el clima de asedio actual contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos. 'Lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea', denuncia. Bajo el grito de "No existen las personas ilegales" y "Fuera el rey", miles de estadounidenses marcharon este fin de semana por todo el país para denunciar las medidas antiinmigración. El gobierno respondió intensificando las redadas contra migrantes en ciudades gobernadas por demócratas, entre otras, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En Los Ángeles, organizaciones como la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante no dan abasto para atender los numerosos casos que se están presentando. "Ya van más de 350 personas detenidas", cuenta a RFI Jorge Cabrera, jefe de prensa de esa ONG. "Eso significa 350 familias afectadas, ya que son separadas por estas crueles redadas. Hay comunidades enteras que están con ‘Ay, Dios mío’ en la boca, porque no saben si los oficiales de inmigración van a llegar en cualquier momento. Eso crea caos, demasiada confusión y es, obviamente, muy cruel". La semana pasada, el presidente Trump desplegó 4.000 guardias nacionales y 700 marines para aplacar las protestas en California contra su política migratoria. La organización Pro Derechos Humanos denuncia la violencia de esta represalia. 'Quieren cambiar la faz de la sociedad estadounidense' "Al unir el esfuerzo de los oficiales de inmigración con los esfuerzos de protección de los soldados, con los miembros de la Guardia Nacional que van bien armados, se crea una situación de guerra y de asedio. En todos los años que llevo trabajando en la defensa de los inmigrantes, esto no se había visto. Estoy hablando desde hace quizá 30 o 40 años", explica Cabrera, jefe de prensa de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles. Para Jorge Cabrera, los sucesos de los últimos días han sembrado el miedo en la comunidad latina. "La verdad es que no están yendo tras personas que son un peligro para la comunidad. Están yendo tras trabajadores o gente mayor, gente enferma, mujeres trabajadoras. Nosotros creemos que esto no es un plan solamente para deshacerse de inmigrantes que son peligrosos para la sociedad, sino más bien lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea". Varios líderes demócratas han alzado la voz contra esta campaña de deportación de migrantes, a los que Trump compara con "armas de destrucción masiva". El expresidente demócrata Barack Obama apeló en la red social X a reconocer la dignidad humana y a tratar a las personas con respeto.