Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su anuncio de la “mayor deportación en la historia” de Estados Unidos, México empezó a organizarse para recibir a los migrantes deportados. Sin embargo, por el momento no han llegado tanto como se esperaba. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca frenó en seco el sueño americano para miles de migrantes que se quedaron varados en la frontera mexicana. Es el caso de Irene, quien está acompañada de su esposo y su hija tras un desplazamiento forzado en México. “Salí huyendo de allá, de Michoacán. La violencia está muy, muy fuerte. Pues uno aquí nomás parado. Los últimos que llegaron, unos venezolanos, se quedaron también estancados”, cuenta. En cuanto al futuro, dice que se van a “establecer aquí, en Tijuana. Tratar de salir adelante aquí, buscar otro círculo de vida. Tengo que salir a buscar una renta, dónde establecerme”. “No en la magnitud que se esperaba” El Gobierno mexicano dispuso albergues para recibir una supuesta oleada de migrantes deportados desde Estados Unidos. Pero lo más significativo es que tras el primer mes de mandato de Donald Trump, la mayoría de estos albergues se mantienen semivacíos a pesar de las amenazas del mandatario estadounidense en expulsar a millones de migrantes indocumentados. “En el albergue que tenemos, vemos que no se cumplió con la deportación masiva de migrantes mexicanos que recibe Estados Unidos de forma irregular, algo que se sigue mencionando a la fecha pero que no se ha visibilizado o no se ha materializado con una deportación tan fuerte” como se había mencionado previo a la investidura de Donald Trump, comenta para RFI José María García, director del albergue Movimiento Juventud 2000 en Tijuana. “Si bien han llegado deportados, no es en la magnitud que se esperaba”, recalca. ¿Más adelante? “De sur a norte tampoco ha llegado mucha comunidad de migrantes a las zonas fronterizas de Baja California. Ya lo hubiésemos detectado aquí en el albergue. Al contrario, ha disminuido la cantidad de inmigrantes actualmente en los albergues, están semivacíos”, precisa José María García. Según él, el hecho de que haya menos ayudas humanitarias puede explica que “la comunidad se mantenga ahora en pausa”, pero “quizás más adelante” sea diferente. Aunque no se han registrado oleadas de expulsiones, el Gobierno mexicano no da señales de querer reducir el operativo, como tampoco Trump de retirar la amenaza sobre la “mayor deportación en la historia” de Estados Unidos, donde se estima que viven al menos 11 millones de inmigrantes sin la documentación necesaria.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se llevó a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en la ciudad de Cali, Colombia pero que no logró concluirse con un acuerdo, volverá a reunirse del 25 al 27 de febrero de 2025 en Roma. Pero las autoridades colombianas llegarán con malos resultados a dicha cita porque la deforestación reapareció como uno de sus más graves problemas ambientales. No hace mucho, Colombia celebraba que en 2023 se había podido reducir la deforestación logrando unos resultados mínimos históricos, cerca de 79 000 hectáreas; pero en el 2024, la destrucción de bosques y selva aumentó en un 35%. RFI le explica aquí las razones de este repunte. Es como si Hong Kong hubiese desaparecido de la faz de la tierra, el tamaño de aquella isla china es el equivalente a las 107 mil hectáreas que fueron deforestadas en Colombia en 2024, un problema que el gobierno no ha podido detener a pesar de que el presidente Gustavo Petro se presenta como uno de los mandatarios más radicales para proteger el medio ambiente. Al Director de la ONG Acción Verde, Juan Manuel Soto, le preocupa que nadie pueda parar esta tragedia en este país, el segundo más biodiverso del mundo: "Es un desconcierto de que el Gobierno que se propuso bajar la deforestación, no ha podido hacerlo, digamos que el descontrol sobre la deforestación es escalofriante, estamos hablando de 107 mil hectáreas donde había fauna, flora, posiblemente comunidades habitando y capacidad de recarga del agua, carbono que se está liberando, es un desastre." " Y ese aumento, obviamente, pues no es una buena noticia, pero hay que ponerlo en perspectiva histórica, porque se constituye en la segunda cifra más baja de deforestación...." Quien habla es Susana Muhamad, la Ministra colombiana de Medio Ambiente y quien en rueda de prensa aseguraba que hay 5 puntos donde se disparó la deforestación, 2 en el sur, los parques de La Macarena y Tinigua, regiones controladas por disidentes de las FARC, donde las fuerzas del Estado no entran. Muhamad también indicó que el repunte se debe al acaparamiento de tierras. Juan Manuel Soto nos explica de qué se trata: ¿Qué sucede? digamos que los acaparadores de tierra, no son campesinos tratando de sobrevivir. Son empresas que contratan campesinos para deforestar, para después decir que esta tierra es de ellos y generalmente, un deforestador grande busca ganadería, a diferencia de la agricultura, porque la ganadería te permite tener un ganado en pie, ya que en el Amazonas tiene que ser extensivo, porque el suelo no te aguanta una ganadería intensiva; entonces, primero es una vaca cada una hectárea, después es una vaca cada dos hectáreas, y así. O es un monocultivo agroindustrial, palma de aceite, soya, maíz, sorgo, industrias alrededor de esto. O es un acaparador de tierras que la forma de controlar su territorio es, vacas." Colombia se puso el objetivo de llegar a 2030 con cero hectáreas deforestadas.

A partir de este viernes el mayor banco de Argentina se convierte en una sociedad anónima, según un decreto del presidente Javier Milei. Se trata de un primer paso hacia su privatización como pretende hacer con varias empresas del Estado desde su elección en 2024. En el inicio de su mandato, Javier Milei había incluido al Banco de la Nación en el listado de empresas a privatizar, pero el Congreso lo había excluido de dicha lista al rechazar la medida. El mandatario argentino cambió de estrategia y ahora, la entidad controlada por el Estado, será transformada en sociedad anónima. El profesor de economía política en la Universidad Pública Argentina, Julio Gambina, explica que “al ser una sociedad anónima, se abre a la incorporación de inversores que quieran capitalizar al Banco de la Nación”. Para él esto sería “el camino a iniciar una privatización con el ingreso de capitales suficientemente importantes, principalmente extranjeros”. Gambina recuerda que el país suramericano tiene una posición acreedora en el sistema mundial y el Estado tiene un déficit de divisas, “por lo cual necesita que ingresen divisas e imagina que la privatización de las empresas públicas que subsisten bajo gestión estatal es un mecanismo para invitar a capitales externos a ingresar en Argentina”. El señala que la propia Ley de bases aprobada el año pasado “involucra el régimen de inversiones de facilidades para inversores que se orienten a la producción primaria exportadora, especialmente la energía y por lo tanto, el Gobierno está haciendo todo lo posible para que ingresen inversiones externas”. Para el experto esta decisión sólo le servirá a "aquellos sectores del capital más concentrado, aquellos que son funcionales a la lógica monetario mercantil que impulsa el gobierno libertario de ultraderecha”. Gambina reconoce que para la población Argentina el resultado será una línea del ajuste fiscal y de reestructuración regresiva que se planteó en el año de gestión de Javier Milei. Esto traduce “menos jubilaciones, menos ingresos salariales, deterioro de los ingresos populares de la mayoría de la población de la Argentina, más de 11000 pequeñas y medianas empresas cerradas en el último año, recesión económica que afecta a la evolución del mercado interno; porque toda la apuesta es a una inserción subordinada que sea funcional a las demandas del capital externo”. Según el decreto, los accionistas del BNA serán el Estado, con 99,9% del capital social y ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía. El 0,1% lo poseerá la Fundación Banco de la Nación. El BNA es la principal entidad financiera de Argentina. Tiene más de 20 millones de usuarios, 10 millones de clientes y 17 mil empleados.

En un informe publicado el 19 de febrero, Human Rights Watch concluye que hay graves falencias en la investigación de homicidios dolosos en México. La mayoría de los procesos no avanzan y a menudo se cierran o se archivan sin que lleguen a un juez. En el informe también aseguran que "la politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia criminal". Hablamos con Tyler Mattiace, investigador para México de HRW. RFI: ¿Por qué ustedes aseguran en el informe que hay graves falencias en la investigación de homicidios en México? Tyler Mattiace: Este informe se enfocó específicamente en el tema de homicidios dolosos y encontramos que sólo el 17% de todos los homicidios, desde 2010 a 2022, fueron esclarecidos, con un sospechoso identificado. Y como la mitad de esos casos, o sea el 9%, llegaron a una sentencia. Así que realmente el problema grave aquí es por una falta de capacidades humanas y materiales, por coordinación ineficaz, por problemas con la protección de víctimas y la participación de víctimas y testigos en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones por homicidio en México nunca llegan ante un juez. RFI: ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la justicia mexicana? Tyler Mattiace: Uno de los retos mayores que enfrenta en casi todo el país es que la mayoría de las personas que podrían ser testigos en investigaciones tienen muchísimo miedo de compartir información porque podrían enfrentar represalias. Pero las fiscalías en el país no están cumpliendo con su obligación de protección efectiva a las víctimas y a los testigos. Y muchísimos casos, que nosotros documentamos en este informe, cayeron porque el testigo fue asesinado. RFI: ¿Qué recomendación hacen a la justicia mexicana a raíz de este informe? Tyler Mattiace: Concretamente, voy a mencionar algunos puntos. Uno es un esfuerzo a nivel nacional para fortalecer las capacidades en términos de capacitación y de recursos y materiales de todas las fiscalías, pero con un enfoque en las fiscalías en las partes del país con mayor tasa de violencia. Segundo, todas las fiscalías en el país deberían ser requeridas por ley de establecer planes de persecución penal estratégica que establecerían lineamientos para que los fiscales sepan cómo priorizar los casos porque tienen realmente altísimas cargas de trabajo y no les alcanza el tiempo. Y una recomendación importante es mejorar los mecanismos de supervisión y control en todas las fiscalías. Hay temas muy graves de abusos y corrupción que realmente impactan negativamente en las investigaciones.

RFI entrevistó al profesor de la UNAM Javier Oliva Posada sobre el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que considera ampliar la demanda en curso contra armerías de Estados Unidos si ese país finalmente resuelve denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El gobierno mexicano advirtió el viernes que ampliaría sus demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes señala por su presunto papel en el suministro de arsenal a los delincuentes en México, incluidos los cárteles del narcotráfico. El gobierno mexicano acusa a los fabricantes de armas de negligencia en la venta de armamento que termina en manos de los cárteles. Para la presidenta Sheinbaum, la querella podría incluir un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas. "El 74 % de las armas utilizadas por grupos delincuenciales en México provienen de Estados Unidos", denunció la mandataria. Esta cifra fue publicada a principios de año por el Departamento de Justicia estadounidense en un informe sobre la circulación de armas dentro y fuera del país. El profesor Javier Oliva Posada, investigador en temas de defensa, seguridad e inteligencia, señala que la entrada de armas provenientes de Estados Unidos a México es "constante". Según este académico de la UNAM, "el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad calcula que, de cada diez armas incautadas en México, ocho fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de mil negocios de venta de armas. Es un flujo muy importante, sobre todo de fusiles de asalto y de alto poder, que llegan a manos de los delincuentes", sostiene Oliva. Más de 3.000 kilómetros de frontera común Los más de tres mil kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos facilitan el tráfico de armas, según el profesor de la UNAM. "México y Estados Unidos tienen 15 ciudades gemelas y una población compartida de alrededor de 14 millones de habitantes. Además, hay 42 pasos fronterizos, es decir, cruces ferroviarios, de autotransporte y, por supuesto, peatonales. Otro dato importante: la frontera entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo, con un millón de cruces diarios y alrededor de 300.000 vehículos", explica. El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los principales compradores ilegales de armamento en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump solicitó a su gobierno que los declarara organizaciones terroristas, junto con otros tres cárteles. De ser así, su homóloga mexicana podría ampliar una demanda ya existente contra los fabricantes de armas en Estados Unidos por "complicidad". "Si se venden armas que luego son incautadas en un escenario violento en México, la pregunta es: ¿se convierten esas personas en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos está permitida la venta de armas, esas mismas llegan a México para ser utilizadas por el crimen organizado. El gobierno mexicano tendría que diseñar una fórmula jurídica a nivel internacional que establezca ciertos requisitos para la venta de armas de alto poder que terminan en nuestro país", concluye Oliva. Por su parte, el secretario de Estado en la administración Trump, Marco Rubio, declaró en un programa de radio estadounidense que su país colabora con México para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Una noticia que fue recibida con alegría por diversos organismos en el país. Han pasado ya casi nueve años del asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres y aunque se avanzó bastante en la investigación, aún quedan cabos por atar, como la autoría intelectual del crimen y los delitos relacionados. “No sabemos qué pueda pasar” Por ello, su hija Bertha Zúniga y a su vez coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se congratuló después de que el Gobierno instalase un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para esclarecer el caso. “Es hasta que llega este Gobierno que retomamos las negociaciones sobre la posible instalación del grupo y que el Estado de Honduras decide solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana”, expresó. “No sabemos hoy mismo qué pueda pasar, si se podrá ir tras los autores intelectuales, si se van a lograr esos objetivos que hemos tenido desde que supimos de la terrible noticia del asesinato. Pero sí, para nosotras es una oportunidad de intentar agotar todos los esfuerzos para que toda la verdad salga a la luz y que se haga toda la justicia a las personas que participaron en este crimen, que por supuesto es parte de los ataques al pueblo lenca”, recalcó Zúniga. Beneficios económicos La medida no es sólo celebrada entre los familiares de Cáceres y el COPINH, sino también por los organismos que suscribieron este acuerdo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “El establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades?”, explica Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL. “Entonces, tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que esos seis meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias”, señala asimismo. Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza. Por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Un juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente Donald Trump de congelar la ayuda exterior de Estados Unidos canalizada principalmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Diego Chávez, del Instituto de Política Migratoria, explicó a nuestra compañera Angélica Pérez cómo los gobiernos de América Latina conseguían elevadísimas cifras que podrían desaparecer de sus presupuestos si Trump desmantela esta institución. En Estados Unidos el poder judicial arremete contra las órdenes del presidente Donald Trump que quiere desaparecer la USAID. Este viernes el juez federal Amir Ali contuvo la congelación de los fondos con los que la USAID sostiene cerca de 1300 proyectos en más de 40 países, así lo dijo a RFI el encargado para América Latina y Caribe de la Migration Policy Institute, Diego Chávez González. "USAID es la principal agencia que da este tipo de fondos. 1,9 billones a gobiernos en América Latina que quieren que les contraten consultores a ministerios o agencias y se lo piden a USAID" ha dicho Chávez en la antena de RFI. La decisión judicial indica que el Gobierno, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato. Diego Chávez explica que la decisión puede afectar "a todos los países de la región y que ya hay programas ahora mismo que han cerrado en temas como el conflicto armado o la migración". Poniendo ejemplos en concreto, en Guatemala por ejemplo, puede verse afectada por un programa de la USAID que significaba 150 millones de dólares. Guatemala es el quinto país a nivel regional que más fondos recibe. "Todavía hay incertidumbre por las órdenes ejecutivas y lo que pueden suponer. Los gobiernos locales no tienen muchas veces capacidad para responder a estos efectos" ha dicho Chávez en RFI. Siguiendo la orden emitida por Trump a finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una directiva en la que frenó toda la asistencia exterior, con excepción del apoyo para Israel y Egipto, y mantuvo solo el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema. La decisión desató el pánico en organizaciones humanitarias de todo el mundo que dependen de los contratos con Estados Unidos para seguir operando. Según la ONU, Estados Unidos es, de largo, el principal suministrador de ayuda exterior, con cerca de 72.000 millones de dólares invertidos durante 2023, lo que representa un 40 % de la ayuda humanitaria global.

Mientras Donald Trump amenaza al mundo con aranceles, Colombia le manda rosas, claveles y crisantemos. Para este 14 de febrero, Día de San Valentín, las exportaciones de flores colombianas aumentaron un 13% en comparación con el año pasado, pero si continúan los roces entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump, miles de parejas se quedarían sin rosas. Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial y Estados Unidos es su primer cliente, quien le compra el 80% de su producción. No es casualidad tan elevada cifra porque en las tierras colombianas crece una variedad excepcional de rosas, crisantemos y otras flores. “Colombia cultiva alrededor de 60 especies y eso le ha permitido, para el mercado de Estados Unidos por la cercanía, elaborar los bouquets, o sea, los arreglos que ya van directo a los supermercados. Y se estima que el 80% de los bouquets que están en los supermercados estadounidenses son hechos en Colombia. Colombia puede hacer un bouquet de 5 dólares, de 10, 20, 30, 100 dólares, y con todas las mezclas que se pueda ocurrir al cliente o al mismo cultivador de flores”, detalla para RFI el presidente de Asocolflores, Augusto Solano. “Ambos países están ganando” Como el mercado estadounidense es vital para los productores colombianos, el líder del sector floricultor recuerda que su gremio pasó un mal momento cuando Gustavo Petro y Donald Trump se amenazaron con aumentar los aranceles. “Dado que Colombia exporta el 80% a Estados Unidos, eso habría sido sencillamente fatal, imposible de absorber, porque un arancel del 25% y 50% es imposible que lo asuman los floricultores. Afortunadamente se llegó a una solución y no tuvimos ningún inconveniente”, señala. “Ambos países están ganando. Aquí mandamos principalmente flores, café, pero Estados Unidos nos vende maíz, soya y somos de los tres primeros compradores del mundo de esos dos productos de Estados Unidos. Entonces estamos en una situación en que ambos ganamos”, recalca. Un ganar ganar que genera unos 200 mil empleos en Colombia y alegría en Estados Unidos: “Varios estudios han demostrado en universidades muy respetadas que el impacto emocional de las flores es muy grande y mucho más que otro tipo de regalos. Y es un impacto emocional no sólo para el que recibe las flores, sino para el que las regala”, subraya Augusto Solano.

En 2024, América Latina recuperó sus niveles económicos que fueron perturbados por la pandemia, pero la generación de empleos no crece como la demanda. Esta es una de las principales conclusiones del último reporte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también alertó de las preocupantes tasas de empleo informal y precariedad. En Lima, la capital peruana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó su informe “Panorama Laboral 2024”. Desde allí, Gerson Martínez, quien coordinó este reporte, explica a RFI que en cuestiones laborales el panorama de América Latina y del Caribe se quedó congelado en el tiempo, como si estuviéramos en el año 2014. “Podemos decir que la recuperación del empleo, si bien ha sido positiva, aunque se ha desacelerado en los últimos años, aún es insuficiente para superar los niveles que teníamos hace 10 años”, señala. “Condiciones de precariedad laboral” Ante la falta de empleos formales y que además ofrezcan salarios que correspondan al costo de vida, millones de personas han encontrado una solución en el empleo informal, a tal punto que este tipo de trabajo forma parte de la economía de los países. Sin embargo, estas personas estarían expuestas a varios peligros e injusticias. “Esta característica estructural condiciona a las personas que están en esta situación a no tener acceso a la seguridad social. Normalmente están ocupadas en sectores de baja productividad y por ende baja remuneración, dado que están en condición de informalidad, no tienen un salario mínimo. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la condición de informalidad resume en buena medida las condiciones de precariedad laboral que enfrentan las personas trabajadoras en esa condición”, detalla Martínez. Posibles deportaciones masivas En Perú, la tasa de informalidad es del 72%, en Ecuador del 68%, en Paraguay del 67%, y más lejos con un 52% está México, país al que Estados Unidos amenaza con aumentarla los aranceles y donde quiere enviar a miles de migrantes irregulares. El panorama laboral entonces podría cambiar vertiginosamente, pero la OIT pide prudencia. “Definitivamente, si las medidas son profundas, de largo alcance y afectan a sectores estratégicos de la economía, particularmente aquellos que tienen mayor peso en la generación de empleo, el impacto en los mercados de trabajo seguramente será sensible, y esto podría derivar en varias cosas: un aumento del desempleo, un aumento de la informalidad laboral”, comenta Martínez. “¿Cuál podría ser el efecto que tendrían deportaciones masivas a los países de origen? De nuevo, esto va a depender de si efectivamente son masivas. Son anuncios aún recientes, y todavía estamos a la espera de ver cómo se consolidan y se llevan a cabo”, agrega. El informe también destaca que el 60% de los jóvenes no tienen trabajo, y que la brecha del desempleo entre hombres y mujeres se reduce lentamente, aunque aún hay 22 puntos que los separan.

RFI entrevistó a Mario Moreno Cepeda, exjefe de gabinete de control de drogas en la Casa Blanca y exfuncionario de la administración Biden, sobre las nuevas políticas de la administración Trump hacia México, las cuales incluyen la amenaza de imponer aranceles para abordar la crisis del fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. El pasado 1° de febrero, Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25 % a las importaciones procedentes de México y Canadá. Tras una llamada telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum dos días después, acordó suspender los aranceles a México por un mes. Como parte del acuerdo, México se comprometió a desplegar 10.000 soldados en la frontera con EE. UU. para combatir el narcotráfico y reducir la presión de Washington. Sheinbaum declaró que las tropas también reforzarían las operaciones de seguridad en la región fronteriza norte. El martes 4 de febrero, comenzó el despliegue de los militares. Imponer aranceles es contraproducente Recurrir a las amenazas de aumentar los aranceles no es nuevo para México con Trump, pues ya lo hizo durante su primer mandato. Lo novedoso es utilizarlas para enfrentar el problema del fentanilo. "La imposición de aranceles a México por parte de su administración es una estrategia netamente política. Trump busca un culpable para un problema de adicción y salud pública que tenemos aquí en Estados Unidos", explica sostiene este ex funcionario de la administración demócrata. La administración republicana sostiene, sin embargo, que México no está haciendo lo suficiente y acusa al gobierno de Sheinbaum de mantener una "alianza intolerable" con los cárteles del narcotráfico, principales traficantes de fentanilo. ¿Qué opina Moreno Cepeda sobre la estrategia de la nueva administración? "Es una forma de presionar a México, pero esto tiene sus límites. Trabajar con México como socio puede dar mejores resultados que estas amenazas. Para abordar el problema del fentanilo se necesitan varias herramientas. Lo preocupante es que la administración Trump presenta esta medida como la única solución a un problema tan complejo como la adicción a las drogas en Estados Unidos", opina. . Moreno también advierte sobre el énfasis de Trump en tratar la crisis del fentanilo solo como un problema de seguridad, sin considerar estrategias previas que lograron avances. Presionar es la única estrategia "En 2023, durante la administración Biden, llegamos a 110.000 muertos por sobredosis en un año. Esa cifra se ha reducido a 89.000 gracias a políticas que combinaban seguridad y salud pública. Estas políticas no solo se promovieron, sino que se implementaron, y ahí está el resultado", sostiene. Para él, centrarse únicamente en seguridad no es el camino para abordar eficazmente un problema de salud pública. "Si esta administración sigue enfocada solo en seguridad, ese declive no será sostenible. Lo preocupante es que amenazar a México no es productivo y que esta presión se presenta como la única solución para un problema tan complejo como la adicción a las drogas en Estados Unidos", concluye.

Los incendios forestales que arden en múltiples focos en la Patagonia argentina desde diciembre han consumido más de 36.000 hectáreas hasta este jueves y han movilizado a cientos de bomberos. RFI entrevistó a María Vergara, damnificada de un paraje rural en la provincia de Río Negro y a Manuel de Lucía, brigadista voluntario, de la agrupación Mallín Ambiental. Desde diciembre, la Patagonia argentina arde sin control. En los últimos días, el fuego se ha intensificado. Bomberos y habitantes apenas tienen descanso. "Es un incendio de dimensiones extraordinarias. Empezó muy cerca de mi casa. Ya pasó, pero no quedó nada. Tenía dos casitas y cuatro 'dormís' [habitaciones de alquiler]. Todo quedó en cenizas. Y del bosque, ni hablar", dice María Vergara, habitante del paraje rural Mallín Ahogado, en el municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina. Vergara relata el momento en que advirtió el peligro: "Estaba a punto de salir de mi casa cuando me preguntaron: 'María, ¿es esto normal?'. Miré por la ventana y vi una columna de humo tremenda, con una fuerza espantosa. Le respondí: 'No, eso es un incendio. Busquen sus cosas. Esto se viene. ¡Rápido, rápido, rápido!’. En menos de una hora tuvimos que evacuar. Yo salí solo con lo que llevaba puesto', relata. Los brigadistas voluntarios, como Manuel de Lucía, coordinador de la agrupación Mallín Ambiental, explican que enfrentan las llamas con recursos limitados. Recursos limitados para enfrentar el voraz incendio "El fuego aún no está controlado y sigue avanzando. En un principio, trabajamos con herramientas manuales. También usamos cursos de agua, como ríos y arroyos, para enfriar el terreno y sofocar las llamas. En las zonas de difícil acceso, trasladamos agua en camionetas particulares de familias de pequeños productores. Utilizamos bidones de hasta 1.000 litros con motobombas portátiles para abastecer a las cuadrillas y extinguir los focos de una sola vez. De lo contrario, tendríamos que regresar con herramientas manuales, lo que hace más lento el trabajo", explica De Lucía. La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado mantiene a la región en la incertidumbre. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta identificar a los responsables de los incendios, la demanda desde el terreno es clara. "Pedimos medidas urgentes para evitar que más viviendas sean arrasadas y que no haya más víctimas fatales. Esta es una zona de producción agroecológica. Necesitamos preservar la tierra en buen estado. También exigimos que no se nos desplace para favorecer negocios inmobiliarios. No olvidemos que esta es una región turística muy codiciada", advierte un residente. Más allá del esfuerzo de brigadistas y organizaciones no gubernamentales, el fuego sigue fuera de control al otro lado de la frontera con Chile. La situación es alarmante: hay 78 focos activos, 35 de ellos en la región de La Araucanía, fronteriza con la provincia argentina de Neuquén.

Tras 14 meses y medio de gobierno de Daniel Noboa, los ecuatorianos votan este domingo en medio de una crisis multidimensional que abarca la economía, el sistema energético, la institucionalidad y la seguridad. Ecuador es el primer país de Latinoamérica en índice de homicidios. La violencia que el país andino arrastra hace un lustro, se arreció en 2024, segundo año consecutivo más violento en la historia de Ecuador, con un homicidio intencionado cada 75 minutos, según datos de la Policía Nacional. Incluso en las elecciones anteriores fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las matanzas en las cárceles son moneda corriente. Enero de 2025 es el mes más violento de los últimos tres años, con un asesinato cada hora. “¿Cómo llegamos a esto? Si tuvimos ya unos niveles super reducidos de violencia, ¿qué pasó?”, se pregunta Carla Álvarez, investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experta en seguridad. "Hubo una desinstitucionalización del país y del campo de la seguridad. Teníamos un Estado mucho más fuerte en el campo de la seguridad y, de repente, se dio una reducción del tamaño estatal, una reducción de todas las instituciones, de su presupuesto, de funcionarios y funciones", explica a RFI. Eso provocó que hubiera "espacios fuera de control y los espacios que están controlados, se debilitan al mínimo, dejas que la tecnología se pudra", denuncia la investigadora. Y esto afectó, afirma, a cárceles, puertos, aeropuertos y carreteras. "El Ecuador se convierte es un territorio baldío. Una autopista genial para sacar droga hacia el mundo, donde nadie controla, nadie ve y nadie dice nada", agrega. ¿Cuando ocurrió este desmonte del Estado? "A partir del 2017, claramente. Nosotros veníamos de un modelo de desarrollo de tipo nacionalista y desarrollista que creía y confiaba mucho en la planificación estatal centralizada. Esto significaba que el Estado debía ser grande para poder controlar los espacios y los asuntos estratégicos", recuerda. "Viene un nuevo gobernante, Lenín Moreno, que dice ‘no, así no funcionan las finanzas públicas, estamos muy endeudados y no podemos asumir este gasto estatal. Hay que cortar al Estado’. A partir del 2017 todos los gobiernos han seguido la misma política", afirma a RFI. "El crimen organizado encontró a Ecuador con los pantalones abajo" "Noboa no es el culpable de todo porque los anteriores gobiernos no habían invertido en nada, y eso en un contexto de pandemia que debilitó muchísimo a la sociedad, fuimos el segundo país con más mortalidad. Además, hay un escenario o unas condiciones apropiadas para el crecimiento del crimen organizado en el mundo. Pero, lo que pasa es que al Ecuador lo encuentra con los pantalones abajo”. Noboa llevaba menos de dos meses en el cargo, cuando delincuentes armados irrumpieron en el estudio de una cadena de televisión estatal durante una transmisión en directo, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. El presidente declaró, entonces, en "conflicto armado interno” al país y emitió un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio para “neutralizar grupos terroristas”. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia violación de derechos humanos en el marco del estado de excepción. En su último informe aseguran que hay 27 personas víctimas de desapariciones forzadas. Nueve de ellas son menores de edad.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marcos Rubio, afirmó que respeta el marco legal de Panamá y los procedimientos que rigen el Canal, aunque le parece “absurdo” que su país tenga que pagar cuotas para transitar “una zona” que tiene la obligación de proteger en momentos de conflicto. Rubio eludió reconocer que el departamento de Estado mintió al asegurar, durante su vista al país centroamericano, que los barcos de guerra estadounidense habían sido exonerados de pagar peaje al pasar por el Canal de Panamá. Al parecer, las falsedades, contradicciones y desmentidos son el sello del segundo corto mandato de Donald Trump. Esta vez, la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá desató el fuego cruzado de declaraciones mentirosas e impugnaciones. El Departamento de Estado estadounidense aseguró el miércoles 5 de febrero que sus embarcaciones militares ya pueden transitar sin pagar tarifas por el Canal de Panamá. Con celeridad, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) negó que el país centroamericano haya aceptado eximir del pago a embarcaciones de guerra estadounidenses. “Ningún cambio a sus tarifas de peaje” “La Autoridad del Canal de Panamá emitió un comunicado de prensa donde indica que ellos no han realizado ningún cambio a sus tarifas de peaje. Atribuciones que le corresponde a través de la Constitución de la República de Panamá”, comenta Erving Vargas, experto en seguridad portuaria y marítima y director del Centro tecnológico de cooperación marítima para Latinoamérica. “Lo que sí comunicaron es que están en comunicación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir las futuras medidas para agilizar el paso de las embarcaciones de guerra de Estados Unidos”, agrega. “Con absoluta responsabilidad, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), está en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país”, destacó la ACP en un comunicado. La noticia de que embarcaciones militares de Estados Unidos no pagarían peajes por transitar por el Canal de Panamá venia tomando fuerza antes de la vista de Rubio. Interrogada por la Agencia Bloomberg, la ACP respondió que “la estructura de peajes vigente en el Canal de Panamá se mantiene igual para todos los usuarios y se calcula de acuerdo con el tipo de buque y carga que transporten. En el caso de los buques de guerra, tanto de Estados Unidos como de cualquier otro país, el cobro de peaje se calcula en función de las toneladas de desplazamiento y los servicios marítimos que se requieran”. “La autoridad del Canal de Panamá fija los peajes” Las falsedades de Washington también desatoraron el rechazo y la cólera del presidente panameño José Raúl Mulino. “Tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado porque está basado sobre una falsedad. Y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia”, afirmó el mandatario. Mulino reveló que conversó con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a quien le explicó la “imposibilidad” constitucional de modificar los peajes del Canal de Panamá. “El presidente no tiene esa potestad”, subrayó el mandatario. Además, recordó que el artículo 319 de la Constitución Política señala que es la Junta Directiva de la ACP la que fija los peajes, con la aprobación final del Consejo de Gabinete. “Para que tengamos en claro la autoridad del Canal de Panamá fija los peajes, las tasas y los derechos para uso del Canal y los servicios conexos que el Canal da. El Canal de Panamá hace una evaluación de sus gastos operativos para ver si el incremento puede darse o ajustes al mismo. Y eso se presenta ante el Consejo de Gabinete para su ratificación. El Consejo de Gabinete solamente verifica que se cumpla con lo que se dice en la Constitución en ese punto específico. Todo esto está establecido dentro de la política de Estado...

En su último informe “Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador”, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recoge una serie de casos de personas detenidas desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el contexto de la militarización decretada por el Gobierno. Los casos suman 27 personas víctimas de desapariciones forzadas, en la costa del país. Nueve de ellas son menores de edad. En respuesta a la violencia criminal que campea en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró en “conflicto armado interno” al país y en enero de 2024 emitió un decreto ejecutivo proclamando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio. Se promovió el uso de la fuerza letal contra la población para “neutralizar grupos terroristas”. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, alertaron el sobre el riesgo que esta medida implica para la vida y la integridad ciudadana. “No existe tal conflicto armado” “Desde el primer día, nosotros alertamos de que esta militarización de la seguridad ciudadana iba a poner en riesgo a la población civil. Los militares no están capacitados para atender tareas de seguridad ciudadana, porque su formación está enfocada en la erradicación del ‘enemigo’. Y esto se agudizó a partir de la declaratoria política del ‘conflicto armado interno’. Digo política porque en la realidad no existe tal conflicto armado interno. Existe una diferencia abismal entre crisis de inseguridad y un contexto de conflicto armado interno”, explica para RFI Fernando Bastias, experto legal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. “Eso fortaleció la tesis del ataque contra la población civil, bajo el discurso del uso letal de la fuerza contra ‘terroristas’ y eso ocasionó los primeros casos reportados de tortura, luego, las detenciones arbitrarias y, progresivamente, se fueron sumando las desapariciones forzadas que hasta la fecha se suman 27 víctimas, incluyendo adolescentes y niños”, subraya. “Perfilamiento racial” En cuanto a los perfiles de las personas desaparecidas, Bastias precisa que “en primer lugar, las desapariciones iniciaron con una detención ilegal arbitraria y se mantuvo con una incomunicación. No hay víctimas directas, resultado de una selección o de una política de terror; pero sí es el resultado de un comportamiento de las Fuerzas Armadas en aplicar el perfilamiento racial. Y también en hacer un uso indiscriminado de su capacidad de ejercer la fuerza estatal”. “Son las personas de barrios empobrecidos, personas afroecuatorianas y en contexto rural las principales víctimas de desaparición porque cumplen los estereotipos. El presidente ha promovido en redes sociales contra quienes debe ir la mano dura: contra la gente pobre, no contra las megas estructuras financieras que existen en el país”, indica. “Civiles comunes y corrientes” Según el experto, “los índices de violencia del crimen organizado no han cambiado. De los casos que nosotros tenemos a la mano, ninguno tiene indicios de antecedentes penales o de haber participado en algún delito o de formar parte de algún grupo de delincuencia organizada. Más bien, eran civiles comunes y corrientes”. “Ese es el riesgo. Cuando tú normalizas que Fuerzas Armadas ejecute operativos sin ningún tipo de control, que las personas que no tienen nada que ver sean víctimas de crímenes también cometidos por ellos. Y aunque hubieran tenido antecedentes, hay un procedimiento que seguir”, recalca. El tener un prontuario delictivo no justificaría el crimen de lesa humanidad que constituye la desaparición forzada. Asimismo, defensores de derechos humanos señalan que la situación en Ecuador no cumple con los requisitos establecidos para declarar un “conflicto armado interno”. Estas organizaciones alertaron de que la movilización de las Fuerzas Armadas es una medida mediática que refuerza un enfoque “securitista y punitivista” y pone en grave...

La ira desatada por la ofensiva de Donald Trump contra los inmigrantes se siente en las calles de EEUU. Desde el domingo pasado cientos de miles de personas manifiestan contra el aumento de redadas y deportaciones puestas en marcha por el republicano desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Trabajadores de origen latinoamericano y negociantes se sumaron este lunes al llamado en redes a los migrantes a no asistir al trabajo con el fin de demostrar lo esenciales que son para la economía estadounidense. Según Los Angeles Times unos 250 negocios en todo el país no abrieron ese día por seguir la protesta o porque no tenían personal suficiente. Nueva York, Saint Louis, Atlanta, Dallas, Los Ángeles… en varias ciudades el paro fue acompañado por una ola de inmigrantes y estadounidenses que ondearon banderas de países latinoamericanos y lanzaron consignas en contra de las medidas racistas del presidente republicano. "Son manifestaciones orgánicas más que nada de jóvenes", explica a RFI Francisco Moreno, director de la ONG Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) con sede en Los Ángeles. Nuestros padres vinieron a luchar por nosotros en este país, ahora nosotros estamos luchando por ellos "Llegaron solitos a través de las redes sociales y han estado llegando por miles y miles aquí al centro de Los Ángeles -continúa Francisco Moreno-. Hay muchas pancartas que dicen "Nuestros padres vinieron a luchar por nosotros en este país, ahora nosotros estamos luchando por ellos". Es su grito de guerra contra estas políticas racistas del presidente Donald Trump. Hay gente que está poniendo en inmigración. Vemos con mucho miedo que este Gobierno está haciendo compuesto, pues por gente vamos lo diciendo fascistas". Los arrestos en todo el país de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) aumentaron la última semana con cerca de 900 a 1.200 personas detenidas por día, según la agencia. El promedio en 2024 fue de 311 detenciones diarias Leer tambiénEn Chicago, una iglesia brinda asilo a los migrantes y desafía al ICE "Son operativos ya muy establecidos contra cierta persona. Vienen buscando a criminales, según ellos. Aquí en Estados Unidos un criminal es aquella persona, por ejemplo, que tuvo faltas de tráfico y que no fue a corte, personas que tuvieron violencia doméstica que manejaron bajo la influencia de drogas o alcohol. Todos para ellos aquí somos criminales, se nos llama criminales", explica sobre las detenciones. "A estas personas y más que nada y más que nada, las personas que han tenido una orden de deportación anterior o que fueron deportados y que volvieron a entrar a Estados Unidos, son un objetivo para venir a detenerlos, ya sea afuera de sus casas o en sus trabajos. Es lo que estamos viendo hasta ahorita", concluye. “In the schools, NO ICE! (Fuera ICE de las escuelas)” consigna de la manifestación en Nueva York en rechazo a la presencia de la policía de inmigración en los centros escolares. La Administración Trump ha facultado nuevamente a los agentes federales a hacer operativos prácticamente en todo lugar.

En menos de una semana, los ecuatorianos volverán a elegir al mandatario de Estado en unas elecciones presidenciales donde toman ventaja el actual mandatario, Daniel Noboa y Luisa González, la candidata del grupo político afín al expresidente Rafael Correa. Todas las encuestas apuntan a unas elecciones muy polarizadas y reñidas entre el actual presidente Daniel Noboa del partido Acción Democrática Nacional y la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana. Shila Vilker, consultora política y directora ejecutiva de la encuestadora Trespuntozero, indica que el escenario político es de hiperpolarización. “Estos dos grandes candidatos que llevan la delantera, retienen un porcentaje muy importante, muy intenso de los votos. Es una escena competitiva. Nosotros encontramos a Luisa González por arriba de Noboa, con más o menos 4 puntos de diferencia. Es una escena muy polarizada y por supuesto, a costa de las otras figuras de la campaña, que en este caso es una oferta muy importante”, señaló Vilker agregando que hace un mes la diferencia entre ambos era más grande con González liderando el voto. Cabe destacar que los ecuatorianos votaron por las presidenciales hace tan solo un año y dos meses, poco antes de que Noboa disolviese la Asamblea Nacional y concluyera el periodo constitucional de Guillermo Lasso, por lo que según analistas, los ciudadanos tienen mayor claridad al votar en esta ronda. Para Vilker el contexto se da entre dos caras: “Lo primero es que la elección que enfrenta Noboa es una elección con un candidato que está en ejercicio del poder. Pero, el otro elemento novedoso de la escena es que en las últimas elecciones, Revolución Ciudadana tenía alrededor de 34 o 35 puntos y en esta elección está llegando con más de 40 puntos ---.--según sondeos-. Ahí hay que hablar no únicamente de Revolución Ciudadana, sino de la figura de Luisa González, que ha tenido capacidad para ampliar el espectro de gente a la que se interpela”, señaló. El próximo domingo también se elegirán a 151 diputados, 15 nacionales, 130 provinciales y 6 del extranjero para conformar la Asamblea Nacional. Igualmente polarizada. En la que Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana se convertirán en las grandes mayorías.

Se cumplen dos años de la apertura de la cárcel más grande de América Latina. El centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Con capacidad para 40.000 personas, se ha convertido en símbolo de la lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que suma ya más de 80.000 arrestos en el marco de un régimen de excepción declarado en marzo de 2022 y fuertemente criticado por ONG y agencias internacionales. El CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, punta de lanza de la guerra del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador cumple dos años. Esta prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 reos y escenario de impactantes imágenes de reclusos hacinados con la cabeza afeitada, fue presentada el 31 de enero de 2023 y puesta en marcha a principios de febrero de ese mismo año. Para el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, experto en seguridad, este centro, además de ser una cárcel, sirve para lanzar un mensaje. "Es CECOT es un centro penitenciario de máxima seguridad y que está diseñado para miembros de estructuras de las pandillas criminales de alta peligrosidad. Por supuesto que las imágenes, además de enviar un mensaje a la población, a las víctimas principalmente, también considero que tiene un efecto de mostrarle a las personas que todavía se encuentran en libertad y que son criminales que están siendo buscados, lo que les espera al ser condenados", dijo a Radio Francia Internacional. El CECOT es el complemento del régimen de excepción declarado por Bukele en 2022, con el que ya se han detenido a más de 80.000 personas. Ricardo Sosa estima que aunque no se ha ganado la guerra, las pandillas, como la Mara Salvatrucha, se han visto fuertemente golpeadas: "Las pandillas criminales en El Salvador, como fueron conocidas antes del 2022, ya no tienen la misma capacidad de operación, ya no tienen el mismo impacto criminal y ya no controlan parte del territorio salvadoreño". Leer tambiénDenuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos en El Salvador Sin embargo, la rigidez del régimen de excepción de Bukele también despierta recelo. Agencias internacionales, ONG y grupos ciudadanos han denunciado que atenta contra los derechos humanos. Un ejemplo es el MOVIR, el Mivimiento de Víctimas del Régimen de Excepción. Denuncian detenciones arbitrarias: 8.000 de los presos han tenido que ser liberados, y falta de acceso a los reos y a la información. Samuel Ramirez, su coordinador, habla con RFI: "Ese número de 80000 lo logró en poco tiempo. El presidente quería números. No hay acceso a la información. El mismo régimen de excepción le permite mantener en reserva toda la información que tiene que ver con el régimen. No permiten las visitas familiares, no se permite saber las causas de las muertes en las cárceles. No podemos saber cómo van los procesos judiciales". El 27 de marzo el régimen de excepción cumplirá 3 años en el Salvador.

En medio de la polémica ligada al Canal de Panamá llegará este 1 de febrero el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio al país centroamericano. Donald Trump no descartó una acción militar para retomar el control de la infraestructura, que tacha de controlada por China. ¿Qué busca Washington con el viaje oficial del jefe de su diplomacia? Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, llega este sábado a Panamá en su primer viaje oficial al extranjero. En el país centroamericano esperan una visita complicada. El “Gran Garrote” “A mí me parece que la visita del secretario Rubio viene con normas muy claras. Creo que estamos reviviendo la política del ‘Big Stick’, el ‘Gran Garrote’. El gobierno tiene que asumir una posición de negociación, pero hacerlo también con prudencia, porque sabemos que viene con el garrote. Ya tenemos claro lo que sucedió en Colombia y además sabemos que viene con una línea agresiva”, estima Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y experto en las relaciones entre ambos países. Donald Trump ha declarado varias veces su deseo de recuperar el control del Canal de Panamá, llegando a no descartar la fuerza militar. El presidente de Estados Unidos asegura que está controlado por China, lo que es sería una amenaza para Washington. Empresas chinas controlan dos puertos de cinco Dos empresas ligadas a Pekín controlan dos puertos de los cinco existentes: el de Balboa, del lado del Pacífico, y el de Cristóbal, en el Atlántico. Juntos triplican la capacidad del de Manzanillo, el único controlado por Estados Unidos. Sin embargo, revertir esa situación se antoja imposible para Franco Muñoz. “Los puertos están en manos de una empresa privada china, no del Gobierno chino. Me parece que hay más que nada una negociación. Lo más probable es que vaya a pedir algo con relación a los puertos. Panamá hizo una negociación, una apertura de una licitación, que los puertos fueron ganados por los chinos. Se renovó. Pareciera que una de ellas sí tiene algo que no está muy claro, pero es una cosa que la tiene que resolver el Gobierno de Panamá y nosotros los panameños ver cómo resolvemos este asunto. Tenemos un contrato con los chinos que está vigente, con la empresa china, y que si Panamá incumple la cosa o le quita la concesión que fue cedida a los chinos, vamos a tener que ir a un arbitraje y lo más seguro es que va a ser un precio muy alto para Panamá”, explica. Otros intereses Franco Muñoz descarta también cualquier uso de la fuerza militar, pero entiende que Trump podría usar esa amenaza para negociar otros intereses estadounidenses en Panamá: “Yo tengo la impresión de que amenaza militar como tal no, pero sí le gusta jugar duro y está amenazando. En los mentideros políticos se habla también de la posibilidad que pida una base militar en la zona de Darién, que es una preocupación que tienen ellos con el tema del tránsito de los indocumentados que están pasando por allí”. “Y muy probablemente lo primero que planteó también, que no lo trajo en la última, pero que puede decirlo, es que quiere que Panamá reciba gente que no son de nacionalidad panameña y que no pueden ser recibidos en sus países”, añade el experto.

Las nuevas medidas contra la inmigración de la segunda administración Trump han puesto en alerta a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. En muchos lugares se organizan para compartir información sobre sus derechos y ayudarse, como ocurre en Chicago, donde una iglesia y su pastor se han convertido en ejemplo. El pastor Marvin del Ríos, de la iglesia comunitaria Starting Point de Chicago, es claro. Cumplirá con la ley, pero no facilitará el trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), es decir la policía de inmigración, si se plantan en la puerta de su congregación. “Una fuente de ayuda” “Con las órdenes de deportación, sí, sabemos que hay reglas y hay leyes. Si ellos vienen a tocar a las puertas de la iglesia, podemos tener una conversación. Pero si ellos no tienen un orden judicial firmado por un juez, específicamente con nombres de personas, no pueden entrar en la propiedad para ver o hablar con la gente”, explica el pastor a RFI. En sus instalaciones acoge como huéspedes actualmente a 17 inmigrantes latinoamericanos. Su iglesia se ha convertido en un primer punto de apoyo tras su llegada a Estados Unidos, mientras se instalan y completan su papeleo ante las autoridades. “Aquí estamos dando esa oportunidad de hospedaje, de prepararse, de guardar un poquito de dinero para hacer una transición de aquí hacia su propio apartamento, su propio hogar. Y queremos ser por lo menos una fuente de ayuda para aquellos que lo necesitan”, subraya Marvin del Ríos. “Mucho temor” Precisa además que “la mayoría de nosotros tiene sus documentos y permisos de trabajo de Estados Unidos; los otros están esperando sus documentos, ya pusieron su solicitud y están en espera para recibir esos documentos”. No obstante, a pesar de la ayuda entre sus miembros, las recientes medidas de la administración Trump, así como ciertas noticias publicadas como las relativas a cuotas obligatorias de detenciones impuestas a la policía de inmigración, mantienen en constante tensión a la comunidad latinoamericana de la ciudad, sobre todo a “aquellos que no tienen sus documentos en orden o están todavía en trámite”. “Ha habido mucho temor. Algunos no están mandando sus hijos a la escuela, otros están quedándose en su casa y no están yendo al trabajo. Lamentablemente hemos visto y hemos escuchado de la vida siendo un poquito difícil en este momento para salir”, señala el pastor.

RFI entrevistó a Jorge Luis Vidal, experto en seguridad pública y narcotráfico, sobre el proyecto argentino de construcción de una valla en Aguas Blancas, localidad situada en la porosa frontera norte con Bolivia. Se trata de un alambrado de apenas 200 metros con el que el gobierno de Javier Milei planea combatir el tráfico de drogas y el contrabando de mercancías, lo que ha suscitado protestas del gobierno boliviano. Doscientos metros de alambrado en el pueblo fronterizo argentino de Aguas Blancas han desatado la polémica entre Buenos Aires y La Paz. El alcalde de la localidad lanzó la licitación para la construcción de la valla dentro del llamado "Plan Güemes", con el que el gobierno de Milei busca combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera de Salta, en el norte del país. Aguas Blancas se ubica a orillas del río Bermejo, considerado parte de la "Ruta de la Droga" por el Ministerio de Seguridad argentino. La pequeña localidad se ha convertido en un importante punto de paso. Pero ¿pueden apenas 200 metros de alambrado marcar una diferencia? Jorge Luis Vidal, experto en seguridad pública y narcotráfico, responde: "Estos 200 metros [de alambrado] solamente lo que hacen, en principio, es ordenar un lugar que es muy complicado. Esto va obligar a toda la gente que llegue a la terminal de buses a desplazarse hacia el lugar de migraciones donde hay control fronterizo, migratorio y de aduana. Inclusive controles del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Porque si no la gente que llegaba a ese lugar utilizaba directamente los pasos que hay a través del río Bermejo, que es el límite internacional entre Argentina y Bolivia. La gente se subía a una de esas tarimas de madera, que ni siquiera son botes. Son una especie de tarimas de madera con flotadores que cruzan todo el día el río de un lado hacia el otro, llevando y trayendo cajas y bolsas, sin saber lo que hay dentro de ellas", explica Vidal. Para este especialista, el problema de la frontera en Aguas Blancas no es solo el tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas y el contrabando de todo tipo de mercancías. "La cuestión entre Argentina y Bolivia, y entre Argentina y los demás países limítrofes, radica en que, cuando el cambio del peso en relación al dólar nos favorece, los argentinos salen a comprar mucho a los países limítrofes. Y, cuando es al revés, de los países limítrofes, llámese Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y algo de Brasil, la gente viene a la Argentina en gran cantidad a comprar desde combustible hasta alimentos, así como un montón de otras cosas. Es muy común que todo eso se contrabandee a diario. Si hay mucha interacción entre Bolivia y Argentina, es a causa, justamente, de estas fronteras tan permeables que tenemos". El gobierno de Bolivia protestó, argumentando que las medidas fronterizas deben tratarse de manera bilateral. Sin embargo, Vidal sostiene que la instalación se encuentra completamente dentro del territorio argentino y que no supone el cierre del paso fronterizo, por lo que las personas con la documentación en regla pueden seguir cruzando.