Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

Las bolsas de valores no paran de agitarse desde que Donald Trump le declaró al mundo la guerra comercial. Este 3 de abril en Wall Street se desplomaron los principales índices, el Nasdaq retrocedió un 4,88%, mientras que las bolsas europeas registraron marcadas caídas. En este caos financiero los países del continente americano serían los menos afectados. Esta vez Donald Trump no atacó a sus vecinos con nuevos aranceles. México y Canadá saldrían ilesos, por el momento, en esta guerra comercial que el presidente estadounidense declaró especialmente contra el continente asiático. “Una reafirmación de América del Norte” “Todavía no sabemos, pero de acuerdo con lo que se va comprendiendo, es una reafirmación de América del Norte, porque a México y a Canadá, si bien los afectó, salieron fortalecidos respecto al resto del mundo. Por eso los mercados financieros se despertaron con un golpe muy contundente a la valuación de las empresas estadounidenses, pero el peso mexicano se apreció fuertemente. Los mercados mexicanos respondieron a contramano del resto de los mercados globales”, detalla Santiago Capraro, profesor de la UNAM. Este jueves por la tarde, un dólar estadounidense se compraba en 19,92 pesos mexicanos mientras que un día antes valía 20,21 pesos. En este contexto de caos financiero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le agradeció a Donald Trump su “voluntad de diálogo” para excluir a su país de los aranceles recíprocos. ¿Porque Estados Unidos trata de manera diferente a sus vecinos? “La industria de Estados Unidos depende fundamentalmente de la urdimbre de procesos que existe entre Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, es muy complejo para las autoridades estadounidenses y para Donald Trump en particular, modificar las instituciones que enmarcan las relaciones comerciales”, responde el profesor de la UNAM. Decisiones cambiantes Subraya que, “si bien no sabemos qué va a ocurrir, por lo menos en los anuncios lo que surge es que es un fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero no se puede confiar de una persona que un día toma una decisión y al otro día otra”. Si se comparan las tarifas que Trump impuso por todo el mundo, América Latina también tendría un trato especial: “América Latina ha tenido un trato preferencial por parte de Estados Unidos, entonces ahí habría un reforzamiento de las relaciones continentales. Pero lo vuelvo a repetir, este beneficio proviene de una persona que un día toma una decisión y al otro día otra”, recalca Santiago Capraro. Donald Trump le impuso a Brasil el 10%, el porcentaje más bajo, y el mandatario brasileño Lula Da Silva dijo que su Gobierno tomará medidas para defenderse de estos aranceles.

Estados Unidos le retiró su visa al premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien también fue presidente de Costa Rica en dos ocasiones. En el correo que recibió esta semana, el Gobierno estadounidense le notificó que la cancelaban conforme a la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite revocar visas a discreción. RFI conversó directamente con Óscar Arias. Desde su casa en San José, capital de Costa Rica, Óscar Arias cuenta a RFI cómo reaccionó cuando se enteró de que Estados Unidos le habían cancelado su visa. “No me dicen la razón” “Yo no sé si es un castigo o es una condecoración. Fue una sorpresa muy incómoda porque recibí un correo muy escueto en que se me informa que han revocado mi visa según una ley que es citada en el correo, pero no me dicen la razón por la cual me revocan la visa”, explica. A Estados Unidos le sobran las razones para considerarlo un honorable ciudadano del mundo. Óscar Arias recibió el premio Nobel de la Paz en 1987 por su labor diplomática para acabar con las guerras civiles en América Central. “Yo he recibido 93 doctorados honoris causa y el 90% de esos doctorados son de universidades norteamericanas”, subraya. No habría entonces razones para que le revocaran su permiso de ingreso a Estados Unidos. No obstante, desde que Donald Trump inició su segundo mandato, Óscar Arias lo ha criticado varias veces, asegurando que su Gobierno tiene características de una autocracia. ¿Sería ésta la razón? “Francamente no lo sé, porque como le manifestaba anteriormente, recibí un correo muy escueto en que no se dice, no se justifica cuál es la razón por la cual me revocan la visa. Pero lo que sí le puedo decir es que a mí nadie me va a silenciar. Yo soy ahora una persona ya de 84 años, todavía opino y escribo, y soy crítico porque soy un verdadero demócrata”, enfatiza. Importancia de la crítica Óscar Arias subraya la importancia de permitir la crítica cuando se es un régimen elegido por el pueblo, “la crítica honesta, reflexiva, sana”. “El demócrata más bien se siente halagado con la crítica porque nos fortalece y nos permite poder a veces rectificar si uno está equivocado. Pero el autócrata no, está acostumbrado a dar órdenes. Y en el caso de Estados Unidos, a dar órdenes al mundo entero. Y eso lo he criticado con el presidente Trump”, afirma. Óscar Arias reitera en todo caso que seguirá defendiendo la libertad de expresión y lamenta que el Gobierno de los Estados Unidos no acepte las críticas: “Me duele mucho que un gobierno no acepte la crítica, que no tolere la crítica, porque una democracia no existe sin crítica, sin libertad de expresión, sin libertad de opinión, sin libertad de prensa. Es inconcebible. Pero estoy especulando, porque no sé cuál es la verdadera razón para haberme revocado la visa”, dice. En la notificación que recibió este martes, el Gobierno estadounidense lo invitó a solicitar nuevamente la visa para ingresar a su territorio. El Premio Nobel de la Paz dijo que no le interesa.

Los problemas para la industria del acero latinoamericano datan de mucho antes de la reelección de Trump, explicó a RFI Jorge Berríos, director del Programa de Finanzas de la Universidad de Chile. Para este especialista en relaciones financieras internacionales la gran dificultad para las industrias del acero de la región es el acero barato chino en razón de los bajos costos de la mano de obra en China. Trump revelará este miércoles una serie de nuevos aranceles que podrían desatar una guerra comercial impactando industrias en América Latina. Algunas industrias de metales clave latinoamericanas como la del acero, sin embargo, ya vieron aumentar sus aranceles para entrar en los Estados Unidos desde el pasado 12 de marzo y en Latinoamérica, estos no hicieron más que sumar dolores de cabeza a un sector que ya venía en su tercer año consecutivo de caída. Para el acero latinoamericano, el gran problema viene desde mucho antes que Trump. En el año 2.000 China exportaba a América Latina menos de 100.000 toneladas anuales de acero y hoy se estima que la cifra ronda los 14 millones. En Chile, por ejemplo, en 2.024, las puertas de Huachipato, su mayor acería, tuvieron que cerrar debido a su incapacidad de competir con el acero barato proveniente del gigante asiático. "En Latinoamérica el sector productivo del acero yo lo veo con perspectivas negativas, pero no tanto por los aranceles, sino por la competencia china", explica Jorge Berríos, director del Programa de Finanzas de la Universidad de Chile. Un costo de mano de obra imbatible "Nosotros lo vivimos en Chile en carne propia con Huachipato. Por eso, entendemos que no es un problema de aranceles, sino de la competencia del acero chino. China tiene un costo de mano de obra muy bajo. Ese costo es imposible que los países latinoamericanos, con todas las restricciones y con el costo de mano de obra que tengamos, podamos llegar a alcanzar esos niveles con los que ellos llegan, en términos de colocación de precio, a los mercados locales", explica este especialista en relaciones financieras internacionales. "Hay una discusión que se está dando a nivel académico y a nivel productivo. Constatamos que muchos países de Latinoamérica estamos perdiendo las capacidades de autoproducción y estamos teniendo una auto-dependencia muy grande en ciertas áreas con países que están fuera de Latinoamérica, principalmente una auto-dependencia de China", subraya Berríos. Ahora bien, ¿cuáles son los interrogantes que suman los aranceles del 25% impuestos por Trump a esta industria para Berríos? Hoy la pelota está en la cancha de los consumidores de Estados Unidos, país que importa 25 millones de toneladas anuales del metal, principalmente de Canadá, México y Brasil. "¿Hasta qué punto el consumidor norteamericano está dispuesto a comprar determinados materiales considerando esta alza de precio? ¿Y cuál va a ser el problema? Que si compran a ese precio y nosotros después compramos material fabricado con cobre, acero, aluminio o lo que sea, ¿cuál va a ser el precio con el que nos van a vender a nosotros? Porque lógicamente el peso se va a traspasar a costo. Aquí, la verdad, vamos a tener una lucha. ¿Hasta dónde los productores norteamericanos están dispuestos a comprar materias primas al valor considerando los aranceles?", se pregunta Berríos. A pesar de la incertidumbre generalizada, el especialista afirma que los efectos más concretos de los nuevos aranceles a la industria del acero se verán recién en los próximos seis meses.

Apawki Castro, coordinador del Movimiento Indígena Pachakutik en la provincia de Cotopaxi, explicó a RFI por qué su organización, a pesar de haber acusado durante diez años al gobierno del ex presidente Correa de haberlos sometido a una fuerte represión, ha decidido apoyar ahora la candidata del correísmo, Luisa González para el balotaje frente al presidente saliente de derecha Daniel Noboa. A tan solo dos semanas de las elecciones presidenciales en Ecuador, el movimiento indígena más importante del Ecuador formalizó su respaldo a la candidatura de la izquierdista Luisa González a la presidencia, lo que marca un giro repentino del grupo Pachakutik. Este apoyo podría ser clave para una eventual victoria de González frente al presidente saliente de derecha Daniel Novoa. En la primera vuelta, en febrero pasado, el mandatario saliente obtuvo una ajustada victoria con un escaso margen de 0.17%. Ecuador, un país con una fuerte presencia de pueblos indígenas, vio como éstos sufrieron una fuerte represión durante la década que duró el gobierno del expresidente Rafael Correa. Varios líderes comunitarios fueron encarcelados y se criminalizaron numerosas protestas pacíficas. Es por esto que ha causado sorpresa y debate este acuerdo de la candidata correísta Luisa González y el Movimiento Indígena Pachakutik. Apawki Castro, coordinador del movimiento en el Cotopaxi, nos explica los motivos de esta decisión. "Estamos viviendo una realidad muy compleja. No podemos seguir dejando que la derecha acabe con el país, a pesar de la arremetida que hayamos sufrido [los indígenas] durante los diez años del correísmo. En esta ocasión [el balotaje] no podemos, por odio, permitir que la derecha continúe acabando con el país. Es por eso que se ha decidido apoyar la candidatura de Luisa González", dice Castro. Un acuerdo con 25 puntos Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la más importante del país, firmó el acuerdo tras exigir a la candidata de izquierda cumplir con 25 puntos. Apawki Castro evocó algunos de ellos. "Uno de los puntos centrales es la moratoria y auditoría a la empresa minera y petrolera. No estamos de acuerdo, obviamente, con el extractivismo. Exigimos el respeto de las consultas populares. Chocó Andino [reserva de biósfera] y Yasuní [el parque nacional en la Amazonía] ya ganaron en anteriores procesos. Hemos pedido asimismo la autonomía e independencia sobre el tema de la educación intercultural bilingüe, la reducción del IVA. Para nosotros es, sobre todo, indispensable que se mantenga la Constitución actual", precisa. Aunque González haya conseguido el apoyo del principal bloque indígena, algunos líderes de pueblos originarios han decidido apoyar al actual presidente, Daniel Noboa. ¿Qué diferencia a los grupos que han decido tender la mano a González? 'El movimiento indígena es diverso' "El movimiento indígena del Ecuador es diverso. Por ejemplo, nosotros, la nacionalidad quichua, a veces nos plegamos a esta visión netamente étnica, donde se dice que no existe la izquierda ni la derecha. Pero hay otro sector que defiende una conciencia no solo étnica, sino también de clase. Este sector sabe y reconoce las condiciones humanas, materiales, en las que estamos viviendo y por eso se oponen a quienes están acumulando la riqueza del pueblo ecuatoriano", subraya. Luisa González y Daniel Noboa se verán las caras en la segunda vuelta de unas elecciones altamente polarizadas. El ganador del balotaje tendrá que hacer frente a un país asolado por una ola de violencia sin precedentes generada por grupos narcotraficantes.

La Organización Mundial de Meteorología acaba de publicar su último informe sobre el Estado del clima en América Latina y el Caribe, y los resultados no son buenos. "Ya no da ni para esperar ni para ignorar", afirma experto a RFI. En los últimos años, la temperatura del agua que rodea a los latinoamericanos ha subido 1 grado, provocando consecuencias devastadoras, como el aumento de tormentas, huracanes o inundaciones, como las del Rio Grande do Sul. Periodos de sequía e incendios en el Amazonas, o peor aún, la desaparición del glaciar venezolano Humboldt. "La naturaleza está mostrando sus garras, o sea, la tendencia del calentamiento global más intensos y más extremos es ya una realidad. Los datos científicos, los satélites, todos lo muestran. Los gobiernos tienen que comenzar a actuar, no esperar, con políticas públicas de adaptación, de reducción de riesgo de desastres, ya no da ni para esperar ni para ignorar", afirma José Antonio Marengo, uno de los investigadores que ha participado en este informe. Si miramos a la Latinoamérica actual, con la aceleración del cambio climático, no sólo cambiará el clima de los países, sino también el mapa. Las zonas costeras quedarán inundadas. Aquellos pueblos construidos, donde anteriormente había agua, podrían verse arrasados por lluvias torrenciales, o incluso, aquellos que viven en zonas frescas deberán migrar ante el aumento de las temperaturas. "Toda América central es muy vulnerable, está identificada como una de las áreas más vulnerables del mundo. Otra zona sería la región andina donde están los glaciares, hay personas viviendo ahí y si esos glaciares desparecen, se acabó el agua para Lima, Quito y Bogotá. Otras áreas afectadas son también las más próximas a la Amazonía", nos explica Marengo. A pesar de todos estos datos y las decenas de voces de expertos como la Jose Antonio, la llegada de escépticos del cambio climático a los gobiernos no ayuda para nada en esta lucha y preocupa a los científicos. "Hay muchos de esos expertos que hacen lobby para las compañías de petróleo, son personas que simplemente están buscando popularidad", advierte Marengo. Así las cosas, los científicos insisten en que se puede desacelerar el ritmo del cambio climático, siempre y cuando los gobiernos y los ciudadanos se pongan manos a la obra. Además, el informe da una buena noticia, en 2024, las energías renovables en América Latina supusieron el 69 % de la energía generada en la región.

El sector de la pesca artesanal de Chile está en pie de guerra con su Gobierno. Esta semana se han vivido importantes protestas con motivo de la nueva Ley de Fraccionamiento donde se establecen nuevas cuotas para la pesca artesanal e industrial en especies de alta demanda. Su aprobación se está retrasando en el Senado, y sobre todo, en esta cámara se están realizando cambios a favor de la pesca masiva. Las recientes protestas, saldadas incluso con heridos, muestran el descontento de los pescadores artesanales de Chile con su Gobierno. En el foco, la nueva ley de fraccionamiento, que establece las cuotas de pesca que les corresponden a ellos y a la pesca industrial. Los pescadores acusan al Senado de retrasar su aprobación y realizar cambios que benefician a la pesca masiva. El mayor ejemplo es la merluza. En la Cámara de los Diputados se estableció que un 70% correspondiese a la pesca artesanal y un 30% a la industria. Sin embargo, el Senado modificó el texto, rebajando hasta el 43 su cuota y dando a la gran empresa un 57%. La jibia y otras pesquerías están sufriendo modificaciones en el mismo sentido. “No es real lo que están transmitiendo” RFI habló con Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que estima que el Senado está cediendo a las presiones de la industria, que, a su vez, usa maneras poco éticas. “La industria manda a sus trabajadores a presionar. ¿Qué es lo que dice la comisión de pesca del Senado? Que ellos visitaron las plantas pesqueras, donde la mayor parte de la mano de obra, que trabaja en la merluza común, son mujeres. Son mujeres jefas de hogar, madres solas... Por lo tanto, ellos no van a dejar a las mujeres sin trabajo”, explica. “¿Qué es lo que dice la industria? Que si esta pesquería pasa a manos de la pesca artesanal, ellos se verían muy perjudicados en el tema laboral. Tendrían que cerrar las empresas, pero el esfuerzo también lo hacemos nosotros. Por lo tanto, hay un sesgo, no es real lo que están transmitiendo”, lamenta. El problema de la licitación Zoila Bustamante explica además que al Gobierno le conviene una mayor cuota de pesca dedicada a la industria, porque esta se licita y con ello las arcas públicas obtienen ingresos del pago de las licitaciones. “Sólo se licita lo que es destinado a la pesca industrial: algo que siempre estuvo en contra la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que yo represento, es las licitaciones. Hoy en día el Gobierno está promoviendo la licitación. La pesca artesanal tiene 0% posibilidad de licitar, porque no tenemos la capacidad económica de poder licitar”, subraya. “Se supone que estas licitaciones lo hacen para que haya más actores, y eso es una mentira porque no puede haber más actores si se concentra en un par de los que tienen la plata. Por lo tanto, están concentrando el dinero para que el Gobierno tenga nuevas entradas. Son miles de millones de pesos que van a entrar por la licitación, y la pesca artesanal tiene cero posibilidad de licitar”, denuncia Zoila Bustamante.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro se sentará en el banquillo de los acusados. El político ultraderechista será juzgado por liderar una conspiración para realizar un golpe de estado con el que perpetrarse en el poder y evitar la el regreso a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Se enfrenta a penas superiores a los 40 años. Jair Bolsonaro será juzgado por encabezar un intento de golpe de estado con el que revertir la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil de 2022. Junto a él serán procesados siete miembros del Ejército, seis de ellos exministros. El Tribunal Supremo ha aceptado la denuncia y las pruebas de la fiscalía, por hechos que comenzaron en 2021. Según la acusación, los golpistas contemplaron incluso el asesinato del presidente Lula y de su vicepresidente, además del juez instructor del caso, quien se valió de un vídeo del ataque a las sedes de los tres poderes de enero 2023 para demostrar intenciones violentas. Entrevistado por RFI, Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que hay pruebas e indicios suficientes y que el intento de golpe de Bolsonaro no empezó el 8 de enero. “Por ejemplo, recuerdo que en 2019, cuando empieza la política de armar la población, Bolsonaro hablaba de que quería crear un ejército civil para garantizar sus ideas, sus gobiernos, en contra de los comunistas. Yo creo que a partir de ahí hubo muchas declaraciones y acciones de Bolsonaro rumbo a esta decisión”. Cordeiro espera que ahora Bolsonaro movilice a sus seguidores y afines en el plano social y político, pero también a nivel internacional. Intentará “organizar a sus seguidores acá” ya que está prevista una manifestación a su favor en abril en Sao Paulo. “La otra cuestión es la acción de la bancada de diputados y senadores que intentarán aprobar una ley de amnistía y por fin, la estrategia de crear entre las derechas en lo internacional, una versión que podría decir que nosotros en Brasil estamos viviendo una dictadura de un gobierno de izquierda. Incluso, por ejemplo, si miras la gente de la derecha de Estados Unidos no habla, por ejemplo, de un gobierno Lula se empieza a hablar de un régimen Lula, como se habla por ejemplo de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y otros”, asegura el profesor Marcos Cordeiro Pires. La intención es que el juicio se celebre este año para no interferir en las presidenciales de 2026, aunque Bolsonaro está actualmente inhabilitado políticamente por difundir información falsa.

El 16 de marzo llegaron en tres aviones a El Salvador 238 venezolanos señalados por Estados Unidos de integrar la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua y 23 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Familiares de los venezolanos y el gobierno de Caracas afirman que eran migrantes, como Yurliana Chacin, hermana de uno de los detenidos. Yurliana Chacin es una inmigrante venezolana que reside en Dallas, metrópolis del estado de Texas. Su hermano, Jhon Chacín fue deportado hace dos semanas hacia El Salvador, señalado por Estados Unidos de integrar la banda criminal Tren de Aragua. Actualmente está preso en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada en 2023 para albergar a pandilleros y donde en las últimas semanas también han retenido a más de 230 migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos, tras la reciente inovación de la ley migratoria de Trump. Leer tambiénFin de 'Parole in Place' pone en riesgo de deportación a 500.000 migrantes Yurliana Chacin habló con RFI sobre la situación de su familiar. RFI. ¿Tiene noticias de su hermano a través de algún organismo o algún abogado que se encuentre en El Salvador? . Yurliana Chacin. No, no tengo ningún contacto, no sé nada de mi hermano porque desde que se lo llevaron el 14 de marzo, que se lo llevaron injustamente para allá y engañado también, no tengo ningún tipo de contacto con él. Los seis meses que estuvo detenido bajo custodia del ICE sí tenía comunicación con él mediante una aplicación. El abogado me dice que realmente mi hermano está en el limbo porque no tiene ningún caso abierto acá en Estados Unidos, no aparece en el sistema del ICE y mucho menos aparece en El Salvador. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con su hermano? El 14 de marzo, a las cuatro de la tarde. Él me contó que lo iban a deportar a Venezuela el sábado. Para nosotros fue una sorpresa el domingo encontrarnos con esa noticia de que habían llegado dos aviones a la cárcel de El Salvador y inmediatamente empecé a sospechar de que mi hermano había sido trasladado para allá y empecé a ver noticias, videos de lo que estaban publicando y logré el lunes identificar a mi hermano por un video. Pude identificarlo por unas gafas que tenía puestas y la posición como estaba sentado. Y un tatuaje. ¿Qué le comentó en aquella ocasión, cuando le dijo que iba a ser deportado a Venezuela? Solo de que sentía mucho miedo, pero que estaba muy angustiado, de que lo fueran a llevar a otro lugar que sea Venezuela. Yo lo tranquilicé un poco y le dije que efectivamente habían noticias de que estaban esperando los aviones hacia Venezuela y pues se puso un poco triste porque él quería estar acá con nosotros, con su familia, pero los decisiones de Dios fueron otras y pues no le dio, no le dieron la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Él no hizo vida acá. Él desde el momento en que se presentó a su cita el 8 de octubre de 2024, lo dejan detenido bajo custodia por investigaciones, por los tatuajes que tenía en su piel. ¿En algún momento su hermano le habló de que tuviera alguna vinculación con alguna pandilla? Él nunca había estado involucrado en nada de esto. Nunca había estado detenido en ninguna cárcel. Nunca se ha involucrado, ni ha tenido ni siquiera amistades con ninguna banda criminal como lo están señalando. ¿Nunca salió el tema del tren de Aragua tampoco? No. Primero nosotros somos de Zulia, de Maracaibo. (El Tren de Aragua es una banda venezolana originaria del estado homónimo Aragua). Y segundo, desde que tengo memoria mi hermano tatúa, hace tatuajes, es un artista. Pero él no pertenece a ninguna banda. Lo pueden investigar, pueden mirar sus antecedentes en Colombia, que fue su país de residencia, también en Venezuela, que es su país natal, y acá en Estados Unidos, pues él nunca entró, él no hizo vida. ¿Nunca llegó a tener ningún antecedente criminal? No, nunca ha tenido ningún antecedente criminal. De hecho, nunca había estado detenido en...

Ecuador entró en campaña para el balotaje presidencial del 13 de abril entre el mandatario Daniel Noboa y la opositora de izquierda Luisa González, con la violencia narco como telón de fondo. Después del encendido debate del domingo, lleno de acusaciones entre los dos candidatos oficiales a ocupar la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González, la campaña para la segunda vuelta de las elecciones generales arrancó oficialmente. “Muy pocas cosas nuevas” Los comicios se siguen presentando muy polarizadas, tras un virtual empate técnico en la primera fase. Un factor que, para el politólogo de la Universidad Andina Hernán Reyes, refleja una crisis profunda en el sistema de los partidos políticos del país, incapaz de representar la diversidad de posturas que existen en la sociedad ecuatoriana. “Si no hubiera sido por un tercer lugar, con algo más del 5% de apoyo del candidato del movimiento indígena Leonidas Iza, quizá hubiera podido resolverse en esta primera vuelta electoral las elecciones y no haber necesidad de un balotaje para la segunda vuelta”, comenta. “Yo diría que hay un cierre de las dos candidaturas, que ambas muestran limitaciones, pero al mismo tiempo están buscando desesperadamente esos votos indecisos. Y para ello habrá que ver, y tengo muy poca esperanza, si es que en este inicio de campaña electoral para la segunda vuelta hay algo nuevo que decir bajo el sol. Porque en realidad en el debate se vieron muy pocas cosas nuevas y el debate se limitó a ataques fundamentalmente entre ambos candidatos, porque el formato del debate no permitía otra cosa”, lamenta Reyes. “Habrá que ver el nivel también de ausentismo” Precisamente, la clave de esta segunda vuelta se centrará en los ciudadanos indecisos, teniendo en cuenta la fidelidad que ejercen los votantes de González y Noboa. “Es muy difícil. Me parece que los altísimos niveles que lograron en primera vuelta ambas candidaturas convierten en una cuesta arriba el poder captar a esos votos indecisos. Y por supuesto, habrá que ver el nivel también de ausentismo que puede haber en esta segunda vuelta electoral, que puede marcar una diferencia final en cuanto a los votos válidos, sobre todo en relación a la grave situación que vive la costa y la Amazonía ecuatoriana, por la temporada invernal y las graves inundaciones que han afectado y afectan infraestructura básica, y seguramente hará que una parte de la población tenga reparos en acudir a la votación próxima”, analiza Hernán Reyes. El domingo 13 de abril, más de 13,7 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2025-2029.

La semana pasada, un grupo de medios nicaragüenses en línea quedaron bloqueados después de que quedaran inhabilitados sus nombres de dominio. La Asociación de Periodistas Independientes denunció una nueva censura del gobierno de Daniel Ortega ante la audiencia creciente de estos sitios de información. Onda Local, La Prensa, Confidencial, 100% Noticias....Las páginas de estos medios de comunicación, cuya dirección online acababa hasta hace poco en .com.ni, dejaron de funcionar de la noche a la mañana. Ese dominio, que acaba en ".ni", explica Víctor Manuel Pérez, tesorero de la Asociación de Periodistas Independientes de Nicaragua, lo manejan desde la Universidad Nacional de Ingeniería: "Se desconoce quién fue el que, o la que dio la orden, pero es una clara evidencia de que fue planificado, esto es una clara violación a la libertad de prensa y expresión, pues básicamente lo que se busca es que las personas nicaragüenses no se informen con medios de comunicación independientes y esto es una estrategia que ya es planificada, no es que se la sacaran de la manga; desde que aprobaron a finales del año pasado, la reforma al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, en Nicaragua, ya era una evidente amenaza, una clara amenaza de que esto iba a suceder porque lo que andan buscando es controlar el internet por donde ha sido el mecanismo que ha tenido la población nicaragüense para seguirse informando y fíjate que ya hemos estado conversando con sus directores y ya era, como ya era de esperarse, lo que iba a suceder, ya los medios de comunicación se habían preparado con medios alternativos, con sitios web alternativos o que nosotros en la jerga le llamamos de “espejo” que han cambiado al .com o al .net y el .net sólo servía de espejo." Víctor Pérez, que desde el exilio tiene un portal de información llamado Intertextual, ha notado que la prensa online tiene mayor audiencia que los medios oficialistas: "En los medios independientes, por un tema de seguridad o al menos las caras visibles de los medios de comunicación, estamos en el exilio operando desde el exilio. Costa Rica ha sido una muy buena plataforma y es una firme convicción que tengo y esto lo digo desde mi planteamiento, que la población en Nicaragua y la diáspora nicaragüense que nos sigue consumiendo, tiene una credibilidad enorme en nosotras y en nosotros. Una comparativa o análisis de medios de comunicación oficiales con medios de comunicación independientes y en las redes sociales es evidente el tráfico que tiene nuestro sitio web, de gente que nos está leyendo. Creo que la población, aparte de que apoyó a los medios de comunicación en el bloqueo de sus páginas web y se fueron a informarse en las nuevas páginas web porque sólo evidenció 100% noticia que el tráfico subió casi el triple, sabe que el único bastión para seguir informándose y tener clara información de lo que sucede en Nicaragua; (por ende), la dictadura, pues creo que está apuntando a la censura del internet." Sin embargo, la Asociación de Periodistas Independientes teme que los medios audiovisuales tradicionales estén en mayor peligro: "Porque en este año se supone que se tienen que cancelar las frecuencias de radio que le pertenecen al estado y eso evidentemente va a afectar a algunas pequeñas radios que a pesar de que han tenido censura o autocensura quitando noticieros y que se han quedado sólo con programación, música o que se han tenido que apegar al discurso oficial, pues se van a ver afectados y Nicaragua va a quedar en un completo apagón." Entrevistado: Víctor Manuel Pérez de la Asociación de Periodistas Independientes de Nicaragua.

En el sistema federal de Estados Unidos, el Departamento de Educación tiene menor control sobre las instituciones académicas y las escuelas que los estados que componen el país - por lo que, en caso de que ese departamento desapareciera, no quedarían sin manejo. Pero algunos estados dependen al menos en un 20% de las subvenciones del gobierno federal para que sus escuelas puedan funcionar. Laura Rodríguez vicepresidenta principal del Centro para el Progreso Estadounidense, organización que promueve una mayor inversión en la educación pública, subraya la importancia del Departamento de Educación en las zonas más pobres del país. "El Congreso le da los fondos al Departamento de Educación y el Departamento de Educación les da los fondos a todos los estados. Los estados deciden cómo usar esos fondos", explica Rodríguez. Para ella, hay un punto muy importante relacionado con las competencias que no tiene el Departamento de Educación. "El Departamento de Educación no tienen el mandato de desarrollar currículo para los estados", subraya. Otro punto que aclara Laura Rodríguez es que Trump "no puede eliminar el Departamento de Educación por orden ejecutiva. Eso no es legal. Eso se tiene que hacer a través del Congreso", apunta. "Pero supongamos que el Congreso quiere, efectivamente, eliminar el Departamento de Educación. Si se hace, se reduciría la calidad de la educación y el acceso a las oportunidades educativas en todo el país, para los latinos, para la gente que vive en áreas rurales, la gente de bajos recursos en todo el país", sostiene. El Departamento de Educación fue creado en 1980 y funge más que todo como garantía de equidad en el sector educativo, el cual está dominado por instituciones privadas. Laura Rodríguez resalta varias funciones clave que desempeña ese Departamento. "Ofrece apoyo a las personas de bajos recursos para facilitar su acceso a la universidad, proporcionando préstamos y becas que les permitan continuar con sus estudios. En segundo lugar, establece normativas para los estudiantes con discapacidad, asegurando que cuenten con todo lo necesario en las instituciones públicas y escuelas. En tercer lugar, lleva a cabo investigaciones cuando surgen problemas relacionados con derechos civiles, ya sea por parte de un profesor o un padre de familia. Esta es una función increíblemente importante del Departamento de Educación, porque ellos se encargan de asegurarse de que no hay discriminación por el color de la piel, la religión o cualquier otra razón", concluye. El Gobierno anunció ya el despido de 1300 personas. No ha dejado claro cómo se mantendrían estas ayudas sin el Ministerio.

En medio de la guerra abierta que ha declarado Trump contra la justicia de su país, sus órdenes ejecutivas en materia migratoria y de recortes de personal y reducción del presupuesto a ciertas agencias están siendo cuestionadas por los magistrados, las unas detrás de las otras, al punto que el presidente ha amenazado con destituir a uno de ellos. ¿Hasta dónde puede llegar este pulso? Análisis de Rafael Peñalver, abogado constitucionalista en La Florida y Washington. La Casa Blanca acusó este miércoles a un magistrado de estar "usurpando la autoridad presidencial". El juez de distrito en cuestión, James Boasberg, había pedido parar la deportación de venezolanos a El Salvador acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Por esto, Donald Trump llamó a destituirlo, lo que Rafael Peñalver considera como "una declaración de guerra total" y "una imposición del Ejecutivo para tratar de poner todo el poder del Gobierno en manos del presidente". Este abogado constitucionalista recuerda que "los jueces que se nombran son vitalicios justamente para que no puedan ser objeto de ninguna influencia indebida. Para sacar un juez, éste debe cometer un delito. En ese caso, se lanza un proceso que comienza en la Cámara de Representantes con una especie de acusación que luego va al Senado. Ahí, tendría que recoger 66 votos entre 100 senadores, lo que es muy poco probable que ocurra", explica Peñalver. Los decretos de Trump - como el cierre de USAID o la prohibición de personas trans en el ejército - han sido considerados inconstitucionales, pero durante su primer mandato, el presidente nombró a tres nuevos jueces a la Corte Suprema, todos ellos de orientación conservadora. Por eso hay dudas de que esta máxima instancia judicial pueda oponerse al mandatario. ¿Qué piensa Peñalver? ¿Resistencia a Trump en la Corte Suprema? "Puede haber cabida para una resistencia de la Corte Suprema, pero ésta siempre tiende a tratar de defender su posición. La tendencia a través de la historia ha sido tratar de llegar a algún tipo de acomodamiento con el Ejecutivo. Ahora bien, la situación nunca ha sido tan dramática como lo es ahora con Trump. Él tiene en la Corte Suprema una mayoría ‘conservadora’ y utilizo ese término entre comillas porque todo lo que estamos viendo hoy no es nada conservador", precisa Peñalver. Pero, si no es conservador, ¿qué es? "Lo que estamos viendo es un procedimiento totalmente totalitario. Son jueces que le dieron a él la oportunidad de ser presidente otra vez porque cuando tenía pendiente un caso penal en su contra, la Corte Suprema se demoró cuatro meses antes de dictar sentencia. Y de esta manera permitió que no hubiera tiempo para que se celebrara el juicio penal antes de las elecciones. Además, Trump tiene inmunidad presidencial en todos sus actos oficiales", sostiene Peñalver.

Miles de personas marcharon la víspera en Bogotá y otras ciudades para respaldar las reformas del gobierno, en particular la laboral, hundida en el Congreso mientras avanzaban las manifestaciones, y la de la salud. La jornada fue convocada por el propio presidente Petro que buscará validar estas reformas por la vía de la consulta popular. La investigadora Angie González explicó a RFI las grandes dificultades que plantea esta vía. Gustavo Petro llegó al poder en 2022 prometiendo reformar el sistema social colombiano. Tres años después, su reforma laboral fue frenada una primera vez en el Congreso por lo que él denomina un "bloqueo institucional". El proyecto de ley volvió a fracasar en el Congreso este martes. Angie González, docente investigadora de la Universidad del Externado en Bogotá y experta en comunicación política, explicó a RFI una de las principales razones que explican el rechazo a la reforma laboral. "Era una reforma que básicamente lo que quería era tratar de disminuir la jornada laboral para que se pudieran aumentar las horas extra. También incluía aumentar el ingreso por el sueldo. Era una reforma muy pensada para favorecer a los empleados. La mayor crítica que se le hacía, desde distintos sectores, es que era una reforma que no estaba pensada para resolver el gran problema que tiene el país: la informalidad. Esta es la modalidad de trabajo a la cual están vinculadas la mayoría de las personas en Colombia", explica González. Tras el rechazo en el Congreso, Gustavo Petro quiere someter a consulta popular la reforma laboral, así como la del sistema de salud. Pero para que esta consulta prospere, el gobierno debe superar los 13 millones de votantes. Esta perspectiva parece muy difícil a la investigadora Angie González. La consulta popular es una vía muy difícil para el gobierno "Para que esa consulta pueda concretarse, se necesita la aprobación previa del Congreso. Esto quiere decir que los mismos parlamentarios que no le votaron la reforma laboral, que probablemente no le votarán tampoco la reforma de la salud, deben aprobar que esa consulta salga a la calle. Ése es un primer obstáculo. El segundo gran obstáculo es que, en caso de que sí saliera la reforma a la calle, el presidente necesitaría una cantidad de votos que supere por un amplio margen la cantidad de votos que él obtuvo en la segunda vuelta. Esa vez fueron casi 11 millones de votos, pero para esta consulta popular el presidente necesitaría unos dos o tres millones de votos más", sostiene González. Para González, la estrategia de Petro se asemeja más a una campaña de imagen, cuando resta un poco más de un año para los comicios presidenciales a los que el mandatario saliente no puede presentarse. Para Angie González, experta en comunicación política, el gobierno está tratando de imponer el relato de que "está acorralado", pero también el de "un presidente que, como lo dijo el mismo Petro, cree en el cambio, pero ha tenido un gabinete que no cree en el cambio tanto como él y por eso éste no ha sido posible; un presidente que está tratando de sortear los retos que le imponen las instituciones políticas que, según él, están cooptadas, por ejemplo, el Congreso, el cual está lleno de 'políticos tradicionales', como los llama. Ése es el relato que se está imponiendo más allá de las reformas", concluye González.

Desde el retorno de Trump al poder en Estados Unidos, cada vez son menos los inmigrantes que siguen creyendo en el famoso eslogan del "american dream". La agresiva ofensiva lanzada desde la Casa Blanca frena el flujo migratorio en la frontera y al mismo tiempo siembra temores entre los latinos ya instalados. A tal punto que muchos, desanimados, ya están planeando regresarse a sus países de origen. Con ellos conversamos en Washington. Reportaje multimedia: audio, texto y video. Solo el 27% de las personas que viven en EEUU creen en el "sueño americano" según una encuesta de Ipsos y ABC News. Es un proyecto de vida cada vez más lejano para los cerca de 48 millones de migrantes que trabajan para sobrevivir y están a merced de las políticas migratorias del gobierno de Trump. La administración conservadora amenaza con finalizar programas como el TPS (protección temporal), el DACA (que resguarda a quienes llegaron en la infancia) y el asilo, entre otros. Según Diana Fula, activista por los derechos de los migrantes, varias familias la han contactado recientemente porque no quieren seguir escondiéndose y quieren regresar a sus países. “El "sueño americano" se ha convertido en una pesadilla porque lastimosamente este país no está siendo gobernado con los valores que dice tener", asegura a RFI. "Se ha convertido en una pesadilla porque las comunidades están siendo criminalizadas y nuestra gente perseguida”. "Tienen miedo hasta de ir a la iglesia" Aunque el número de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos llegó a su punto más bajo en los últimos 25 años, con apenas 8300 detenciones en febrero, y las deportaciones también hayan bajado considerablemente, los migrantes siguen atemorizados por las campañas de las policías migratorias. “O sea, creo que ahorita es claro que nuestra gente tiene miedo", concluye Fula. "Tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio, tienen miedo de ir a la iglesia”. La situación de angustia y desesperanza se refleja en la disminución de un 94% en febrero de los cruces hacía Panamá a través del peligroso Tapón del Darién, en comparación con el año anterior. De hecho, es muy posible que por primera vez, más migrantes crucen el Darién hacia el sur que hacía el norte, según reportes en Estados Unidos. Para Daniel García, migrante venezolano que hoy trabaja en una barbería del barrio latino de Washington, y que también pasó por el Darién, las duras condiciones económicas llevan a que muchos cuestionen su permanencia en este país. “El sueño americano es todo lo contrario, aquí nadie duerme, aquí es todo el día trabajando, nadie descansa. Aquí uno se toma un día y ya se te descuadra la semana, el alquiler, la comida, todo, ¿entiendes?” La inflación en los precios de comida, alquiler y servicios públicos lleva a que el 62% de las personas en Estados Unidos vivan mes a mes, sin poder ahorrar, según un estudio del Lending Club. Daniel también quisiera regresar a su país. “Mi objetivo es trabajar lo más posible acá. Trabajar el tiempo que pueda, hacer mi dinero e irme para mi país, montar allá mi negocio, en mi país, tranquilo, cerca a la playa”. Para todos ellos, Donald Trump parece haber dejado de lado que los inmigrantes representan una fuerza crucial para la económica estadounidense. Cada inmigrante pagó en 2023 uno de cada seis dólares recolectados en impuestos, y representan casi el 20% de la fuerza laboral, según el Consejo Americano de Inmigración. Pero también son esenciales en la otra punta de la economía de la primera potencial mundial puesto que solo en 2024, los inmigrantes consumieron por encima de 1,7 billones de dólares.

El Instituto de Políticas Migratorias (MPI) publicó un informe en el que resalta que, por primera vez en 175 años, el crecimiento de la población en Estados Unidos se debe principalmente a la inmigración. 'El aporte de los migrantes es clave en sectores que sufren escasez de mano de obra', dijo a RFI Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC). En medio de un descenso de la natalidad y la ofensiva de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados, que también afecta a los migrantes legales, el MPI ha publicado un informe según el cual entre 2022 y 2023, la migración fue el único factor que impulsó el crecimiento poblacional en ese país. En ese período, el número de inmigrantes aumentó en 1,6 millones, alcanzando los 47,8 millones en 2023, según el informe de ese centro con sede en Washington. "La migración ha contribuido de forma importante al crecimiento de la población estadounidense, que se ha ralentizado en la última década debido al descenso de las tasas de natalidad", señala también el MPI en su informe. Thomas Kennedy destacó a RFI los aportes de los inmigrantes, incluidos aquellos en situación irregular. "Aquí en Estados Unidos, el Seguro Social, nuestro sistema de pensiones, es financiado en gran parte por los inmigrantes. Cuando un inmigrante llega a este país, el único número oficial al que puede acceder es un ‘Tax ID’ [número de identificación fiscal]. Con este número, también conocido como ‘ITIN number’, el migrante puede pagar sus impuestos cada año. Cuando tenés la oportunidad de ajustar tu estatus migratorio, te preguntan cuándo entraste al país. Pues bien, tenés que demostrar que has pagado todos tus impuestos desde ese momento utilizando tu número de identificación fiscal", explica Kennedy. Pagar impuestos sí, beneficiarse de ellos, no Sin embargo, los inmigrantes realizan más aportes, en particular al Seguro Social, sin beneficiarse automáticamente de ellos. "Aparte de pagar impuestos, tenés que contribuir al Seguro Social. La cuestión es que una persona indocumentada no recibe los beneficios del Seguro Social durante los años en que estuvo en esa condición. Ellos están aportando a un sistema del que se benefician los ciudadanos estadounidenses, pero no ellos. Esto hace que el dinero disponible para las pensiones sea mayor de lo que sería sin el aporte de los inmigrantes. Por eso, deportar a esta gente afecta el sistema de pensiones", señala Kennedy. Casi tres cuartas partes de los inmigrantes en Estados Unidos están en el país de forma legal y casi la mitad son ciudadanos naturalizados. Representan una fuerza laboral clave con un impacto significativo en la economía. Escasez de mano de obra en varios sectores "Estados Unidos enfrenta ahora una escasez de mano de obra muy aguda en varios estados. Por ejemplo, los jubilados están viniendo a vivir a Florida, mientras que los jóvenes se van por el alto costo de vida, que empeora cada mes. En enero, la inflación subió un 3%. La gente ya no está dispuesta a formar una familia como antes porque es demasiado costoso. La única manera de cubrir la falta de trabajadores en estos sectores es con la inmigración", subraya Kennedy. El Departamento de Seguridad Nacional llevó a cabo 685.000 deportaciones de inmigrantes indocumentados el año pasado. Esta cifra podría aumentar debido al endurecimiento de la política migratoria desde la llegada al poder del presidente Donald Trump.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador". Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental. “Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos. “Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte. “Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”.

Las autoridades mexicanas y asociaciones siguen investigando la ubicación de hornos crematorios en zonas rurales donde se han encontrado restos humanos calcinados, en especial en el estado de Jalisco, donde organizaciones civiles encontraron esta semana un centro de exterminio. En México, la fiscalía general y el gobierno federal investigarán los supuestos crematorios clandestinos localizados en una zona rural del Estado mexicano de Jalisco, municipio Teotitlán. No es la primera vez que se hacen este tipo de hallazgos en la zona. “Es una zona bajo control importante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, explica para RFI Andrés Sumano, profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Norte. “Ese corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta tiene niveles de gobernanza criminal muy importante. Decidieron instalar esos campos de entrenamiento y de exterminio”, explica. Leer tambiénHallan más restos óseos en supuestos crematorios clandestinos del oeste de México En septiembre pasado, el lugar había sido allanado e inspeccionado por la fiscalía de Jalisco, pero sin hallar los restos óseos. El hallazgo se hizo apenas la semana pasada gracias a los colectivos de familiares de desaparecidos. Restos humanos, ropas y más de 200 pares de zapatos fueron localizados en el denominado rancho Izaguirre. “No es el único que se ha encontrado en ese corredor”, asegura Sumano. “También se encontraron en Tala”, cerca de Teuchitlán. ¿Por qué recurren las organizaciones criminales a estos métodos? El hallazgo de Jalisco “tenía doble función: entrenamiento y exterminio”. “Parte de los cuerpos corresponden a personas que fueron reclutadas mediante reclutamiento forzado. Participaron en el entrenamiento, pero no cumplieron con lo que se estaba pidiendo entonces las mataron”, detalla Andrés Sumano. Para desaparecer a estas personas, aseguran las organizaciones civiles, las bandas criminales las calcinan. “Hay otros campos que se han encontrado que servían exclusivamente como campo de exterminio”. Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15.000. Esta práctica se ha ido imponiendo entre las organizaciones criminales. “Ante la atención que ha generado en el gobierno el homicidio doloso, pues lo que a lo que han recurrido muchos de los grupos criminales es a la figura del desaparecido”, analiza Sumano. “Si no hay cuerpo no hay delito, ¿no?”

Ecuador se prepara para la segunda vuelta de elecciones presidenciales, marcadas por la fuerte violencia del narcotráfico, especialmente en la ciudad de Guayaquil. El presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, anunció que se apoyaría en Erik Prince, figura controversial de los servicios militares privados y fundador de la firma Blackwater, acusada de haber cometido una matanza en Irak. El próximo 13 de abril, Ecuador realizará la segunda vuelta de las elecciones entre el presidente saliente, Daniel Noboa, y la candidata Luisa González. En medio de una fuerte ola de violencia, la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal tema. Este martes 11 de marzo, el mandatario anunció una “alianza estratégica” para enfrentar ese fenómeno con apoyo de Eric Prince, fundador de la firma Blackwater, la compañía de seguridad privada involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007. Noboa no proporcionó detalles sobre lo en qué consistía esa alianza estratégica. “En realidad el anuncio es de una primera reunión con Eric Prince. Estamos en medio de una campaña presidencial, entonces suena un poco más a un anuncio de campaña que a una estrategia para responder a una política de seguridad”, analiza Johanna Paulina Espín, docente de la escuela en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. "El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador", escribió Noboa en la red X. "Alta tensión" Para Espín, falta por definirse en qué áreas se daría esta cooperación. “Si es un tema de asesoría técnica o de recursos. ¿Además, de qué forma se enmarcaría dentro de una política de seguridad más amplia del mismo gobierno nacional?”. La empresa Blackwater ya no lleva ese nombre. La rebautizaron Academi y la absorbió Constellis en una fusión con una compañía rival. Leer tambiénSorpresa y empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González en las presidenciales de Ecuador La campaña por la segunda vuelta en Ecuador sigue mostrando un empate técnico entre Noboa y González. “Se está en espera también de cuál va a ser el comportamiento de otros actores como es del movimiento indígena”, asegura el politólogo Julio Echeverría. “El debate presidencial previo va a ser muy importante. Estamos frente a un escenario enormemente polarizado en un contexto regional y global alborotado entonces el pronóstico es de alta tensión”, dice. En Ecuador, la tasa de homicidios escaló de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, con un récord histórico de 47 en 2023.

Este 12 de marzo se cumplen en El Salvador dos semanas de la ratificación por parte del Congreso de la polémica reforma que elimina los aportes del Estados a los partidos políticos. La reforma, que entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, ha sido duramente criticada por la organización Acción Ciudadana. En El Salvador, llaman “deuda política” al financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos para sus campañas electorales y su funcionamiento. Este mecanismo permite que los partidos reciban fondos públicos según los votos obtenidos en elecciones anteriores. “El 50% de sus ingresos o más” Hace dos semanas, el Congreso, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, ratificó una polémica reforma constitucional que elimina esos aportes. La organización Acción Ciudadana advirtió este martes sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la democracia salvadoreña. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explica a RFI los montos que los partidos dejarían de recibir: “En 10 años, el financiamiento público para los partidos ha sido de 113 millones de dólares. Esto en algunos casos y para algunos partidos ha representado el 50% de sus ingresos o más en un año electoral”. Democracia debilitada Si esta reforma debilita la pluralidad electoral y aumenta los riesgos de financiamiento ilícito en la política, hay un aspecto aún más grave: la forma en que fue aprobada, advierte Eduardo Escobar. “La reforma a la Constitución eliminando el financiamiento público, fue la excusa para reformar la Constitución de El Salvador y permitir que el Gobierno, por medio de su partido político, pueda cambiar la Constitución en una sola noche”, señala. “Antes solo se podía reformar la Constitución por medio de la participación de dos legislaturas, una que aprobara, otra que ratificara. Ahora ellos cambiaron esto. O sea, en El Salvador pueden cambiar la Constitución con dispensa de trámite, o sea, sin debate en las comisiones, sin nada. En una hora pueden cambiar la Constitución, lo que quieran”, detalla Escobar. La consecuencia de todo esto es llevar a la democracia salvadoreña por un camino alejado de sus principios fundamentales. “Todas las reformas que se han hecho en tema electoral, incluido esta, están encaminadas en potenciar al partido oficial y permitirle mantener el poder sin ningún tipo de competencia. Y también en el ámbito político electoral, todo está enfocado en un partido único, un partido hegemónico, al estilo de Venezuela, al estilo del PRI en México en el siglo pasado. Esa es la lógica de lo que va apuntando el partido Nuevas Ideas y el presidente”, denuncia el director de Acción Ciudadana.

En un contexto en el que Estados Unidos pone en la agenda mundial la extracción de minerales raros, el Congreso estadounidense le pide a México que reconsidere el caso de la minera Calica, cerrada en 2022 por violar las leyes ambientales. En pleno Caribe mexicano, muy cerca de los destinos turísticos mundialmente conocidos de Playa del Carmen y Cozumel, se extienden las 140 hectáreas de la Calica, la empresa estadounidense que comenzó a explotar desde 1986 piedra caliza y a llevarla a Estados Unidos para pavimentar las calles. “Una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos” Cuando aumentaron sus extracciones, también aumentaron sus ambiciones, como lo recuerda a RFI el abogado y defensor del medioambiente Quetzal Tzab: “Es una compañía muy fuerte, muy grande, en la cual estaban involucrados, por supuesto, muchos funcionarios políticos de aquel entonces. Y bueno, esa compañía, que fue pequeña, destruyó, y hoy en día es una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos”. Durante el sexenio del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a Calica se le retiraron los permisos, y clausuraron sus instalaciones porque comenzaron a extraer minerales en una zona restringida. Destruyó cenotes y acuíferos, y provocó un grave desequilibrio ecológico en la región, pero además de eso también sería la responsable de enfermedades respiratorias que aquejan a los lugareños. “Una de las cosas más preocupantes y sobre la cual todavía no se ha hecho una investigación profunda es la problemática que hubo en los años de apogeo, que era el polvo que emitían al explotar las dinamitas. Es sabido que mucha gente de ahí sufre de asma. Mucha gente ha fallecido a causa de eso”, explica Quetzal Tzab. “Dicen basta” Del lado de Estados Unidos, la empresa demandó al Gobierno de México por 1.500 millones de dólares. Y del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum busca conciliación con los empresarios y con los congresistas estadounidenses que apoyan a la empresa, pero también los locales se organizan, porque de acuerdo con el abogado, no permitirían que la minera opere nuevamente. “Los actores principales, que vienen siendo los habitantes de las comunidades, ya dicen basta, basta ya sacaron suficiente, dicen no, ya no, que no se abra, porque se dan cuenta por las casas también dañadas que hubo durante las explosiones, y las enfermedades”, subraya Tzab. El argumento de Estados Unidos para defender a la minera es que se trató de una expropiación. Pero México afirma que el expresidente AMLO sólo decidió cambiar el uso de suelo a “Área natural protegida“, y que no se trató en ningún momento de expropiación: “No hay expropiación. Ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales porque está afectando gravemente el ambiente”, dijo Sheinbaum. “Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas, afectando cenotes y acuíferos”, precisó la presidenta.