Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

Ecuador aprobó una ley que endurece las penas para adolescentes vinculados al crimen organizado, una medida adoptada en medio de una ola de violencia sin precedentes que mantiene en jaque a las fuerzas del orden. Esta violencia es atribuida en gran parte al narcotráfico. El Congreso de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye medidas para endurecer las penas contra menores de edad. Algunas de las reformas de esta ley, aprobada con 84 votos a favor sobre 148 legisladores, están generando gran preocupación en las organizaciones de defensa de los derechos humanos de los niños y adolescentes. “Perpetuar la violencia y acrecentarla” Estas organizaciones temen que los menores no solo sean imputados como adultos, sino que también sean encarcelados junto con presos mayores de edad. Eva Peñafiel, subdirectora nacional y vocera de la organización de desarrollo social Aldeas Infantiles SOS, es una de las voces que rechazan esta medida. “Si un adolescente de 14 o 13 años comete un delito, podría estar juzgado como adulto y tener una condena de 15 años en una cárcel común. Hay otro elemento importante que hay que ver: no van a estar inmersos en circuitos específicos para adolescentes. Ya de plano en el país no tenemos una estructura o un marco de justicia juvenil adecuada que rehabilite a adolescentes. Hay un sistema que lo que hace muchas veces es perpetuar la violencia y acrecentarla en estos circuitos”, explica. “Nosotros, junto con otras organizaciones, nos sumamos a este rechazo público y de exigibilidad constante de que pueda ser revisada la ley, que se nos convoque a las organizaciones que trabajamos por la protección de derechos. Que esto sea un proceso mucho más reflexivo”, recalca Peñafiel. “Construir un enemigo simbólico” La Ley Orgánica de Integridad Pública es el segundo proyecto de ley del presidente ecuatoriano Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes. Las medidas defendidas en esta ley buscarían reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, Santiago Cuahuasqui, abogado e investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, se muestra escéptico y crítico respecto a la efectividad y a las intenciones de esta ley. Para él, se trata más bien de “un cálculo político, porque justamente se está tratando de construir un enemigo simbólico, viendo justamente al menor delincuente para mostrarse mano dura, que es algo que la población ve con buenos ojos. Sin embargo, esta mano dura no se ve que va en contra de las economías criminales y del corazón del crimen organizado, sino más bien en contra de los menores delincuentes, de los menores infractores en los sectores con mayor desigualdad social, con mayor pobreza”. “Son esos sectores los que pasan a engrosar al crimen transnacional. Y sin embargo, estos sectores a los cuales se les ha imposibilitado seguir con los estudios secundarios o tener oportunidades de trabajos juveniles, por ejemplo, son a los que la fuerza pública los toma como una estrategia de mano dura para demostrar la eficacia del Gobierno”, denuncia Cuahuasqui. El año pasado, en Ecuador, más de 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra las bandas criminales, según datos del Ministerio del Interior.

Esta semana en Costa Rica la Fiscalía acusó al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022. Fue detenido, además, Celso Gamboa, exministro de Seguridad, solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El presidente, que 'acumula unas 60 acusaciones', está tratando de 'evitar los procesos en su contra', dijo a RFI el exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese. La Fiscalía de Costa Rica acusa al presidente Chaves de financiamiento político ilícito; habría utilizado cuentas personales para eludir la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del partido político. Al presidente Rodrigo Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas se les acusa de presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2022. En concreto, se les acusa de utilizar "dos estructuras paralelas" para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático. Por su parte, el mandatario ha contraatacado acusando a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de obstaculizar sus iniciativas de gobierno. El exfiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, ha criticado en los micrófonos de RFI los motivos que impulsan al presidente a acusar al poder judicial y al poder legislativo. El presidente tiene 'decenas de procesos' pendientes "El presidente no tiene solo esa acusación, sino que acumula, creo, más de 60 acusaciones en el Ministerio Público. Esa es la razón que lo ha inclinado a atacar constantemente al Fiscal General de la República, a los jueces y, sobre todo, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que ver en un primer momento con su eventual encausamiento. Me parece que lo que él está tratando es de evitar los procesos. Así ha sido con todos los procesos que tiene. Son decenas de procesos de muy diversa índole. No solo por el financiamiento de su campaña electoral, sino por nombramientos, por la administración de fondos, por una serie de acciones que ha realizado o por su intento de sustraerse de los controles normales que tiene toda administración pública. Él ha mandado dos veces un proyecto de ley para evitar los controles de la utilización de los fondos del Estado. Esto, en cualquier país civilizado del mundo, es inaceptable". Los problemas legales no solo afectan al oficialismo; las autoridades han detenido al abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal entre 2013 y 2018. Gamboa ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, según informó la policía de investigación judicial. Francisco Dall'Anese lamenta que este arresto esté siendo utilizado políticamente por el ejecutivo. "El ministro de Seguridad Pública ha hecho un par de intervenciones en Facebook tratando de significar que la extradición del exministro Celso Gamboa es obra del Poder Ejecutivo, cuando en realidad, de acuerdo con la ley, esto ha dependido de una solicitud tramitada ante el Poder Judicial y ejecutada las órdenes de los jueces por la Policía Judicial. En nada ha tenido que ver el Poder Ejecutivo", subraya. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

El presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia tras casi dos meses de protestas antigubernamentales concentradas en la provincia de Bocas del Toro. El gobierno afirma haber retomado el control de la situación. Lina Vega, presidenta de la fundación Libertad Ciudadana, denuncia una lucha de poder que 'está destruyendo a Panamá'. Desde hace más de dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Hasta el momento, han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías, según las autoridades. Estas manifestaciones, que estallaron con la reforma del sistema de pensiones, han despertado la ira de una población descontenta desde hace años por múltiples razones. "Panamá requiere una reforma de Estado profunda", opina Lina Vega. "Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Esta cantidad de situaciones nunca resueltas ha hecho crisis en este momento. La Ley del Seguro Social, la ley de reforma a las pensiones, ha sido como la chispa que encendió esto", sostiene. Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios. Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las manifestaciones. En este momento, las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia. El gobierno fracasó en alcanzar un acuerdo pacífico "La gente que actúa por fuera de la ley se aprovecha. Pero no era la gente de la protesta, no son los profesores ni los bananeros. Es gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación, se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Estamos viviendo una situación muy complicada", dice Vega. "Cuando pasen los cinco días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados en la provincia: si van a seguir con la protesta o si se van a sentar a dialogar con el gobierno. E, igualmente, qué va a hacer el gobierno frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía y que está provocando también una violación de derechos humanos", concluye. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y de la explotación del banano —producto que representa más del 17 % de las exportaciones de Panamá— podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.

Mafalda, la rebelde preguntona llegó a Estados Unidos de la mano de Elsewhere Editions por primera vez en más de 60 años de existencia, luego de estar traducida en unos 30 idiomas y ser un éxito internacional. Pero, ¿estarán preparados para la mirada ácida de la niña consentida de Quino? Mafalda, la niña que odiaba la sopa, pisa por primera vez suelo estadounidense en inglés, de la mano de la editorial Elsewhere Editions con una colección de cinco volúmenes lista para causar el furor que tuvo en América Latina y algunos países de Europa. La obra fue traducida incluso al mandarín, pero no al inglés. De hecho, en Estados Unidos es una casi desconocida. Kuki Miller, directora de Ediciones de La Flor, la casa editorial de Mafalda, y amiga de Joaquín Salvador, su autor, más conocido como Quino, se pregunta si Estados Unidos ahora sí estará preparado. “Me encanta que se haya concretado, por supuesto, porque nosotros mucho tiempo intentamos y contestaban que no era para Estados Unidos. Incluso una de las editoriales grandes: primero dijeron que sí, después que había ido a los subsectores y los lectores habían opinado que no era posible hacerlo. Te estoy hablando de hace muchos años”, recuerda Miller. Leer tambiénMafalda, la niña rebelde, llega para sacudir los Estados Unidos de Trump “Entonces, la mujer de Quino, que era la que tenía particular interés, y se le había expuesto que había que publicarlo en inglés. Ella no hablaba de Estados Unidos, sino del idioma, insistió con nosotros. Hasta que finalmente dijo: ‘Y si no se puede hacer afuera, lo hacemos aquí’. Entonces hicimos nosotros en la Argentina una edición en inglés, pero se vendía aquí en colegios de habla inglesa, a muchos turistas, con la curiosidad de saber qué era este personaje tan famoso preferían llevárselo en inglés. Obviamente se exportaba, pero es muy pequeñas cantidades. Así que si esto tiene éxito, me parecería fabuloso”, dice. Kuki Miller destaca los valores universales que hacen de Mafalda toda una sensación internacional. “Es humanista, es pacifista en este momento y en cualquier otro. Realmente, los problemas continúan iguales. Le tapás Vietnam y le ponés Gaza, y sigue siendo el mismo problema, ¿no?, es la base del pensamiento de Mafalda”, opina. Personajes como Manolito, Susanita y Felipe representan las corrientes ideológicas y sociales que agitaron la política argentina e internacional en la década de los 60 y 70, pero que, a su vez, siguen vigentes, pues ya en los años 90 Quino atribuye el éxito de su obra a que la sociedad no ha cambiado.

Roberto Samcam, mayor retirado del ejército de Nicaragua, crítico del gobierno de Daniel Ortega y figura de la oposición en el exilio, fue asesinado a tiros en las afueras de San José, Costa Rica. Medios y activistas nicaragüenses en el exilio sospechan que se trata de un nuevo caso de represión transfronteriza atribuible al régimen Ortega-Murillo. El crimen ha causado conmoción entre la comunidad nicaragüense exiliada, según advierte Jhoswel Antonio Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU). Samcam, quien integró el antiguo Ejército Popular Sandinista antes de pasar a la disidencia, era codirector del Grupo Patriótico de Militares Retirados, un colectivo abiertamente crítico del gobierno de Managua. Desde 2018 vivía exiliado junto a su esposa en Costa Rica. Su asesinato, ocurrido este jueves, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y comunidades exiliadas. Muchas miradas apuntan hacia el régimen nicaragüense, acusado de extender su política represiva más allá de sus fronteras. Jhoswel Antonio Martínez, también refugiado en Costa Rica, denuncia que no se trata de un caso aislado. Persecución a opositores nicaragüenses en Costa Rica "Existe una represión transfronteriza por parte del régimen de Nicaragua hacia opositores. Hay muchas personas, incluido yo mismo, que hemos recibido amenazas y persecución desde que estamos en Costa Rica. Estas acciones incluyen tomas de fotografías al salir de casa o del trabajo, y mensajes en redes sociales desde cuentas falsas o bots que dicen: 'sabemos dónde estás', 'sabemos lo que haces'. Son advertencias para que uno deje de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos. Se conocen al menos cinco casos de atentados contra opositores que habían reportado amenazas previas y que, como Samcam, no necesariamente tenían un perfil alto", señala Martínez. Comunidad nicaragüense en el exilio está muy afectada El impacto entre la diáspora nicaragüense es profundo, especialmente por la cercanía del asesinato de Samcam con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, el 20 de junio. "Créeme que el impacto ha sido muy fuerte, tanto en la salud mental como en la percepción de seguridad. Este asesinato ocurre en torno a una de las fechas más sensibles para nosotros. Roberto Samcam era refugiado, tenía protección internacional. Su muerte nos afecta porque nos recuerda quiénes somos: personas que debimos huir. El temor se ha intensificado y hay riesgo real de que se desate una paranoia colectiva entre los opositores refugiados en Costa Rica", concluye Martínez.

En Argentina, decenas de miles de personas se manifestaron a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que vio ratificada su condena a 6 años de prisión domiciliaria y inhabilitación de por vida, por el caso de corrupción conocido como Causa Vialidad. Los simpatizantes de la expresidenta se concentraron en la Plaza de Mayo y las calles aledañas de Buenos Aires, con tambores y banderas nacionales. A pesar de una condena de seis años por corrupción y su actual arresto domiciliario, la influencia de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recibe el apoyo de una parte de los argentinos. Una masiva manifestación en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires ha dejado claro que su capital político no se ha extinguido, abriendo un intenso debate sobre el futuro del Kirchnerismo y quién podría tomar las riendas del movimiento. "¡Te amamos, Cristina!", "¡Vas a volver, Cristina!", gritaban la víspera simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner al pie de su balcón. El martes, la ex presidenta de Argentina comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción. Leer tambiénCristina Fernández cumplirá su condena por corrupción en prisión domiciliaria Para sus partidarios, la causa judicial no es más que una excusa. Como explica la abogada y periodista Lourdes Marchesse, la propia expresidenta enmarcó su situación ante la multitud como un intento de proscripción. "Ella misma planteó que no la quieren en las elecciones y que por eso la sacan de la cancha con esta condena", señala Marchesse, quien recuerda que, más allá de las percepciones políticas, el caso judicial fue un proceso extenso que duró 17 años. La gran pregunta que surge es si, a pesar del arresto domiciliario, Cristina Kirchner podrá seguir ejerciendo su liderazgo. La respuesta parece ser un rotundo sí, aunque de una manera diferente. "Primero y principal, Cristina ya no puede ejercer ningún cargo público", aclara Marchesse. "Ella puede ejercer un liderazgo desde atrás". Este poder intangible se fundamenta en una carrera política que la consolidó como una figura central en la historia reciente de Argentina. "Cristina te puede gustar o no como política, pero nadie puede negar que ella es una líder", afirma Marchesse. "Fue dos veces presidenta de la nación, antes había sido senadora, fue diputada. Entonces, tiene un gran liderazgo". ¿Quién Tomará las Riendas del Kirchnerismo? Con la líder principal legalmente inhabilitada para ocupar cargos, la mirada se dirige a sus posibles herederos políticos. El periodista y analista argentino Eduardo Aulicino destaca dos nombres que suenan con fuerza para tomar el control del movimiento: su hijo, Máximo Kirchner, y el exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, para Aulicino, las balanzas se inclinan claramente hacia uno de ellos. "Yo creo que, por lo menos en esta primera etapa, Axel Kicillof por ahora asoma como el único integrante del Kirchnerismo con vocación de tener un proyecto presidencial dentro de dos años", analiza. En contraste, el rol de Máximo Kirchner parece estar más limitado al círculo interno del poder. "Máximo puede aparecer como principal operador, incluso ahora como voz autorizada de Cristina detenida, pero no tiene ascendentes fuera de la estructura kirchnerista", explica Aulicino. Agrega un dato contundente: "Es más, todos los estudios de opinión dicen que tiene una imagen muy, muy mala". En el caso Vialidad, Cristina Fernández fue declarada culpable por conceder de manera irregular medio centenar de obras públicas a un empresario amigo durante su presidencia.

Sindicatos, grupos indígenas y ambientalistas se unieron en una manifestación este martes en Río de Janeiro por la subasta del gobierno entre multinacionales extranjeras para hacer exploración petrolera cerca a la Amazonía. Ellos denuncian también la incoherencia en el discurso medioambiental de Lula Da Silva. El derecho de exploración petrolera fue adjudicado a dos consorcios. Uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC. Pagaron unos 153 millones de dólares por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas que fueron puestos en subasta en un hotel de Río de Janeiro, pese a las manifestaciones, en las que participó Leandro Lanfredi dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Río de Janeiro. "Se puso en venta un área equivalente al estado de Río Janeiro y el estado de Espíritu Santo juntos. Es una área inmensa, de más del 1% del territorio nacional, la que se puso en subasta hoy. Se hacen esas ventas con licencias ambientales, en algunos casos con 20 años de antigüedad, que ya están sobrepasadas, para poner esos recursos en manos de petrolíferas privadas", explica Lanfredi a RFI. A su lado, también se encontraban grupos indígenas y ambientales que temen por sus territorios y el daño medioambiental, como cuenta Lanfredi: "Los pueblos indígenas denuncian que no fueron consultados. Según la ley brasileña, hay que consultarles para explotaciones minerales o de hidrocarburos en sus territorios o cercanas a sus territorios. No les consultaron. Se atropelló ahí el derecho de los pueblos indigenas". "Denuncian además que ponen en riesgo sus tierras ancestrales, porque también había una serie de bloques en una región que se llama Parecis, que está en el norte de Mato Grosso, que es la frontera sur de Amazonas. Ahí hay acuíferos y se puede poner en riesgo no solamente la región de la explotación, sino todo el suministro de agua", concluye. Las diferentes organizaciones critican que, pese al discurso pro medioambiente del mandatario Lula da Silva, que prepara la COP30 en noviembre, acciones como esta subasta ponen en riesgo la Amazonía y la transición a energías renovables.

Jorge Cabrera, jefe de prensa de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, advierte en esta entrevista para RFI sobre las redadas masivas de migrantes y el clima de asedio actual contra la comunidad inmigrante en Estados Unidos. 'Lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea', denuncia. Bajo el grito de "No existen las personas ilegales" y "Fuera el rey", miles de estadounidenses marcharon este fin de semana por todo el país para denunciar las medidas antiinmigración. El gobierno respondió intensificando las redadas contra migrantes en ciudades gobernadas por demócratas, entre otras, Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En Los Ángeles, organizaciones como la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante no dan abasto para atender los numerosos casos que se están presentando. "Ya van más de 350 personas detenidas", cuenta a RFI Jorge Cabrera, jefe de prensa de esa ONG. "Eso significa 350 familias afectadas, ya que son separadas por estas crueles redadas. Hay comunidades enteras que están con ‘Ay, Dios mío’ en la boca, porque no saben si los oficiales de inmigración van a llegar en cualquier momento. Eso crea caos, demasiada confusión y es, obviamente, muy cruel". La semana pasada, el presidente Trump desplegó 4.000 guardias nacionales y 700 marines para aplacar las protestas en California contra su política migratoria. La organización Pro Derechos Humanos denuncia la violencia de esta represalia. 'Quieren cambiar la faz de la sociedad estadounidense' "Al unir el esfuerzo de los oficiales de inmigración con los esfuerzos de protección de los soldados, con los miembros de la Guardia Nacional que van bien armados, se crea una situación de guerra y de asedio. En todos los años que llevo trabajando en la defensa de los inmigrantes, esto no se había visto. Estoy hablando desde hace quizá 30 o 40 años", explica Cabrera, jefe de prensa de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles. Para Jorge Cabrera, los sucesos de los últimos días han sembrado el miedo en la comunidad latina. "La verdad es que no están yendo tras personas que son un peligro para la comunidad. Están yendo tras trabajadores o gente mayor, gente enferma, mujeres trabajadoras. Nosotros creemos que esto no es un plan solamente para deshacerse de inmigrantes que son peligrosos para la sociedad, sino más bien lo que quieren es cambiar la faz de la sociedad estadounidense a una que sea mucho más blanca y europea". Varios líderes demócratas han alzado la voz contra esta campaña de deportación de migrantes, a los que Trump compara con "armas de destrucción masiva". El expresidente demócrata Barack Obama apeló en la red social X a reconocer la dignidad humana y a tratar a las personas con respeto.

La crisis económica en Bolivia no para de aumentar. En la Paz, la población hace largas esperas desde la madrugada para obtener, con suerte, algunos de los alimentos de la canasta básica. En 2015, Bolivia empezó a sufrir un déficit causado por la escasez de dólares y la caída de exportaciones de gas, y el exceso de gasto público acabó con las reservas del Banco Central de Bolivia en 2023, lo que ha derivado en la situación actual. “El Banco Central se quedó sin reservas y se mantuvo financiando el déficit del gobierno. Pero ya no tenía suficientes reservas para recoger el exceso de liquidez. Hay un crecimiento de la emisión muy grande y eso está generando presiones inflacionarias. Pero por otro lado, al terminarse las reservas del Banco Central, el gobierno no pudo financiar las importaciones de hidrocarburos”, explicó a RFI Luis Carlos Jemio, exministro de Hacienda de Bolivia. En medio de este caos, los seguidores del expresidente Evo Morales han generado bloqueos en las carreteras, y reclaman la renuncia del presidente Luis Arce. Algo que ha agravado la escasez de alimentos y medicamentos. “Tienen la posibilidad de bloquear una parte céntrica del país y con eso impedir el paso de productos. Los camiones cargados de alimentos que se producen en el oriente del país no llegan a los mercados del occidente”, agregó Jemio. Actualmente, la inflación alcanza el 18,4 % interanual, la cifra más alta en los últimos 17 años. Una situación que para el experto en economía, requiere medidas drásticas. “Hay que reducir el déficit fiscal.Lo que más está contribuyendo a ese déficit es el subsidio a los carburantes. Hay que quitar ese subsidio, pero eso tiene un costo social muy fuerte. Ese tipo de políticas crea mucho rechazo”, agregó el experto. Esta no es la primera vez que Bolivia hace frente a una crisis de esta magnitud. En los años 80, el país andino sufrió un colapso cambiario que desembocó en altas tasas de desempleo y una caída del 6,6 % del PIB. Una crisis que pasó a la historia como el primer caso de hiperinflación de América Latina.

Estudiantes y profesores de la Universidad Internacional de Florida temen que las redadas de ICE lleguen al campus bajo bandera amiga. El campus ha sido escenario de protestas después de que los responsables de la universidad y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegasen a un acuerdo para que la policía universitaria del centro reciba la formación necesaria para realizar funciones propias de ICE, como la detención de estudiantes indocumentados. Aún no está implementado, pero el acuerdo perfilado entre la Universidad Internacional de Florida y ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha provocado una ola de indignación y preocupación en la entidad educativa. Profesores y alumnos han protestado contra el convenio, con el que la policía universitaria recibiría formación y realizaría algunas de las tareas de ICE, incluyendo investigaciones y detenciones de indocumentados en el campus. De los 54.000 estudiantes de la Universidad Internacional de Florida, la FIU por sus siglas en inglés, más del 60% se considera hispano. "Más discriminación" Nacido en Estados Unidos pero con raíces guatemaltecas, Brandon Barrillas es el presidente del Sindicato de Estudiantes Latinos de la Universidad. "La Universidad Internacional de Florida es una escuela diversa con bastantes estudiantes de Latinoamérica, de Europa, de varias partes del mundo. El ambiente general es que varios estudiantes están preocupados, los que son de origen internacional", dice. "Varios con los que yo he podido hablar están preocupados porque con este acuerdo, no saben si les pueden quitar los documentos que tienen acá en el país, o si les pueden hacer un perfil de discriminación. No sabemos lo que va a suceder todavía. Entonces varios estudiantes están preocupados por lo que esto va a traer. Va a ser más discriminación y no va a traer nada bueno para la escuela", subraya. "Ya no es la universidad que amamos" Los profesores respaldan totalmente a los estudiantes. De origen cubano y llegada a Estados Unidos hace 27 años, Tania Cepero es docente en el centro y además, presidenta de la rama de la FIU del Sindicato de Profesores. No sólo lamenta el impacto en los estudiantes, sino en toda la comunidad. "Conlleva a la ruptura de relaciones de confianza mutua entre la comunidad y los alumnos, los profesores, los trabajadores de la comunidad académica, que es nuestra universidad. Además, se ha visto que donde quiera que se han implementado este tipo de acuerdos se encuentran más casos de perfil racial, que la policía empieza a hacer más acciones basadas en perfiles raciales", explica. "También conlleva a que la gente no reporte los crímenes. Las víctimas de crímenes empiezan a no reportarlo por miedo que si viene la policía lo que le van a preguntar es su estatus migratorio y van a terminar detenidos por problemas migratorios. Como que ya esta no es la universidad que nosotros amamos y hemos ayudado a construir", lamenta.

Ecuador quiere dar una vuelta de tuerca más en la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico. Para ello, pronto contará con una nueva ley. El texto fue aprobado por la Asamblea Nacional y ahora le corresponde al presidente Noboa ratificarlo. Sin embargo, este proyecto de ley, que tiene como objetivo combatir las economías criminales, despierta dudas, ya que incluye muchas medidas que permiten a las fuerzas del orden actuar sin ciertos controles judiciales. Ecuador se prepara para implantar una nueva ley contra el crimen organizado. A falta de que sea sancionada por el presidente Daniel Noboa, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la legislación actual, presentada como una ley para combatir las economías criminales, especialmente ligadas al narcotráfico. Noboa ya declaró el año pasado al país en conflicto armado interno, lo que permite mantener al Ejército en las calles. La futura ley incluye entre otras cosas un régimen jurídico especial para investigar las infiltraciones criminales en el sistema financiero del país. “Indulto anticipado a los militares” Sin embargo, como explica a RFI Carla Álvarez, investigadora y docente experta en seguridad, también contempla muchas medidas que despiertan recelo al dotar a las fuerzas del orden de mayor capacidad de acción con un menor control. Según ella, cuando uno mira el texto, “de económico tiene muy poco o casi nada. Busca el endurecimiento de las penas y busca también una actuación rápida y con pocos controles para la Policía, para las Fuerzas Armadas, y busca acelerar los procesos judiciales en contra de las organizaciones criminales. La ley habla de detenciones y allanamientos sin orden judicial. También te pueden detener con fines investigativos, y autoriza la detención por 24 horas sin orden judicial y a mí me parece súper grave”. “Es que la ley contempla un indulto anticipado a los militares por su participación en el conflicto armado interno. Cuentan con esta suerte de impunidad anticipada, pero que en la ley se llama indulto anticipado”, prosigue. “Hay muchas cosas por hacer” El país sufre en la actualidad la violencia de bandas con nexos con carteles internacionales, por lo que Carla Álvarez entiende que, si se quiere atacar de manera específica la economía de estos grupos, habría que trabajar en otros aspectos. “No es una lucha contra la economía criminal, porque una lucha contra la economía criminal se hace a través de otros mecanismos. Hay muchas cosas por hacer. Se necesita cooperación internacional para el rastreo de operaciones transnacionales de lavado de activos. También se necesita esta cooperación con Estados Unidos, con los países del Caribe y con Europa también, donde hay tantos paraísos fiscales”, detalla. “Se necesita, por ejemplo, hacer el seguimiento a las extorsiones. Aquí es urgente poder identificar claramente quiénes son los propietarios de las líneas telefónicas, porque es a través de las líneas telefónicas que se hacen las extorsiones”, concluye la investigadora.

Siete personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en 24 ataques con disparos, coches bomba y drones, atribuidos a guerrilleros en Cali. Esto ocurre apenas tres días después del atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un ataque que ha conmocionado al país. Para Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica en Cali, entrevistado por RFI, el objetivo de estos ataques es “amplificar la zozobra y demostrar control territorial”. Apenas tres días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, Colombia fue escenario de otra serie de ataques —más de una veintena— esta vez en Cali, en otros puntos del Valle del Cauca y también en el Cauca, en el sureste del país. Es una de las peores arremetidas de grupos guerrilleros durante el gobierno de Petro. Los primeros indicios apuntan a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, como responsables de esta ola de violencia. Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, señala que, teniendo en cuenta el lugar de los hechos y la brutalidad, el Frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, podría estar detrás de los ataques. Su intención sería demostrar el dominio territorial que mantiene este grupo guerrillero frente a las arremetidas de las fuerzas del orden, pero también ante otros grupos criminales. "Este Frente Jaime Martínez realiza acciones delictivas. Gana dinero con el narcotráfico, el tráfico ilícito de cocaína, de marihuana y de ‘creepy’. Pero también hay otro tipo de delitos con los que obtienen control territorial. De alguna manera, el Frente Jaime Martínez se siente amenazado en su control. Se han dado cuenta de que hay otros actores que están tratando de sacarlos de sus zonas de injerencia. Está el Estado, por supuesto, a través del Ejército. Pero también hay otros grupos criminales que representan una amenaza para este frente de las disidencias de las FARC. El Frente Jaime Martínez está enfrentándose a la guerrilla del ELN. Está enfrentándose a la Segunda Marquetalia. Y tienen que demostrar que son más poderosos. Entonces, con este tipo de acciones, están mandando un mensaje: 'Oigan, conmigo no se metan, porque yo estoy fuerte aquí. Este territorio no lo voy a entregar. De aquí salgo, pero muerto'". El experto en seguridad Iván Carvajal destaca que la cercanía entre esta cadena de ataques y el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay tiene un efecto amplificador sobre la tensión entre la población, especialmente en una Colombia en contexto preelectoral. "Con estos ataques hay una clara intención de causar terror en la gente. Esto es un acto terrorista puro, tal como lo define la clásica definición de terrorismo. ¿En qué momento puedo amplificar el terror con unas acciones concretas? ¿Cómo puedo ganar diez veces más de lo que usualmente logro, aprovechando una situación de tensión como la que vive el país? Lo que se han dicho es: ‘Aprovecho esa situación crítica del país y aplico una dosis de terrorismo para amplificar la zozobra y la incertidumbre’. Esto tiene réditos políticos. Pero, por ahora, genera una acción de miedo en la ciudadanía", concluye.

Calles destrozadas, coches incendiados y decenas de detenidos y heridos dejaron los violentos enfrentamientos entre la Guardia Nacional y manifestantes en California, a raíz de la detención de 40 migrantes mexicanos por parte de la Policía Federal de Inmigración. Escuche el análisis de Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, y Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia. El presidente Trump ordenó ayer el envío de 700 marines y otros 2 000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a los disturbios generados por las protestas contra las redadas migratorias; el gobernador de California calificó la medida de intento de "generar caos". Se prevé que esta extraordinaria movilización de los marines y los miles de efectivos adicionales de la Guardia Nacional —que se suman a cientos ya desplegados— avive las tensiones en la ciudad, la segunda más poblada del país, con un gran porcentaje de población latina. En medio de las manifestaciones, una de las principales preocupaciones de las organizaciones de apoyo a migrantes es conocer el número exacto de detenidos. No hay transparencia sobre las cifras "La cantidad de personas arrestadas es superior a 200. Pero no hay cifras claras porque a veces el ICE (servicio de inmigración) no es transparente. Lo que intentamos determinar es el número exacto. Nosotros lo estimamos a partir de las llamadas de las familias y allegados", dijo a RFI Fátima Flores Lagunas, directora de Compromiso Cívico, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Esta organización también denuncia la falta de transparencia de la Policía Federal, a la que acusa de no informar sobre el paradero de los detenidos. "Las familias con las que hemos hablado nos han dicho que sus seres queridos ya les avisaron que están en el otro lado de la frontera. Ya los deportaron a Tijuana. Aunque nuestra organización (CHIRLA) no ha contactado directamente a esas personas, nos relatan lo que les dicen sus parientes", explica Flores Lagunas. Esta ley puede utilizarse mañana contra cualquiera El presidente Trump ha decidido enviar a centenares de miembros de la Guardia Nacional, a quienes se sumarán esta semana numerosos marines. El gobernador de California ha calificado este envío de "ilegal". Kira Romero, abogada del Centro Brennan por la Justicia, nos cuenta la posición de su organización. "La ley que está empleando Trump, el Título 10 del Código de EE.UU., solo debe aplicarse en casos de rebelión. Además, el gobernador de California no solicitó este tipo de ayuda", dice la abogada, miembro del Centro Brennan por la Justicia, un centro de estudios y acción política con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU). La abogada también advierte sobre la gravedad de la situación: "No nos dejemos engañar por el término 'Ley de interrupción' con el que Trump ha autorizado el despliegue militar en cualquier parte del país. Esto representa una señal de alarma porque puede ser un paso hacia un marco de tiranía, algo que no se ha visto en este país. Y es importante que se mantenga la vigilancia: si hoy se usa para migrantes, mañana puede emplearse contra cualquiera', afirma. Tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos como los expertos legales coinciden en que Los Ángeles vive una situación sin precedentes, y el fiscal de California planea llevar el caso a los tribunales.

Mientras en las calles se cumplen cuatro días de protestas contra el presidente Arce por parte de partidarios del expresidente Morales, el gobierno boliviano denunció ante la fiscalía a Morales por terrorismo y otros siete delitos. RFI entrevistó a Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Durante estos cuatro días, los seguidores de Morales han paralizado las principales vías del centro de Bolivia, sobre todo en el departamento de Cochabamba, su bastión político. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular la justicia y el órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones de agosto próximo. Todo esto ocurre en un contexto de confrontación política. El gobierno boliviano presentó la denuncia por terrorismo y otros siete delitos luego de que se difundiera un presunto audio en el que Morales ordenaría aislar La Paz con bloqueos de carreteras, según informó el ministro de Justicia. Además, los bolivianos sufren una escasez de combustible en medio de una aguda crisis económica. Marcelo Arequipa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, explicó a RFI que es necesario diferenciar dos tipos de malestar social hoy en Bolivia. "Junto con el desabastecimiento de combustibles se ha mezclado la escasez de algunos productos de consumo masivo, como el aceite, por ejemplo, y el aumento de los precios de algunos productos de la canasta familiar. A esto también se le ha añadido el impulso desde el sector que apoya a Evo Morales para presionar con todo lo que tiene a mano para forzar a que se lo inscriba como candidato. Bolivia vive un contexto de protestas sociales por problemas económicos legítimos y, al mismo tiempo, un contexto de protestas sociales que tienen una clara connotación político-electoral". Morales está jugando dos cartas ¿Cuál es la estrategia del expresidente Morales para mantenerse en la carrera política? "Está jugando a dos cartas. La primera, poder generar un escenario de convulsión que conduzca a la postergación de las elecciones del 17 de agosto, forzar la renuncia de Luis Arce y, de esta manera, poder ser habilitado en un nuevo calendario electoral". Si ese plan no resulta, el profesor Arequipa estima que "Evo Morales ha decidido, junto con su gente más cercana, alejarse cada vez más de los centros urbanos de votación —es decir, de la gente que vive en las ciudades, porque es la gente más afectada ahora mismo— y replegarse allí donde es más fuerte, que es el trópico de Cochabamba o los sectores rurales de Bolivia. De este modo, espera posicionar la idea frente a ellos, frente a su gente, de que él es una víctima del sistema". Jugando cualquiera de esas dos cartas, para este analista, "Evo Morales sigue teniendo vigencia en la política boliviana y por eso es muy probable que quien vaya a gobernar el país a partir del 17 de agosto no lo va a tener muy sencillo", concluye.

En El Salvador, se cerró este martes 3 de junio un caso que ocurrió 43 años atrás: el asesinato de cuatro periodistas holandeses asesinados por militares en 1982 durante la guerra civil. Tres exjefes militares - un general exministro de Defensa, un exdirector de policía y un excomandate de brigada - fueron condenados a 15 años de prisión por asesinato. Cuatro décadas después de los hechos, se cierra finalmente el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses en El Salvador durante la guerra civil. Tres exmilitares de 85, 91 y 93 años de edad fueron sentenciados este martes a 15 años de cárcel por asesinato. El Tribunal condenó además al Estado salvadoreño por la retardación de justicia y exigió al presidente Nayib Bukele que pida perdón en nombre de las Fuerzas Armadas. Las familias de las víctimas tuvieron que esperar años para obtener justicia, según explicó a RFI Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y abogado de los familiares. “El estado de impunidad que vive El Salvador es el principal obstáculo para que las víctimas del conflicto pasado puedan garantizarse verdad y justicia en sus casos”, aseguró. “Primero fue una ley de amnistía que quería borrón y cuenta nueva, amnesia total sobre los crímenes de lesa humanidad que habían sucedido. Y luego está la falta de voluntad política”. Los cuatro periodistas holandeses se encontraban en El Salvador documentando lo que era la guerra civil. Su reportaje consistía en “entrevistar a las familias del área rural de El Salvador para preguntarles cómo vivían en ese momento”, recordó Pérez. “Iban a responder que precisamente eran objeto de grave violación a los derechos humanos por los bombardeos, por los operativos, por las ametrallamientos que vivían diariamente por parte de la fuerza armada del Salvador”, detalló. "Periodistas incómodos" Además, Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen iban a entrevistar a entrevistar a dirigentes del FMNL. “Este tipo de reportajes molestaba al gobierno de turno, sobre todo gobernado por militares, y entonces fue así como decidieron que eran periodistas incómodos. Por lo tanto, planificaron la emboscada y los aniquilaron completamente”. Óscar Pérez considera que todavía queda mucho por hacer para obtener justicia en otros casos de crímenes de lesa humanidad de la época de la guerra civil en El Salvador. “Hay más de 200 casos que exigen verdad y justicia y que están presentados ante la fiscalía General de la República de El Salvador, y yo creo que en ese sentido, este caso empuja esos casos”.

El Congreso de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, que deberá ser aprobada en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, se muestra cautelosa frente a esta propuesta y duda de que la cooperación internacional, sin una depuración institucional y un fortalecimiento legal, pueda resolver problemas estructurales como la corrupción. Ecuador podría eliminar próximamente un capítulo de su Constitución —vigente desde 2008, en la era de Rafael Correa— que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. La reforma fue aprobada este martes en el Congreso, con el respaldo de la bancada oficialista, con el argumento de reforzar al Estado frente al crimen organizado. En ese contexto de creciente inseguridad, la iniciativa goza de apoyo entre la ciudadanía, explica Carla Álvarez. "Esta propuesta es bastante popular entre los ecuatorianos porque para el 50 % de los ciudadanos el principal problema del país es la inseguridad. Eso refleja mucho la sensación de miedo que se vive en Ecuador por los elevadísimos indicadores de violencia. La tasa de homicidios en Ecuador está por superar la de Haití, que actualmente registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes". Sin embargo, la especialista expresa reservas sobre la eficacia de instalar bases extranjeras para combatir al crimen organizado. Más depuración institucional "La cooperación con presencia militar no es necesariamente la mejor respuesta. Si hacemos una evaluación de los diez años de operación de la base militar de Manta, podríamos decir que en ese momento hubo una mejora en las condiciones de seguridad. Pero, de hecho, fue tras la salida de la base cuando empezamos a ver avances más sólidos, gracias al fortalecimiento del andamiaje institucional, presupuestario y normativo. Eso permitió reducir la tasa de violencia. Llegamos a tener 5,8 muertos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la tasa de Chile, que era el país más seguro de América del Sur". Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron de Manta en septiembre de 2009. Dieciséis años después, la situación es otra. "Ahora hemos superado los 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que lo que se necesita es cooperación tecnológica: compartir información, rastrear flujos de dinero ilegales, monitorear movimientos de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. La cooperación internacional, por sí sola, no va a resolver los problemas locales de Ecuador. Muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción y con infiltración en las instituciones. Esto no se resuelven con militares, sino con leyes y depuración institucional", concluye. La Corte Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la reforma antes de que se someta a consulta popular.

Tras meses de negociaciones, el Gobierno de Uruguay reivindica que la responsabilidad de garantizar el retorno de los soldados de la misión de paz en República Democrática del Congo es de las Naciones Unidas. Los soldados llevan meses pidiendo el relevo y sus familiares están preocupados. RFI habló de este tema con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo. En enero, 13 miembros de la misión de paz de la ONU para apoyar al ejército congoleño murieron en combates con el grupo rebelde M23. El ataque, que tuvo lugar en los alrededores del aeropuerto de Goma, no solo acabó con la vida del soldado Rodolfo Álvarez, sino que dejó atrapados a los más de 700 militares uruguayos que estaban listos para ser relevados. Tras meses de negociaciones con las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) y con su país limítrofe, Ruanda, Uruguay lo tiene claro: es la ONU quien tiene que garantizar la retirada de los soldados. “Es hora de que Naciones Unidas ejerza realmente esa conducción a la hora de que se produzca este retorno. Y después, en un paso siguiente, por supuesto, estaremos evaluando cómo hacemos ese relevo, porque aquí la gente está lista para hacer el relevo, pero también tenemos que tener la seguridad”, explica a RFI la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo. Condiciones de seguridad Los soldados llevan desde enero pidiendo la retirada después de que su estancia en el país centroafricano excediera su acuerdo de un año. Tras meses de espera, la situación de algunos soldados es crítica, por lo que 20 de ellos decidieron regresar por sus propios medios. “El propio contrato con la misión expresa que, por la vía de excepción, quienes tengan problemas sanitarios, problemas que tienen que ver con afecciones de salud mental o con familiares en situación crítica, pueden retornar y se hace cargo Naciones Unidas. Quienes no están en condiciones de seguir, pero no aducen ninguna de estas excepciones, tienen que hacerse cargo de su regreso”, precisa Lazo. Tanto República Democrática del Congo como Uruguay dicen que traerlos lo antes posible es una prioridad. Pero por el momento, no hay ninguna fecha acordada. “Ojalá sea pronto. Yo entiendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones de seguridad que se establecen en un territorio donde las carreteras están destruidas, donde la población está muy afectada, y allí sacar a un contingente en forma segura de 200 personas no es una tarea sencilla. Por lo tanto, ni siquiera quisimos manejar plazos en la nota que mandamos”, indica la ministra. El conflicto, que empezó hace más de tres años, continúa agravando una crisis humanitaria crónica en la región. Según la ONU, 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero.

Los arqueólogos han bautizado como ‘Los Abuelos’ a la ciudad maya que acaban de descubrir en Guatemala. Podría tratarse de un importante centro político y ceremonial de comienzos de la cultura maya asentada en lo que hoy es el norte del territorio del país centroamericano. RFI habló con la codirectora del equipo. “Encontramos un sitio de características muy tempranas o antiguas de alrededor del 800 años antes de Cristo”, dice a Radio Francia Internacional, Dora García, codirectora del proyecto arqueológico regional Uaxactún que logró el importante hallazgo en el departamento guatemalteco del Petén, cerca de México. La arqueóloga detalla, como parte de este descubrimiento, varios monumentos esculpidos con rasgos de inicio de la cultura maya en el Petén, y un centro monumental que sería la primera ciudad en esta región. Pero, subraya, lo más importante del descubrimiento fueron ‘Los Abuelos’. ‘Sobre una plataforma, en el área central del sitio, se identificaron dos esculturas, una masculina y una femenina, de aproximadamente más de un metro de altura. Una es la escultura de una viejita sentada que nosotros hemos denominado ‘La abuela’ y el masculino, por ende, le hemos denominado “El abuelo’ porque hacen referencia a los ancestros. Y la gente local, espontáneamente, empezó a llamar al sitio ‘a donde están los abuelos’, cuenta la experta. Figuras similares a los abuelos han sido encontradas en otros descubrimientos arqueológicos del pasado, como una viejita en La Venta del área Olmeca (considerada la primera civilización del continente americano, dada su antigüedad de más de 3000 años). “Hay otra pareja de esculturas en Uaxactún, en un área que también fue dedicada a ceremonias por las evidencias de vasijas quebradas y otras ofrendas que se encontraron al pie de las esculturas. También los estamos relacionando con el Popol Vuh, donde hay una pareja de abuelos originarios, precisamente de ancestros”. El estudio comparado de las esculturas de “Los abuelos’ de Petén con estos hallazgos anteriores es clave para la investigación del equipo que lidera la antropóloga. “Estamos investigando estas dos esculturas como parte de un ritual, resalta García, un área ritual asociada precisamente al culto a los ancestros, a los progenitores del inicio del linaje de este sitio. Es un hallazgo muy importante porque estamos hablando de que pudo ser un centro político y ceremonial de inicios de la cultura maya en esta área.” Y cuando le preguntamos sobre lo que más la sorprende de este último hallazgo, nos dice: “Lo que se puede comparar con otras regiones, por ejemplo, la iconografía de los monumentos con imágenes grabadas. Los signos y los símbolos grabados son muy similares, por ejemplo, a los que encontramos en Kaminaljuyú, en Naranjo, en el altiplano de Guatemala. Las estelas de ranas encontradas, unos las asocian con los altares de ranas de piedra halladas en la región de la Costa y en Kaminaljuyú. Encontrar este tipo de cosas en el Petén me llama mucho la atención para establecer relaciones a nivel regional, es decir, que durante la misma época estaban produciendo el mismo tipo de esculturas, las mismas ideas en cuanto a iconografía”. Los Mayas fueron una de las más importantes civilizaciones prehispánicas de América, se expandieron en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el 2.000 A.C. Desarrollaron un avanzado sistema numérico y de escritura jeroglífica. Crearon también un famoso calendario que todavía asombra a arqueólogos y astrónomos. Y nos legaron el cultivo del maíz y del cacao. Un 42% de los 18 millones de guatemaltecos pertenecen a las etnias que existen en el país de origen maya y muchos viven bajo condiciones de pobreza.

La guerra comercial se pelea en los tribunales estadounidenses. Un tribunal federal de apelaciones acordó preservar temporalmente muchos de los severos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a China y otros socios comerciales, congelando así el fallo emitido la víspera por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloqueaba el arma más poderosa de la guerra comercial del republicano. Compás de espera, mientras el tribunal de apelaciones analiza los argumentos, incluyendo la solicitud del Gobierno de una prórroga. 24 horas duró apenas el bloqueo que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos impuso a los draconianos aranceles de Donald Trump dirigidos contra una serie de países, incluida la Unión Europea, China, India y sus vecinos, México y Canadá. Este fallo del miércoles respondía a la demanda de una docena de estados del país que denuncian haber sufrido directamente perjuicios financieros por la inflación que ha generado el aumento de impuestos a bienes importados. “Incluso las grandes potencias están sujetas a reglas” Para Nelson Espinal Báez, abogado del programa de disputas públicas del MIT Harvard, la decisión de la Corte de Comercio Internacional estadounidense, adscrita al Sistema de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), “presenta un hito en la defensa del multilateralismo comercial frente al creciente uso del proteccionismo”. El presidente Trump hace una nueva interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que data de 1977 para imponer los gravámenes radicales que han puesto patas arriba al comercio mundial. Pero la Corte de Comercio Internacional de su país dictaminó que la legislación no le otorgaba autoridad ilimitada al mandatario republicano para promulgar aranceles. “Tras examinar las medidas, la Corte determinó que el argumento de seguridad nacional fue usado de manera desproporcionada y contraria a las normas del comercio internacional”, explicó Espinal Báez a Radio Francia Internacional (RFI). Para el experto en disputas públicas de Harvard, el fallo de la Corte “es una señal clara de que incluso las grandes potencias están sujetas a reglas y el comercio global no puede ser rehén de agendas nacionales ni populistas”. Consecuencias importantes El abogado adscrito al programa MIT Harvard destaca tres consecuencias importantes derivados de este fallo que bloqueó durante un día los aranceles impuestos por Trump: “Primero, reivindica el valor de las instituciones internacionales en un momento donde el orden basado en reglas está siendo cuestionado por el ascenso de tendencias autárquicas. Segundo, afecta directamente a la estrategia y a la narrativa del presidente Trump de que puede negociar a base de presión, castigo y medidas unilaterales, sin consecuencias diplomáticas ni legales. Y tercero, marca un precedente para otros países que han sufrido medidas similares y que ahora podrían sentirse legitimados en tomar acciones y represalias legales”. La Corte de Comercio Internacional estadounidense tampoco aceptó el argumento del tráfico ilícito en la frontera mexicana que ha utilizado la administración Trump para justificar su amenaza de aranceles por las nubes promulgados unilateralmente por el presidente Trump y sin la aprobación del Congreso. Sobre este punto, Báez precisa que “se puede perfectamente interactuar con el país vecino, llámese México o el que sea, para contrarrestar ese contrabando o ese trasiego de comercio ilegal. Es decir, manejarlo directamente de manera bilateral con ese país, pero no afectando el comercio global”. La sentencia emitida el miércoles por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaraba ilegales gran parte de los aranceles de Trump, tras entrar en el fondo del asunto. La nueva resolución del tribunal federal de apelaciones no revoca esta sentencia, sino que deja en suspenso su aplicación de forma cautelar mientras se examina el caso. Tal vez no sea una victoria para...

Promesa del presidente chileno Gabriel Boriç, el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación fue presentado por el gobierno al Congreso. La iniciativa llega a un legislativo donde el mandatario no tiene la mayoría y la oposición rechaza férreamente ampliar el derecho al aborto. RFI entrevistó a Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas que defiende el aborto como un derecho humano. En Chile el aborto es un delito y, según cifras del Ministerio de Salud, cada año se producen en el país cuatro muertes por abortos clandestinos e inseguros y más de 33.000 mujeres ingresan al hospital por complicaciones derivadas de las condiciones que genera la ilegalidad. Pero hay que recordar que durante más de un siglo el aborto terapéutico fue legal. Su criminalización total es una herencia de la dictadura. Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas, explica el camino y los tropiezos que ha tenido esta bandera de feministas y activistas. "Antiguamente existía la penalización del aborto, que hoy continúa, pero había una norma excepcional en el Código Sanitario que permitía de forma amplia el aborto terapéutico cuando la vida de la madre estaba en peligro. Y en 1989 el dictador Pinochet derogó esta norma del aborto terapéutico y quedamos nuevamente en una prohibición total del aborto en Chile hasta el año 2017 que se promulgó la ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad de la vida después del parto, el riesgo inminente para la vida de la madre y la causal por embarazo producto de una violación". Hace un año, en la rendición de cuentas al país, el presidente Gabriel Boriç prometió el proyecto que este miércoles fue presentado al Legislativo y que establece la legalidad de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. 'Salirle al paso a los objetores de conciencia' "Más que una despenalización se podría decir que es un aborto por plazo", explica la abogada. Y precisa que se establecen dos plazos: "Uno de 14 semanas, y otro de 12 semanas. Se hace la distinción que yo encuentro muy interesante, y es que estaría permitido hasta las 12 semanas el aborto en los consultorios, que sería una prestación de salud mucho más accesible para las mujeres en atención primaria de salud, porque se podría otorgar de forma ambulatoria en establecimientos de salud comunitarios". De esta forma, el proyecto de ley del Gobierno pretende salirle al paso a los médicos e instituciones que, al amparo de la ley, se declaran "objetores de conciencia" por razones religiosas y se niegan a practicar los abortos en las tres causales permitidas. "Sobre todo en la causal de violación que presenta una alta tasa de objetores de conciencia", subraya Bartolotti. "No poder acceder a esta prestación de salud luego de haber sido víctima de una violencia sexual es una vulneración a los derechos de esa mujer o niña que está siendo revictimizada por el sistema y el Estado le está generando un daño mayor a este perjuicio que sufrió producto de una violencia sexual".